La batalla legal de un ejido contra una minera se define en la Suprema Corte

La batalla de Tecoltémic se anuncia en puentes vehiculares, en fachadas de casas y en mantas colgadas en árboles. Es un ejido que ha estado en pie de lucha desde hace siete años. Un pueblo que en sus caminos de terracería, y al mismo tiempo en los juzgados de México, ha lanzado un mensaje claro: “No a la minería”.

En Tecoltémic residen menos de 200 personas y el ejido está ubicado en la parte alta de un cerro del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla. Sus habitantes viven de la agricultura, siembran y venden verdura entre ellos. Esa organización, dicen, es lo que los ha llevado a encarar a una empresa minera que quiere explotar su tierra.

La lucha del ejido es contra la Minera Gorrión, una filial de la empresa canadiense Almuden Minerals, que quiere extraer oro y plata de Ixtacamaxtitlán. Tecoltémic interpuso un amparo hace siete años, en representación de otros 19 ejidos, para que la empresa no entre al municipio. Este recurso legal fue revisado por un tribunal colegiado, quien determinó que el asunto era competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es así como el día de hoy, 19 de enero, la Primera Sala de la SCJN tiene en su lista de asuntos decidir sobre el amparo interpuesto por Tecoltémic. El máximo tribunal también aprovechará para discutir la constitucionalidad de tres artículos (6, 15 y 19) de la Ley Minera que permiten, entre otras cosas, que las empresas expropien terrenos para hacer su labor. Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, dos organizaciones que asesoran legalmente a los ejidos, aseguran ques esto es inédito en la historia del país.

Ixtacamaxtitlán tiene 500 años de historia. El municipio fue fundado por grupos nahuas y actualmente 2 mil 457 personas hablan una lengua indígena, de acuerdo con el Censo 2020. Tecoltémic es uno de los ejidos de esta localidad poblana. Durante décadas sus habitantes levantaron sus casas de piedra y tabique, consiguieron recursos para labrar sus tierras y construyeron presas para captar agua de lluvia y manantiales. 

Pero ahora, con la llegada de la Minera Gorrión, los residentes del ejido temen que el trabajo de toda su vida se pierda. Su inquietud surge por el artículo 19 de la Ley Minera, el cual establece que las concesiones mineras confieren derecho a “la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio”.

Víctor Martínez, uno de los habitantes inconformes de Tecoltémic, señala sobre la minería: “Si nosotros aceptamos este proyecto, al abrirse las minas vamos a quedar con nuestros terrenos sin producción y el polvo que salga de los metales nos va a afectar. Estamos en contra de esto, pero no nada más por nuestra comunidad, sino por todo el municipio”.

La Minera Gorrión llegó a Ixtacamaxtitlán en 2001 a explorar la zona. Diez años después detectó un depósito de 1.65 millones de onzas de oro y 96.7 millones de onzas de plata, un tesoro calificado como “pequeño” en comparación a otros yacimientos, de acuerdo con un representante de la minera entrevistado para este trabajo. Minera Gorrión ha invertido 117 millones de dólares en los primeros años de labores de exploración y planea una inversión de mil 785 millones de dólares durante los años que dure la mina, según ha informado a medios.

Por esos años los habitantes de Tecoltémic se percataron de que gente ajena entraba y salía del territorio, pero fue hasta el 2015 cuando algunas personas se enteraron que la Minera Gorrión quería establecer una mina a cielo abierto gracias a dos concesiones que la Secretaría de Economía le otorgó en 2003 y 2009.

La empresa estima que su proyecto de minería durará 14 años y ha generado divisiones en la población. Por un lado están los que ven con buenos ojos la mina a cielo abierto por los mil empleos que la compañía les ofreció, y por otra parte quienes piensan que el trabajo de explotación puede afectar sus campos de cultivo, el agua, el medio ambiente, su salud e incluso poner en riesgo su patrimonio.

“Para mí es mucha preocupación porque para los que colindamos con sus propiedades primero viene el despojo ¿quién podría aguantar una mina a cielo abierto?”, expresa Francisca Zamora, de 59 años, quien vive en Santa María Zotoltepec, uno de los 19 ejidos que están representados en el amparo de Tecoltémic contra la mina.

La señora Francisca dice conocer los impactos negativos de la minería porque vende productos de belleza en el municipio vecino de Tetela, donde la década pasada intentó iniciar operaciones la empresa Frisco, del magnate Carlos Slim, también para extraer oro y plata; sin embargo, las comunidades se opusieron y hasta ahora la compañía no ha iniciado sus trabajos.

