Guanajuato: un atlas de riesgo que no se usa y no es público
Collage: Karen Rojas

Las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos son constantes en el estado de Guanajuato, prácticamente cada dos semanas se reporta un incidente. El último caso, hasta el cierre de esta edición, fue el asesinato del director del medio “Tu voz”, Ernesto Méndez, quien también era colaborador del sitio Zona Franca Noticias. Las agresiones a la prensa en este estado van desde homicidios, desapariciones, extorsiones, amenazas, hostigamiento de grupos criminales, entre  otros hechos delictivos.

En julio del 2019, se instaló el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Guanajuato. Desde esa fecha hasta septiembre del 2021, este organismo ha sesionado 14 veces. Es decir, en promedio demoran 64 días para realizar una sesión.

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Toma de protesta del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Guanajuato. Crédito: Gobierno de Guanajuato.

El presupuesto asignado ha tenido pocas variaciones. En 2019, fue de 2 millones 502 mil pesos, para los siguientes dos años se fijó en un millón 982 mil pesos.

Un año después de su creación, en 2020, el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato contrató los servicios del consultor colombiano Juan Carlos Botero Ospina, quien cobró 455 mil 648 pesos por la elaboración de un atlas de riesgos, revisión de protocolos de seguridad, guía de autoprotección y capacitaciones.

Es decir, se gastó un poco menos de la mitad del recurso anual al consejo para la contratación del especialista, para un documento que a casi dos años de creado, prácticamente ningún periodista, redacción editorial en los medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos conocen su contenido o alcance como lo pudimos confirmar en esta investigación.

Por su parte, Botero Ospina reconoció que el atlas es un instrumento que necesariamente tendría que ser conocido por los actores involucrados, y más para usarlo con fines preventivos.

“En mi criterio siempre es importante poner en conocimiento de las personas esa situación de riesgo para que, como decía, se pudieran tomar medidas por parte de ellos”. También señaló que es fundamental que pueda actualizarse constantemente, pues el instrumento debe incluir el contexto más actual al que están expuestos tanto periodistas como defensores. “Hay que efectuar un análisis para ver si esas modificaciones de situaciones de riesgo están focalizadas en un sector específico de la profesión o si está asociado a un territorio y unas causas particulares. Haciendo esa valoración se puede entrar a determinar si es necesario hacer una actualización bien sea territorial o poblacional”, reconoció. Advirtió que la periodicidad está dictada más en términos de la intensidad y de la posibilidad de daño o términos temporales.

De acuerdo con la versión del gobierno estatal de Guanajuato, enviada a este colectivo a través de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, parte de las acciones para difundir el Consejo fue la presentación que hicieron en el 2018, así como cuando fue instalado en 2019 y a través de cursos, mesas de trabajo y convocatorias para su renovación. “La socialización del Consejo es una tarea permanente, por ello en próximas fechas el Consejo Estatal iniciará la campaña para la promoción de la Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos”, afirmó la autoridad en su respuesta.

En cuanto al Atlas de Riesgo, el gobierno guanajuatense señaló que “por razones de seguridad” y recomendación de quién lo elaboró no puede darse a conocer de forma abierta, pues se utiliza para el análisis de contexto y para fijar las medidas de protección. Contrario a lo que recomendó el propio experto en entrevista a este Colectivo.

Un logro incompleto

Los esfuerzos para garantizar la seguridad de periodistas y activistas en Guanajuato son insuficientes. Las políticas públicas no garantizan la correcta atención de las víctimas, no se cumple con un seguimiento adecuado y las instituciones están lejos de contar con facultades para prevenir las situaciones de violencia, así lo afirmó el activista e investigador, Raymundo Sandoval. 

Recordó que en 2017 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista del Estado de Guanajuato. Sin embargo, a más de cuatro años, las autoridades siguen sin tomar medidas concretas. 

Raymundo Sandoval señaló que, después de que se publicó la ley, se tuvo que esperar un año para que se promulgara un reglamento que permitiera llevar a la práctica lo plasmado en la constitución.

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Raymundo Sandoval, activista y académico de Guanajuato. Crédito: Melissa Esquivas, para POPLAB.

