La Corte dejará en suspenso las resoluciones sobre militarización y uso de la fuerza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado rezagado uno de los temas que más afectan al país: el uso de la fuerza y la militarización de las labores de seguridad pública, pues tiene pendientes siete impugnaciones sobre estos temas, una de ellas desde 2016, dos de 2019 y cuatro de 2020. De todos estos recursos, solo un asunto tiene proyecto y se encuentra en lista de espera para discutir.

Cuando inició el primer periodo de sesiones, en enero de este año, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, aseguró que el Pleno discutiría la acción de inconstitucionalidad 46/2016 contra el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, promovida el 15 de junio de 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De los siete asuntos relacionados con la seguridad y militarización que están en la Corte, este es el único que ya tiene proyecto, bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, y se encuentra en el número 22 de la lista de asuntos por resolver. Pero en dos días, la SCJN termina su primer periodo de sesiones, lo que significa que este asunto quedará en la lista de pendientes del segundo periodo que inicia la primera semana de agosto.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, estos códigos militares son violatorios de derechos humanos por extender la competencia militar al ámbito civil, así como la libertad de tránsito, acceso a la información, presunción de inocencia, derechos de las víctimas, entre otros. 

Víctor Del Pozo, coordinador de defensa integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dedicada a representar a víctimas de violaciones de derechos humanos, explicó que desde 2016 México experimenta una avanzada del militarismo, sin que se resuelva esta impugnación desde hace seis años.

“Vemos que la avanzada del militarismo, desde 2016, ya está en un punto de no retorno, la cantidad de poder que se le ha otorgado al Ejército es muy difícil de revertir y, sin embargo, creo que la tarea de un Tribunal Constitucional está en poder ganar algunas batallas que ayuden a quitarle un poco del poder que se le ha entregado, al menos, desde lo legal”, explicó Del Pozo a La-Lista.

Otros pendientes de la Corte sobre la militarización de la seguridad, son las dos impugnaciones promovidas por la CNDH en 2019. La primera contra la Ley de la Guardia Nacional ─acción de inconstitucionalidad 62/2019─, la cual en un inicio fue turnada al exministro Eduardo Medina Mora, quien renunció en octubre de 2019, por lo que se desconoce quién es el actual ponente. La segunda, contra la Ley Nacional de Registro de Detenciones y el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional ─acción de inconstitucionalidad 63/2019─, proyecto que está a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, pero que aún no está listo para su discusión.

Estos retrasos han generado cuestionamientos por parte de legisladores como Emilio Álvarez Icaza hacia el ministro Zaldívar sobre la supuesta postergación de estos temas, los cuales son centrales en la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde 2019 ha impulsado reformas para que la Guardia Nacional realice labores en el ámbito civil y ahora, bajo el mando del Ejército.

En este contexto, el presidente López Obrador no busca perder más el tiempo y anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Julio Ríos Figueroa, profesor de derecho en el ITAM, explicó a La-Lista que, de aprobarse esta reforma constitucional antes de que los asuntos sean discutidos por el Alto Tribunal, el Pleno de la Corte resolvería las impugnaciones a la Guardia Nacional a la luz de esta nueva norma.

“En el mejor escenario para la Corte, ellos no tiene que decidir, se pasa la reforma constitucional y como ya es una reforma constitucional pues la Corte ya no la puede evaluar, en la Constitución ya estaría establecido este nuevo rol de las fuerzas armadas. Lo que se estaba debatiendo conforme a la anterior Constitución, ya no tiene materia y ya no es un problema, se desechan las acciones”, explicó Ríos Figueroa.

Las acciones en materia de seguridad pública por parte de elementos del ejército sin que la Corte establezca criterios impacta no solo al gobierno actual, sino a las próximos administraciones; los ministros tienen la oportunidad de establecer hoy reglas bajo estándares de derechos humanos para la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y los que están por venir, destacó el experto.