El agua y el ambiente, la principal preocupación

Víctor Martínez tiene 56 años y siempre ha vivido en Tecoltémic, un ejido compuesto en su mayoría por hombres y mujeres adultas. Él mismo comparte que tiene dos hijas que prefirieron mudarse a la capital de Puebla y la Ciudad de México para estudiar y trabajar, una decisión que cada vez es más común en los jóvenes.

“Ya los jóvenes casi no quieren vivir aquí”, relata mientras muestra una de las dos presas que los integrantes de Tecoltémic diseñaron hace unos 40 años para captar agua. En ese tiempo solo era un hoyo en medio de la tierra, ahora tiene una lona para evitar que el agua se ensucie y hay una red de tuberías para trasladar el líquido al ejido.

El agua es uno de los bienes más preciados dentro de Tecoltémic y el resto de los ejidos de Ixtacamaxtitlán. Para los habitantes, el hecho de que una minera entre a su territorio representa el riesgo de que sus ríos y manantiales se puedan contaminar con sustancias químicas o que puedan ser sobreexplotados.

“El problema está con nuestro río que llega hasta Tecolutla (Veracruz). Nuestros pobres compañeros ciudadanos que están al borde tienen servicio de ese río, entonces con que el agua se vaya contaminada va a afectar definitivamente a todo eso”, alerta Víctor.

El cuerpo de agua al que se refiere Víctor es el Río Apulco, el cual tiene una extensión de 30 kilómetros y atraviesa comunidades de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Este caudal es utilizado por la gente para lavar su ropa, bañarse, alimentar a sus animales o sembrar. 

El rechazo a la minería no es único de Tecoltémic. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, hasta el 2019 en México había 58 casos de inconformidades contra esta actividad en Chihuahua, Sonora, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Puebla, Durango, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Morelos.

En un comunicado de prensa publicado el pasado 13 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también detalló que a la fecha se encuentran vigentes 24 mil 66 concesiones mineras en México, distribuidas en 16.83 millones de hectáreas, equivalentes al 8.59% del territorio nacional.

Esta Secretaría indicó en su comunicado que en los últimos años ha atendido diversos daños ambientales causados por la minería. A finales del 2020, la dependencia rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Minera Gorrión le presentó para explicar cómo mitigaría los efectos negativos de sus actividades extractivas.

De acuerdo con las conclusiones de la Semarnat, la instalación de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán generaría “modificaciones biogeoquímicas del ambiente, transformando radicalmente el territorio, exponiendo a un alto riesgo el frágil equilibrio del ecosistema de la zona en perjuicio de la vida silvestre, la producción agropecuaria y de la salud de las personas”.

‘Minería responsable’

Pese a la respuesta negativa de algunos habitantes de Ixtacamaxtitlán y la Semarnat al proyecto de mina a cielo abierto, Daniel Santamaría, representante en México de la Minera Gorrión, asegura en entrevista a La-Lista que su compañía busca hacer un trabajo que no afecte a los ejidos del municipio y mucho menos generar contaminación.

La Minera Gorrión lleva dos décadas trabajando en el proyecto de Ixtacamaxtitlán, el único lugar en el que está trabajando por ahora para extraer oro y plata gracias a las concesiones que la Secretaría de Economía le otorgó para hacer uso de 14 mil hectáreas del municipio, aunque Santamaría dice que los minerales que quieren extraer están solo en 120 hectáreas y calcula que serían a lo mucho 500 hectáreas impactadas por su trabajo, es decir, 100 veces lo que mide el Zócalo de la Ciudad de México.

“Lo que queremos es que todo el impacto se quede en el polígono del proyecto, ahí es donde va a haber polvo, donde va a haber diferentes elementos que se van a utilizar para la separación mineral, pero es ahí donde ocurre el impacto, el impacto no tiene por qué salir a ningún lado, no tiene por qué haber descargas ni residuos por todas partes del municipio”, comenta Santamaría.

Para convencer a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, la Minera Gorrión se ha propuesto generar poco más de mil empleos en distintas etapas de su proyecto, así como diseñar una presa para captar entre 500 y 2 mil metros cúbicos de agua a diario para repartir a la población y que puedan realizar sus actividades agrícolas.

