México se acerca a las 100 mil víctimas de desaparición

La búsqueda de Guadalupe Aguilar para encontrar a su hijo inició hace 11 años o, si se le quiere ver de otra forma, empezó hace 71 mil 367 personas desaparecidas. Fue el 17 de enero del 2011 cuando José Luis Arana Aguilar salió de su casa en Tonalá, Jalisco, para encontrarse con uno de sus hermanos en la empresa donde trabajaban. La cita era a las 12:00 horas, pero Pepe, como le dice su familia, no llegó.

Y no han sabido qué ha pasado con de él, reclama Guadalupe, quien no ha recibido una respuesta sobre la desaparición de su hijo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de las fiscalías de Jalisco y Colima.

Cuando Pepe desapareció, en el país había otras 10 mil 61 víctimas del mismo delito. Poco más de una década después, la tragedia se ha multiplicado por diez, ya que ahora hay más de 99 mil casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Durante el primer trimestre de este año, en promedio, han desaparecido 16 personas al día. Esto quiere decir que si la tendencia continúa, en menos de dos meses se llegará a las 100 mil víctimas de desaparición. Esta cifra ha sido calificada como “escalofriante” por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes desde hace varios años advirtieron sobre las deficiencias de México para prevenir y erradicar este delito.

“Es desesperante el darnos cuenta que la situación no se detiene, la situación no para, cada día está mucho peor”, expresa Guadalupe. Ella recuerda que en el 2011 se sentía sola, pensaba que era la única madre con un hijo desaparecido, pero conforme pasaron los años conoció a más familiares de víctimas.

Hoy Guadalupe es una de las líderes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), en el que se agrupan 523 familiares de víctimas. Ha recorrido Jalisco y Colima en busca de Pepe porque al reportar el caso las autoridades le pidieron esperar 72 horas. Luego, cuando pasó ese tiempo, un agente del Ministerio Público de Tonalá le dijo que seguramente José Luis se había ido con unas “morras” y “tomar unas chelas”.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta la tarde del 17 de marzo los estados que tenían una mayor cantidad de víctimas de desaparición son Jalisco, con 16 mil 92 casos; Tamaulipas, con 11 mil 906; el Estado de México, con 10 mil 664; Nuevo León, con 6 mil 109, y Veracruz con 5 mil 509.

La CNB también indica que el 98% de las desapariciones se registraron a partir del 2006, justo el año en el que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos del narcotráfico.

“Los 100 mil desaparecidos lo que nos dicen es que, a pesar de los avances y esfuerzos que ha habido, tenemos una crisis de derechos humanos que se traduce en una cifra que no se estabiliza y día a día sigue aumentando”, indica Álvaro Martos, coordinador del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Los 100 mil no solo son un reflejo del problema de los desaparecidos, sino del problema de violencia que existe en México”.

Sobre cómo el país llegó a dicha cantidad de víctimas, Martos detecta por lo menos tres causas: insuficiencia de esfuerzos y recursos económicos para acciones de búsqueda; impunidad en la investigación de las fiscalías, y la violencia que es generada por el crimen organizado y por la utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad.

“Es por eso que hoy tenemos 100 mil desaparecidos, pero también un país sumergido en un régimen de violencia en el que sufren periodistas, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y otros sectores”, dice el coordinador del Observatorio.

100 mil desaparecidos: muchas leyes y pocos resultados

La últimos cinco años han estado marcados por decenas de miles de personas desaparecidas, pero también por la creación de nuevas leyes, protocolos de acción e instituciones destinadas a la atención del problema.

En 2017 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General en Materia de Desaparición. A partir de esa fecha se comenzaron a crear fiscalías especializadas en desaparición y comisiones estatales de búsqueda en los estados. Hoy todas las entidades tienen instituciones u oficinas especializadas en la materia.

Sin embargo, todo ese andamiaje jurídico e institucional no se ha reflejado en resultados positivos. Hasta ahora solo hay 35 sentencias condenatorias contra los responsables del delito de desaparición. La-Lista informó el año pasado que hay ministerios públicos donde cada funcionario debe investigar hasta 232 casos de desaparición.