Uno de los casos que impulsó la discusión en el Congreso de Guanajuato sobre la necesidad de crear leyes y mecanismos de defensa para periodistas y defensores de derechos humanos se registró el 4 septiembre del 2014. Ese día la periodista Karla Silva fue brutalmente atacada por varios hombres, que irrumpieron en las oficinas del periódico El Heraldo en Silao.  

El ataque, una represalia por su labor periodística, fue ordenado por Enrique Benjamín Solís, entonces alcalde de ese municipio. En 2016 el político confesó su responsabilidad en el crimen y fue sentenciado a dos años de prisión. 

Como resultado de las reformas nació el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato. Sandoval expresó que desde el inicio se buscó que este organismo no fuera “una ventanilla” de su homólogo federal, sino que tuviera las capacidades para atender, dar seguimiento y prevenir las agresiones. 

“Es decir, que además de seguir esta función de las autoridades estatales, que no solamente fuera un organismo que se reúne periódicamente para ver si hay nuevas medidas”. 

El objetivo del consejo no se logró completamente para Raymundo Sandoval. Destacó que no tienen las herramientas para dar seguimiento y prevenir, aunque  es positivo que haya una instancia que reciba las quejas por los incidentes contra este grupo. 

Explicó que las autoridades no otorgan presupuesto suficiente para la correcta operación del consejo y el marco legal es confuso. Esto provoca que el Consejo Estatal y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evadan su responsabilidad, debido a que no están claras las acciones que les tocan a cada organismo. 

Añadió que la figura del Secretario Ejecutivo creada en el Consejo Estatal debe ser modificada. Explicó que la persona que ocupa este cargo también tiene otras plazas en la administración pública, lo que provoca que no esté enfocada en la labor que debe desempeñar. 

Resaltó que no se ha hecho público el “Atlas de Riesgo” que se supone que se debió de haber generado como parte de las tareas de prevención. El experto opinó que se requiere mayor voluntad política para darle más facultades y fortalecer al Consejo Estatal. Recordó que en noviembre del año pasado se le hizo una petición de incrementar el presupuesto al ex secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. Sin embargo, no hubo respuesta. 

“Yo creo que quién ha tenido estas omisiones es la Secretaría de Gobierno. Se lo dijimos a Luis Ernesto Ayala cuando asesinaron a Israel Vázquez, en noviembre del año pasado, porque no hay presupuesto suficiente”. 

Expresó que el caso del homicidio del periodista Israel Vázquez es un precedente de la poca sensibilidad que existe en las autoridades respecto al tema. 

“En el caso de Israel también es muy claro no solamente que legitimaba que hay zonas silenciadas y que criminaliza a Israel, sino toda la reacción virulenta de las senadoras tratando de proteger políticamente a la alcaldesa, sin observar que efectivamente ni el municipio, ni el estado, ni la federación, pueden entra a zonas en donde los periodistas están haciendo una cobertura de riesgo”. 

Recalcó que lamentablemente este caso puso en evidencia las contradicciones en el discurso oficial, que afirma que se ha regenerado el tejido social. Sin embargo, la realidad apunta que hay zonas que han sido tomadas por la delincuencia y no hay protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y activistas. 

“La alcaldesa tenía que ser la primera respondiente, no solamente en términos de policía municipal, sino de atención médica. Lo podemos documentar, Israel estuvo 30 minutos con vida en el asfalto y no hubo una respuesta de ningún poder”. 

Otra deficiencia en el tema es la incapacidad para generar sanciones contra servidores públicos. Un ejemplo se registró en julio del 2019, cuando el ex alcalde de San Miguel de Allende agredió a dos reporteras que cubrían una manifestación pacífica de policías.  Sandoval lamentó que la única acción que realizó el consejo estatal en ese caso fue difundir un “tibio” comunicado en el que condenó los hechos. 

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Protestas de periodistas de Guanajuato ante la violencia contra el gremio. Crédito: Mario Armas.

Otro caso que no ha tenido una correcta respuesta de la institución es el que se refiere a los integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos. Varios integrantes de estos colectivos han sido amenazados por el crimen organizado. Incluso al menos una persona ha sido asesinada por desempeñar esta actividad. El activista Javier Barajas fue asesinado a balazos en Salvatierra en junio del año pasado. Él se había integrado a colectivos de búsqueda tras la desaparición de su hermana Guadalupe, en febrero de 2020. La “maestra Lupita”, como era conocida, fue localizada sin vida en una fosa clandestina en esta misma ciudad. 