Sin embargo, los ejidos de Ixtacamaxtitlán, encabezados por Tecoltémic, no solo temen por la falta de agua que puede generar la minería, sino por sus terrenos. Ante esta situación, Santamaría asegura que su compañía no pretende quitar sus hogares y tierras a los habitantes, ya que todos los espacios que han utilizado en su fase de exploración han sido negociados con los pobladores y con intermediación de notarios públicos.

“Los proyectos de permisos o compras directas de propiedad privada o arreglos que tengamos nosotros con los distintos propietarios de la tierra siempre han sido negociaciones directas con los propietarios de manera cordial, natural, serias y siempre bajo notario público”, asegura Santamaría.

El caso, en manos de la Suprema Corte

Pero la última palabra sobre la mina a cielo abierto no la tienen Tecoltémic ni los otros 19 ejidos de Ixtacamaxtitlán, que se encuentran agrupados en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. Tampoco la empresa Minera Gorrión será la que defina el futuro de su plan extractivo.

Todo está en manos de la Primera Sala de la Suprema Corte, que el día de hoy tiene en lista el Amparo en Revisión 134/2021, sobre el conflicto de minería. El proyecto que se debatirá es de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien de inicio pide dejar insubsistentes las concesiones de la Minera Gorrión hasta que la Secretaría de Economía realice una consulta pública a las comunidades indígenas sobre si aceptan la mina a cielo abierto.

La consulta a las comunidades indígenas están estipuladas en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos ejercicios deben realizarse siempre que una medida —como el establecimiento de una mina— pueda afectar los derechos colectivos de estas comunidades autóctonas.

La Unión de Ejidos que es encabezada por Tecoltémic ha sido asesorada legalmente por las organizaciones Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, esta última asociación de la sierra norte de Puebla. Itzel Silva, abogada de Fundar, explica que uno de los principales argumentos contra la Secretaría de Economía es que esta dependencia nunca consultó a los habitantes si estaban de acuerdo con la entrega de las concesiones a la Minera Gorrión, a pesar de que en Ixtacamaxtitlán hay 2 mil 457 personas que hablan una lengua indígena.

“Confiamos que la Corte vuelva a decir que las concesiones (de la Minera Gorrión) tendrían que cancelarse porque no hubo una consulta a los pueblos indígenas”, asevera Silva, quien también recuerda que las concesiones mineras se entregan bajo un marco legal creado en 1992 que a su parecer fue diseñado para “despojar” a las comunidades de su territorio y entregar todos los recursos a las empresas mineras.

Silva agrega que el amparo interpuesto por Tecoltémic también es relevante porque la Suprema Corte analizará, por primera vez, si la Ley Minera viola los derechos de las pueblos indígenas y los ejidos en tres artículos: el 6, que establece que la actividad minera es preferente sobre cualquier uso del territorio concesionado; el 15, que fija hasta en 100 años la duración de una concesión, y el 19 que permite al titular de una concesión expropiar los terrenos necesarios para la minería.

El proyecto del ministro Pardo Rebolledo propone que las concesiones de la Minera Gorrión queden insubsistentes, pero en lo relativo a estos tres artículos el togado niega el amparo a Tecoltémic y los otros ejidos por considerar que la Ley Minera no tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas.

En este sentido, Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, la otra organización social que asesora legalmente a los ejidos de Ixtacamaxtitlán, espera que los ministros de la Corte no solo dejen insubsistentes las concesiones de la Minera Gorrión, sino que también declaren inconstitucionales los artículos 6, 15 y 19 de la Ley Minera porque a su parecer violan los derechos de las comunidades indígenas.

“En esta sesión en la Corte tenemos la esperanza de que los ministros reconozcan su papel histórico para decidir sobre la vida de los pueblos indígenas en el país”, concluye.

ACTUALIZACIÓN: El 16 de febrero, casi un mes después de lo previsto, la Suprema Corte dio la razón al ejido de Tecoltémic y dejó insubsistentes las dos concesiones que la Secretaría de Economía le otorgó a la Minera Gorrión sin consultar a los pobladores, sin embargo, el máximo tribunal no declaró inconstitucionales los artículos 6, 15 y 19 de la Ley Minera por considerar que esta legislación no regula los derechos de los pueblos indígenas. Además, el 3 de junio la Corte emitió una jurisprudencia en el sentido de que la consulta de los pueblos indígenas es obligatoria antes de entregar concesiones mineras, un recurso legal que las comunidades afectadas ahora pueden utilizar en los amparos que interpongan ante jueces de todo el país. Por todo esto, organizaciones y académicos consideraron que el caso Tecoltémic fue histórico para frenar las actividades extractivas que no se apeguen a la ley.