La comunidad trans de Guanajuato emprende una lucha legal para cambiar su identidad; ‘tenemos los mismos derechos’, reclaman

Paty Hernández se sintió feliz en noviembre del 2021, cuando el registro civil de León, Guanajuato, uno de los estados más conservadores de México, le entregó por primera vez un acta de nacimiento con ese nombre a la edad de 30 años. “Me emocioné mucho, la verdad es que sí me dieron ganas de llorar porque es algo por lo que se está luchando todavía y fui una de las primeras a las que le tocó el cambio”, recuerda la joven.

El camino para que Paty lograra esto no fue sencillo. Desde los siete años ella se asumió como mujer, pero fue hasta hace unos meses cuando las autoridades del estado reconocieron su identidad de género. No fue por voluntad, la joven originaria de la capital del estado tuvo que interponer un juicio de amparo en el Poder Judicial de la Federación para que el registro civil le tramitara un acta nueva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2017, que las personas tienen derecho a solicitar esta modificación en el Registro Civil de su estado, pero la resistencia de las autoridades de Guanajuato ha provocado que esta garantía se siga exigiendo en los tribunales.

“Nosotras nos merecemos lo mismo que cualquier gente, tenemos nuestros valores, nuestros derechos, pagamos impuestos, merecemos la oportunidad de tener un buen trabajo y hacer lo que hace cualquier persona”, expresa Paty sobre la necesidad de tener que recurrir a jueces federales para que las personas trans cambien su identidad en Guanajuato.

Paty ya sabía que debía recurrir al Poder Judicial para tener documentos oficiales a su nombre, pero el elevado costo de contratar a un abogado le impedía hacerlo. Fue hasta que Julio O’farrel y Ricardo Gallardo, reconocidos como la primer pareja del mismo sexo en casarse en el estado, le ofrecieron ayuda para empezar sus trámites.

La ‘familia O’farrel Gallardo, junto con un abogado de oficio, ha promovido 63 juicios de amparo de personas que quieren cambiar su identidad desde septiembre del 2021. Paty fue una de las primeras en hacerlo y gracias a eso ya cuenta con un acta de nacimiento y una credencial de elector con su nombre actual.

Además, la joven ya empezó los trámites para poner a su nombre su información bancaria y su licencia de conducir. “Si está todo en regla te sientes más agusto”, dice Paty. “Cuando tenía mi otra credencial (de elector) las personas me veían bien guapa y luego se me quedaban viendo raro, era muy incómodo”.

La comunidad LGBT ubica a Guanajuato como un estado conservador gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde finales de la década de los 90. El Congreso de ese estado no ha avalado una Ley de Identidad de Género, a pesar de que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional que los registros civiles prohíban a las personas trans hacer cambios en su acta de nacimiento, inclusive cuando tienen menos de 18 años.

Estrategia legal contra la discriminación

Esta no es la primera ocasión que la comunidad LGBT lucha contra la discriminación en Guanajuato. En 2015 Julio O’farrel y Ricardo Gallardo se casaron luego de mantener una disputa legal contra el estado. El conflicto llegó hasta la Suprema Corte y, de nuevo, el máximo tribunal ordenó que no se restringiera este matrimonio.

Desde ese momento, O’farrel y su pareja se volvieron un rostro visible en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Los activistas han ayudado a interponer 70 juicios de amparo para que se realicen matrimonios del mismo sexo y ahora también auxilian de manera gratuita las personas trans que quieren cambiar de género ante el registro civil.

“Pretendemos hacer una presión social porque en el estado aún no se puede y creemos que nuestros legisladores han sido el principal motor de violencia hacia nuestro sector, ya que ellos al no aprobar las reformas en pro de la comunidad trans se convierten en violentadores principales hacia nuestro sector. Nosotros somos personas como cualquier otra, pero no tenemos los mismos derechos”, dice O’farrel en entrevista con La-Lista.

En el caso de los amparos para cambio de identidad, los activistas de Guanajuato ya tienen clara la ruta que deben seguir: primero elaboran un oficio para el registro civil donde se pide el cambio de hombre a mujer o viceversa. Una vez que la petición es rechazada, con el argumento de que en el estado no hay una Ley de Identidad de Género, los interesados e interesadas pueden tramitar un amparo ante un juez.

O’farrel relata que el camino que han seguido es interponer juicios de amparo colectivos para simplificar el proceso legal y porque los jueces, por instrucción de la Suprema Corte, protegen los derechos de la comunidad trans. Este mes serán tramitados otros 20 recursos, entre los que se encuentra el de un menor de 16 años, de Irapuato, que recibió el respaldo de su papá y mamá.

“Tenemos buena experiencia porque la Suprema Corte obliga a los jueces a dar respuesta favorable. Hemos tenido grandes sorpresas de jueces que revisan el caso y de un día para otro te dan respuesta a favor, esos son jueces muy buenos porque no le dan vuelta al asunto”, expresa O’farrel sobre su experiencia en este procedimiento.

Personas trans de León, San Francisco del Rincón, Irapuato, Guanajuato, San Miguel de Allende, Romita, Silao, Celaya y Purísima del Rincón han pedido ayuda para realizar el juicio de amparo, un trámite que la familia O’farrel Gallardo estima que costaría entre 25 mil y 30 mil pesos con un abogado privado.

Julio O’farrel habla sobre la relevancia de que las personas trans tengan todos sus documentos en regla: “Es importante sentirse plena con la persona que te identificas, que realmente te sientes pleno con todos tus documentos, sabes que al ir a tramitar cualquier asunto te van a nombrar como la persona con la que te identificas. Si ven a Lupita y mencionan a José, eso es un choque emocional para las personas trans porque realmente quieren ser identificadas a plenitud“.

Guanajuato, una lucha contra la discriminación

Devanny Cardiel, activista en Guanajuato, fue asesinada dentro de su estética en septiembre del 2021. Antes de su asesinato, ella fue la primera mujer trans en tramitar un amparo para lograr su cambio de identidad en el estado. La resolución favorable del juez llegó días después de que la joven fue asesinada.

El caso de Devanny es uno de los más extremos en relación a la violencia contra la comunidad trans en Guanajuato. Las personas de la diversidad sexual padecen desde agresiones físicas hasta verbales y menosprecio, relata Paty Hernández, la mujer trans que logró su cambio de identidad a finales del año pasado.

“Estamos en un mundo lleno de tabúes, hay gente que está aceptando a todas las personas del ambiente y hay otras que están siempre atacando”, relata Paty.

El año pasado, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, en Guanajuato se registraron cuatro asesinatos contra personas de la comunidad.

También datos recientes de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestra que en la región que comprende a Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro la orientación sexual es el tercer motivo de discriminación.

De 15 millones 357 mil personas que percibieron algún tipo de discriminación durante el 2020 en esos estados, 12 millones 572 mil dijeron que esta actitud estaba relacionada con la orientación sexual de las personas.

A pesar de estas cifras, Paty confía en que la situación de las personas trans pueda cambiar en el estado, no solo en cuestión de política en favor de sus derechos, sino en el trato que las personas les dan. Esto lo dice desde su propia experiencia, ya que en su trabajo con cantante e imitadora de artistas se ha topado con gente que la ayuda a salir adelante.

“Hay gente que nos va a estar tirando por nuestros logros y por la lucha que estamos haciendo para salir adelante, pero eso siempre va a pasar. Roma no se hizo en un día y creo que poco a poco la gente va a entender”, concluye Paty.