“Hay ciertas cosas que no van a cambiar en la Guardia Nacional, suponiendo que pase la reforma constitucional, porque no van a cambiar artículos en materia de derechos humanos, entonces la Corte de todos modos va a tener que tomar decisiones“, dijo Ríos.

Durante la sesión pública de inicio del primer periodo de sesiones, el 3 de enero de 2022, Arturo Zaldívar dijo que la Corte tiene una gran cantidad de trabajo y que la intención no es retrasar las discusiones de asuntos relevantes. 

El pasado miércoles 6 de julio, en una visita al Senado, Arturo Zaldívar volvió a pronunciarse sobre los asuntos impugnados con respecto a la estrategia de seguridad y recordó que el Pleno de la SCJN ha resuelto impugnaciones a cerca de 10 leyes del actual gobierno federal, entre ellas la revocación de mandato, sobre la Ley de Austeridad Republicana o el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral. También insistió en que no existe intención de retrasar la discusión en materia de estrategia de seguridad.

“Se dice y se miente una y otra vez que el presidente de la Corte está postergando los asuntos, que no le queremos entrar a ciertos temas. El presidente de la Corte no puede enlistar un asunto si no hay proyecto y en estos asuntos (los de la Guardia Nacional) no hay proyecto (…) No creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión”, aclaró Arturo Zaldívar.

Víctor Del Pozo señala que la SCJN es una institución lenta y con atraso procesal, sin embargo, aseguró que los tiempos y resoluciones de asuntos pueden agilizarse si la presidencia del Poder Judicial lo quisiera.

“La cuestión es que si el presidente de la Corte girara una instrucción muy sencilla para que estos proyectos salgan en ese periodo de sesiones, no tenemos absolutamente ninguna duda de que los proyectos saldrían y saldrían muy bien”, declaró Del Pozo.

Además, el coordinador de defensa integral de la CMDPDH aseguró que es urgente que se resuelvan las impugnaciones a estas leyes, pues el despliegue de Fuerzas Armadas está asociado con un número alto de civiles que mueren en enfrentamientos, ya que el nivel de letalidad de militares es mayor en comparación con las policías de seguridad pública y esto impacta directamente en los derechos humanos.

“Hemos encontrado que las violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial o detención arbitraria, se incrementen mucho cuando el Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional participan en este tipo de actividades”, explicó del Pozo.

De acuerdo con el informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México del Observatorio de la Guardia Nacional, de diciembre de 2018 a junio de 2021, la CNDH recibió 914 quejas por violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias por parte del Ejército, 341 contra la Marina y 487 quejas contra la Guardia Nacional, que empezó a operar en 2019.

Los otros pendientes de la Corte

El resto de asuntos en materia de militarización que aún no tienen proyecto, son cuatro controversias constitucionales promovidas en 2020, contra el acuerdo que faculta a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública, por los gobiernos estatales de Colima, Michoacán, la Cámara de Diputados y el municipio Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, todas contra el acuerdo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad y bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. 

No solo el Pleno, sino también las salas tienen pendientes asuntos importantes que se han postergado. Actualmente, la CMDPDH también espera que la Primera Sala de la SCJN resuelva un amparo interpuesto por la organización en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de 2019, y la competencia de las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones, sin embargo, se prevé que sea votado hasta el siguiente periodo de sesiones.

También en la Primera Sala, los ministros han retrasado la votación de los amparos 50/2021 y 70/2021 sobre la validez del desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que dictó la Cámara de Diputados, en febrero de 2021, y que el Congreso local no ratificó, así como la validez de la orden de aprehensión en su contra, solicitada por la Fiscalía General de la República y girada por un juez federal en mayo de 2021.

Arturo Zaldívar terminará su mandato como presidente de la Corte en diciembre de 2022 y para el próximo año, será otro ministro quien deberá acomodar los proyectos que no se terminen de resolver en el segundo semestre de este año.