“Si no combates la impunidad se convierte en un llamado para los futuros casos. Si un caso no lo atienden adecuadamente, porque hay varios que no han funcionado como el caso de las buscadoras, donde incluso los mecanismos de justicia se vuelven un cuello de botella”. 

Para Raymundo Sandoval es fundamental que haya mayor coordinación entre las instancias estatales y federales. Advirtió que también se requiere perfeccionar las leyes en la materia, dotar de mayor presupuesto al Consejo Estatal, incluir a otras dependencias y aprender de las experiencias internacionales, en específico de Colombia que tiene un mecanismo similar al mexicano.

Los casos atendidos por el Consejo

En las minutas de cada sesión que se ha realizado se han registrado 54 casos de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato. Los eventos comenzaron a informarse a partir de la segunda reunión oficial realizada el 5 de junio de 2019. 

El primer caso reportado fue el de un periodista que denunció ser víctima de extorsión en Valle de Santiago, a unos metros de Michoacán. La medida que implementó el Consejo Estatal fue acompañar al afectado al Ministerio Público y ordenar rondines aleatorios en su domicilio por parte de elementos de seguridad. 

Solo en el 7 por ciento de los casos (4 casos) se ha optado por otorgar vigilancia permanente en el domicilio de la víctima o sus seres queridos. El primer hecho en el que se determinó esta medida corresponde a un crimen que sufrió un periodista de Guanajuato capital en junio de 2020. 

Un grupo de personas rompieron uno de los vidrios de su automóvil y arrojaron una bomba molotov que incendió la unidad. La agresión ocurrió después de que el periodista diera a conocer sobre el abuso policiaco de los elementos municipales. Sus notas derivaron en varias investigaciones. 

Ante este hecho también se determinó acompañar al afectado al Ministerio Público, instalar cámaras en su domicilio y reforzar una malla de seguridad. 

Uno de los casos de más alto impacto registrado por el Consejo Estatal fue el asesinato del periodista Israel Vázquez, el 9 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando se registró un reporte sobre un posible hallazgo de restos humanos en la colonia Villa Salamanca 400. 

Israel acudió al sitio para realizar la cobertura periodística del hecho, pero al llegar fue atacado a balazos. Uno de los responsables del asesinato fue sentenciado el 14 de diciembre del 2020 a 20 años de prisión. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Hay otro detenido por su presunta participación en el crimen que sigue con un proceso abierto. El Consejo Estatal demoró 24 días para sesionar después del homicidio del periodista, que en ese entonces colaboraba para el medio “El Salmantino”. 

La atención que se le otorgó a este caso consistió en vigilancia permanente en su domicilio, otorgar un número de emergencias, rondines aleatorios y medidas en favor de la seguridad de sus seres queridos, pero estas últimas no se detallan. 

Otro hecho informado en las sesiones del consejo fue la desaparición de un periodista en Celaya. Hasta la fecha se desconoce su paradero. 

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Protestas de periodistas de Guanajuato ante la desaparición del reportero Víctor Manuel Jiménez, en Celaya. Crédito: Mario Armas.

El periodista estaba especializado en las coberturas de eventos de inseguridad que se registraban en Celaya y otros municipios cercanos, como Villagrán. La Fiscalía General del Estado no ha dado ningún reporte del caso, solo se giraron instrucciones de búsqueda, se otorgaron rondines aleatorios y se le brindó un número a sus familiares para reportar emergencias. 

Durante el periodo de abril a junio del 2021, las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos se incrementaron. Este lapso coincide con la realización de las elecciones intermedias en las que hubo cambio de gobiernos municipales y diputados. En este contexto se reportó un evento en el que un reportero de León fue atacado a balazos mientras se dirigía a una cobertura. 

En total, en ocho casos, el Consejo acompañó a víctimas a denunciar ante el Ministerio Público; en cuatro se instalaron cámaras y en seis se otorgó vigilancia.  Mientras que en la mayor parte de los hechos las medidas determinadas por el Consejo se limitaron a otorgar un número de emergencias u ordenar rondines aleatorios.

Agresión anunciada

Luis Raúl Aguilera Pérez, reportero de la página de noticias Pénjamo.Biz 2.0, fue apuñalado afuera de su casa cuando regresaba del trabajo el 21 de mayo del 2021. 

