Organizaciones acusan ante la CIDH que México se está militarizando; el gobierno las tacha de ‘conservadoras’
Foto: Ulises Ruiz / AFP

El gobierno mexicano evadió señalamientos sobre el proceso de militarización que existe México y acusó de “conservadores” a integrantes de organizaciones sociales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes cuestionaron el hecho de que las Fuerzas Armadas están cada vez más presentes en las labores de seguridad pública del país.

Durante una audiencia organizada por la CIDH, Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), rehuyó de los señalamientos que asociaciones civiles e integrantes de la CIDH le hicieron sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. En lugar de dar respuesta a las críticas, la diplomática se limitó a presumir cifras sobre decomisos de armas y drogas y leyó un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO.

“Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo”, externó AMLO a través de la carta leída por Baños. El presidente refrendó su apoyo a las Fuerzas Armadas, pese a las estadísticas que ofrecieron las organizaciones sociales en torno a las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

“En el México de ahora, y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos”, fue el mensaje que envío AMLO a la audiencia de la CIDH, donde se suponía que la sociedad civil tendría un diálogo con representantes del Estado mexicano sobre el uso de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad.

Durante el evento las asociaciones presentaron datos oficiales para exponer los abusos cometidos por el Ejército y la Marina. “Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde su creación la Guardia Nacional ha sumado hasta agosto del 2022 un total de mil 163 quejas en su contra; de 2019 a agosto de 2022 se registraron mil 560 quejas en contra de Sedena y más de 300 en contra de Semar”, señaló María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta, ofreció cifras de cómo la utilización del Ejército y la Marina ha impactado en la vida de las mujeres. “Diversas investigaciones han comprobado que en los lugares donde llegan las Fuerzas Armadas suelen existir escaladas de violencia, así como casos de violaciones a derechos humanos en contra de mujeres, por ejemplo, según la última edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares del 2021, solo en el año previo de la encuesta 68 mil mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de militares o marinos en sus comunidades”, expresó la experta.

Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH, cuestionó que en México siguen ocurriendo más de 30 mil homicidios al año, a pesar de que las Fuerzas Armadas han combatido a los grupos del crimen organizado desde el 2006 y ahora lo harán por lo menos hasta el 2028, gracias a una reforma aprobada por el Congreso de la Unión hace un par de semanas.

“Es cierto que hay una situación de la seguridad pública, de la seguridad del país, pero se ha demostrado que la participación del Ejército en esas tareas no han dado el fruto, los resultados que se han estado esperando desde tiempos atrás“, criticó Arosemena.

Ante estos señalamientos, la representante del gobierno mexicano guardó silencio. Cuando tuvo la oportunidad de responder todas las preguntas hechas por la sociedad civil y de los integrantes de la CIDH se limitó a decir que enviaría todos los cuestionamientos a López Obrador.

Carlos Bernal, otro comisionado de la CIDH, mostró su disgusto con la falta de respuesta de la representante del gobierno mexicano a las preguntas. “Estas audiencias son deliberativas, para construir diálogo entre la sociedad civil y el Estado, por esa razón me deja un poco desinflado la respuesta del Estado porque el Estado no responde a los puntos de la sociedad civil”.

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, se sumó a los cuestionamientos por la falta de respuesta de la embajadora Luz Elena Baños y porque acusó de conservadores a los presentes.

“Yo quedé con la duda de si ese fue un mensaje dirigido a las personas solicitantes de esta audiencia o a quienes integramos la Comisión. Yo, a efectos de equilibrio informativo, quiero decir que no siento que esa etiqueta sea atribuida al menos a mí y sobre todo porque creo que esa es una etiqueta que vuelve simples conversaciones complejas como puede ser esta, animaría al Estado a que no use este tipo de etiquetas ni con la sociedad civil ni con quienes participamos en la defensa de derechos humanos a nivel regional”, concluyó Pedro Vaca.