“Las autoridades no están tomando medidas drásticas ni efectivas para atender este problema. Las fiscalías están rebasadas por la delincuencia en todo el país”, lamenta Guadalupe Aguilar de Fundej. Ella pone un ejemplo de la impunidad: en 2012 un policía municipal de Tonalá fue detenido por el delito de secuestro e intentó hablar con él para saber si reconocía a Pepe, pero cuatro años después fue liberado y ya no supo más de él.

Hasta ahora no hay ninguna persona detenida por el caso de Pepe, mientras Guadalupe sigue recorriendo las calles de Jalisco y Colima para encontrar con su hijo con vida, y en el peor de los casos visita fosas clandestinas y servicios médicos forenses para intentar hallar su cuerpo y darle sepultura.

Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó en un evento público esta semana que México ha tenido muchos avances en la creación de leyes e instituciones en materia de desaparición, pero esto no es suficiente si las autoridades no ejecutan esas normas.

“Por supuesto que las normas son imprescindibles, pero en situaciones de la magnitud de México, que está por llegar a la escalofriante cifra de 100 mil desparecidos, claramente no alcanza con normas”, indicó Hazan. “Hace falta que las decisiones que se han tomado institucionalmente se ejecuten con mucha fuerza, con muchos recursos y gran coordinación en todo el país”.

Álvaro Martos, del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, destaca los pocos recursos económicos destinados al tema de desaparecidos.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo ayer en una conferencia de prensa que se han transferido mil 700 millones de pesos durante este sexenio a las comisiones estatales de búsqueda, pero Martos considera que esto no ha sido suficiente.

“A pesar de que se menciona que no hay un techo presupuestal, la cantidad de dinero que se invierte en este tema particular ha sido muy poco”, cuestiona el experto. “En el presupuesto federal uno puede ver el gasto que se realiza en materia de seguridad, salud y educación y si lo comparas con lo que se invierte en el tema de los 100 mil desaparecidos parece siempre muy poco”.

Crisis forense, el otro problema de las personas desaparecidas

La crisis forense de México es otro factor que en opinión de especialistas y autoridades ha detonado el problema de los desaparecidos. Entre el 2006 y 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó más de 379 mil homicidios.

El subsecretario Alejandro Encinas explicó el día de ayer que en las fosas comunes y los servicios médicos forenses del país hay más de 52 mil cadáveres sin identificar. Entre estos podrían estar las personas reportadas como desaparecidas, pero México no cuenta con una base de datos genética para cruzar los datos de las víctimas con los de sus seres queridos.

El gobierno federal impulsó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación forense (MEIF) para conocer la identidad de los cadáveres que están abandonados en fosas comunes, pero hasta el momento ese grupo de trabajo no ha empezado a realizar su trabajo de campo. Las autoridades apenas están negociando la posibilidad de que esos expertos trabajen en un centro regional forense que se construyó recientemente en San Luis Potosí.

Encinas Rodríguez lamentó que pese a la magnitud del problema de las desapariciones, las autoridades estatales no tienen voluntad para atender el problema. “Esto habla de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”, dijo el subsecretario.

El gobierno federal le ha apostado a la colaboración con organismos internacionales para atender la crisis forense y las desapariciones. Además del MEIF, López Obrador pidió ayuda de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y también invitó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a visitar el país en noviembre del 2021.

Los familiares de víctimas y los expertos en la materia lamentan que México haya llegado a los 100 mil desaparecidos. Ahora, su única esperanza es que esta cifra sensibilice a las autoridades y a la población para frenar el delito.

“La expectativa es muy compleja porque es dolorosa, pero a su vez creemos que esto puede permitir un cambio en la conciencia. Esperamos que esto genere presión sobre el gobierno para de verdad priorizar esta problemática no solo en la palabra, sino en acciones”, concluye Martos.