El periodista previamente había publicado en redes sociales que hacía responsable de cualquier atentado contra su integridad física al entonces candidato a la alcaldía de Pénjamo, Alejandro Flores Razo. El político postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) previamente había realizado agresiones, amenazas e incluso demandó a Luis Raúl.  

Luis Raúl había documentado y evidenciado que el actual Regidor del Ayuntamiento de Pénjamo enfrentaba un proceso legal, después de que presuntamente despojó de sus terrenos a los habitantes de una comunidad. 

El periodista relató que recibió tres puñaladas: dos en el cuello y una en el brazo, esta última casi le hizo perder la movilidad en su extremidad.

“En la comunidad donde vive hay una cenaduría, no es extraño ver desconocidos a altas horas de la noche. Estábamos cubriendo campañas, se acercó alguien y de pronto fue la cuchillada en el cuello. En ese momento lo que traté era de protegerme. Fueron dos puñaladas en el cuello y una tercera que fue en la mano”. 

“El dolor sí era muy fuerte. Cuando trataba de hacer un movimiento con el brazo no se generaba porque no estaba bien conectado y lo que mandaba eran señales de mucho dolor en el brazo. Era un dolor que no lo aguantaba, tenía que estar medicado todo el día. No podía agarrar ni un celular, se me caía”, dijo en entrevista. 

El crimen que sufrió Luis Raúl se registró unas tres semanas antes de las elecciones intermedias que se celebraron el 6 de junio en Guanajuato. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto el caso. 

Luis Raúl comentó que los ciudadanos vincularon a Flores Razo con el crimen, debido a las fricciones que había generado su trabajo periodístico y su historial de agresiones contra medios de comunicación. 

“Ya habíamos recibido ataques de su parte, tanto públicos, como por otras vías. Nosotros y otros compañeros que también han sido atacados, notamos que nosotros no teníamos algo personal contra él, sino que la misma ciudadanía nos pedía que realmente si alguien buscaba un puesto público tenía que estar en el escrutinio de saber si era la persona adecuada”. 

La nota periodista que causó la molestia del Regidor del PVEM fue publicada el 3 de mayo del 2021. En el texto se relata que el político afrontaba una denuncia penal presentada en 2018 por el presunto despojo por el supuesto despojo de un predio. 

La carpeta de investigación 93285 indica que Alejandro Flores Razo presuntamente se apoderó ilegalmente de un terreno en la comunidad Crucitas de Gutiérrez. En su momento la denuncia no habría procedido debido a que el político gozaba de fuero al ser diputado local, no por el PVEM, sino por Acción Nacional en aquel momento, según testimonios recabados por Luis Raúl. 

“Días previos me demandó por una nota donde una persona afirmaba que el candidato le estaba robando unos terrenos que tenía en una comunidad y el señor presentó dos denuncias. Entonces, lo que manifestaba el señor es que la denuncia nunca procedió porque en ese momento el candidato era diputado local y tenía ciertos privilegios”. 

Un día después, el 4 de mayo el periodista hizo público un mensaje en el que responsabilizaba de cualquier ataque contra su integridad física al político, después de que este presentó una denuncia contra Luis Raúl por supuestas calumnias y daño moral. 

Además, otras personas que habían tenido conflictos con Flores Razo por otros casos de presuntos despojos y más agravios, le habían advertido al periodista sobre los “alcances” del simpatizante del PVEM. 

“Las personas que yo entreviste me advertían que tenía alcances para enviar personas a amedrentar. Ya había varios testimonios de despojos. La ciudadanía lo señaló por todos los ataques que había realizado públicamente y por todos los enfrentamientos que habíamos tenido previamente”. 

Flores Razo ya había tenido distintos escándalos en su carrera política. Uno de los más recordados fue cuando en mayo del 2015, durante su campaña por una diputación local por el Distrito XVII, se burló de su adversaria Concepción Navarrete.  

En ese entonces el militante del PAN se burló de las supuestas preferencias sexuales de la priista. “No sé si sea mujer, no me consta”, declaró. 

Luis Raúl comentó que el político negaba su participación en el atentado y en varias ocasiones señalaba ante medios de comunicación que el periodista fue agredido por sus preferencias sexuales. 

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El periodista Luis Raúl Aguilera Pérez sobrevivió a un intento de asesinato. Crédito: Committee to Protect Journalists (CPJ).

El caso de Luis Raúl llegó a oídos de organizaciones internacionales. Periodistas Sin Fronteras se pronunció al respecto y exigió que cesara el hostigamiento de Flores Razo. Además, solicitó la intervención del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

“@RSF_esp solicita al Mecanismo de Protección (@SEGOB_mx) reforzar las medidas de protección del periodista y presionar a las autoridades de #Guanajuato a dejar de hostigar judicialmente al periodista, así como garantizar el libre ejercicio de su labor periodística”, expresó el organismo. 

En Guanajuato, Luis Raúl fue atendido por el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Afirmó que la atención fue oportuna y le brindaron asesoría jurídica para enfrentar la demanda por calumnia que le interpuso Flores Razo, la cual fue desechada.  

Narró que el Consejo Estatal logró que se le asignaran medidas para garantizar su seguridad, entre las que se encuentran la instalación de cámaras de video en su domicilio y rondines frecuentes de policías municipales que vigilan que no sufra más ataques por su actividad periodística. 

Afirmó que su caso fue un precedente que evitará que políticos ataquen a periodistas, debido a que el Consejo Estatal otorgó garantías que respaldan y protegen a los trabajadores de medios de comunicación.  

Luis Raúl sostuvo que en especial en municipios que son pequeños y están lejos de los reflectores mediáticos, las agresiones contra periodistas son constantes. Incluso se ha enterado de casos en los que pequeños portales son hackeados y desaparecidos después de señalar actos de presunta corrupción que afectan a más de un partido político. 

Añadió que incluso su portal Pénjamo Biz 2.0 fue eliminado de Facebook en alguna ocasión, después de que una empresa de Reino Unido denunció que tenía los derechos de una entrevista que realizó Luis Raúl a un ex alcalde. 

Respecto al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas indicó que hubo acercamientos. Sin embargo, no hubo un seguimiento más allá de algunas llamadas telefónicas. Explica que él tampoco se acercó debido a que estaba enfocado en realizar su rehabilitación para recuperar la movilidad en su brazo. 

Agradeció las atenciones del Consejo Estatal, no obstante, recalcó que es necesario realizar más difusión a las garantías que se les otorgan a los trabajadores de medios de comunicación. 

Declaró que si los periodistas conocen las medidas y el apoyo que se les puede otorgar se pueden disminuir las agresiones y casos de abuso. 

“Veo que van en la dirección correcta, creo que su trabajo es bueno y hay mucho compañerismo aquí en Guanajuato. Hay personas que han pasado una situación complicada en el estado. Pero, sí hay ciertas garantías que se están brindando y sería muy importante dar más difusión”.

Pacificación ficticia

El 15 de diciembre de 2021, el reportero Héctor Almaguer y su compañero camarógrafo de TV Libertad y TV Guanajuato acudieron a la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, donde se originó el cartel liderado por Antonio Yépez, alías “El Marro”.

Al llegar al lugar, un grupo armado los persiguió e interrogó por sus actividades en el lugar, luego los siguieron hasta el municipio vecino de Juventino Rosas. En el trayecto el comando intentó detener el automóvil en el que se transportaban con estrellas poncha-llantas.

Crédito: Tv Libertad Orgullo de Guanajuato.

Los comunicadores buscaron llamar al 911 para pedir auxilio de la autoridad, sin embargo, nunca les respondieron.

El hecho fue denunciado por los periodistas en una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de su medio de comunicación al llegar al municipio de Juventino Rosas, pues se resguardaron en el palacio municipal para pedir ayuda de la autoridad.

Héctor Almaguer expuso que hasta que fueron amenazados e intimidados por este grupo delictivo, es que se enteró como periodista que existe un protocolo de seguridad en zonas catalogadas de alto riesgo.

“Desde que ocurrió todo hubo un acompañamiento que se me hizo eficiente. Sí creo que es algo que no está preparado, inclusive me platicaron que hay un protocolo establecido para cuando uno como periodista va a visitar zonas de riesgo. Yo no tenía conocimiento de que uno se puede registrar en la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló. 

Expuso que fueron a la comunidad de Santa Rosa de Lima para ver cómo estaba la comunidad luego de la intervención del gobierno y ver cuál era la verdad y conocer la opinión en general de los comuneros.

“Los datos que tenía del lugar eran falsos y al llegar me topé con la cruda realidad”.

La asistencia policial llegó, pero con lagunas. “Hubo un pedazo del trayecto que nos dejaron de acompañar porque nos sacaron del municipio Juventino Rosas, donde sucedieron los hechos, y nos llevaron hasta Salamanca. Ahí, en el tramo que atraviesa ese municipio hasta llegar a Irapuato nos dejaron recorrerlo solos”.

Ya en Irapuato los llevaron a la ciudad de Guanajuato, donde fueron asistidos por policías municipales, “de ahí en más el acompañamiento ha sido constante, pues me han estado asesorando para la denuncia en la Fiscalía (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión)”.

“Se hizo la denuncia de hechos y se dirigió también a este organismo para ver si se revisa por el área especializada para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, explicó.

Adrián Nájera, secretario técnico del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, se comunicó con él y sus compañeros. Se le hizo una evaluación de riesgos y se le asignó protección en su casa y se le dieron recomendaciones de protección preventiva.

“Según me dijeron que consideraban que el asunto había sido únicamente de intimidación y de querer dar un susto, y que no nos quedaran ganas de volver y que no había riesgo de que nos pudiéramos convertir en un objetivo a raíz de esto y que solo había sido una corretiza… (Sic)”.

Incluso le indicaron de varios antecedentes que ocurrieron prácticamente de la misma forma. “Es un operativo de amedrentamiento que utiliza este grupo delictivo para ahuyentar periodistas y que ya se había visto en varias ocasiones y que no había riesgo”.

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 Periodistas de Guanajuato. Crédito: Mario Armas.

En el medio de comunicación se adoptaron algunas medidas de prevención para reducir el riesgo en la medida de lo posible. Les han ofrecido apoyo psicológico en varias ocasiones, aunque Héctor es el único que presentó declaración ante la Fiscalía General del Estado. Su compañero ya no quiso hacer nada.

“¿Qué pasa con la gente que vive en un lugar tomado por un grupo de la delincuencia organizada? “me imaginaba en ese lugar como un hoyo negro y parece tierra sin ley, y pues literalmente sí te metes no tienes amparo de ninguna autoridad y está canijo”.

Advirtió la necesidad de un Atlas de Riesgo por parte de las autoridades que sea franco, abierto y sincero. “Si ponen un Atlas de Riesgo en donde me van a poner el discurso de los políticos que está lleno de falsedades, de datos imprecisos, que no tienen contacto con la realidad, pues de nada va a servir”, sentenció.

Insatisfechas con los primeros tres años de existencia del Consejo Estatal de Protección de Derechos Humanos y Periodistas, Verónica Cruz y Verónica Espinosa terminaron su gestión como integrantes al advertir diversos rezagos en transparencia y difusión de los alcances del mecanismo.

Una amplia campaña de difusión sobre la defensa de los derechos humanos y el periodismo; un informe de los trabajos de los tres primeros años y un mapa de riesgo del estado tanto para defensores como para periodistas, quedaron en el tintero con respuestas afirmativas, pero sin acciones reales, según declararon al terminar su gestión.

“Una de las grandes deudas de este Consejo es que queríamos que cerrara con un informe de lo que ha hecho, lo que no se ha hecho (…) Por eso nosotros no nos vamos satisfechas, porque lo dijimos una y otra y otra y otra vez”, apuntó Verónica Cruz.

La periodista Verónica Espinosa señaló que todavía hay muchos periodistas que no saben qué es y para qué sirve el Consejo y que el estado tiene que garantizar su seguridad. Por eso, advirtió que es necesario hacer pública la información y un atlas de riesgo en el estado.

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Sesión del Consejo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se reconoció la labor de consejeras y consejeros salientes. Crédito: Gobierno de Guanajuato.

Consideró que sí es necesario reformar la ley para “ponerle estas pinzas, para poner estos recursos”.

La línea de trabajo del Consejo debe ser preventiva, anotaron. La mayoría de quienes han utilizado el mecanismo son periodistas, pero advirtieron que los defensores de derechos humanos en el estado no lo utilizan porque no saben que existe esta posibilidad.  


El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/.

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