En Cd. Juárez, los migrantes enfrentan detenciones arbitrarias y encierros de hasta 9 meses

Las personas migrantes que llegan a Ciudad Juárez, Chihuahua, sufren detenciones arbitrarias, son retenidas hasta nueve meses en la estancia migratoria del municipio, enfrentan negligencia médica, son incomunicadas y padecen otras violaciones a sus derechos humanos.

Informes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhiben los abusos que las personas migrantes sufren en Ciudad Juárez, donde el pasado lunes 27 de marzo 39 personas extranjeras murieron al quedar atrapadas en medio de un incendio.

Un video que circuló en redes sociales reveló que agentes del INM habrían encerrado a los migrantes mientras ocurría el incendio. Pero esa no es la única vulneración que este sector de la población ha sufrido en la ciudad fronteriza.

Desde hace cuatro años las quejas por violaciones a derechos humanos contra migrantes en Ciudad Juárez han incrementado 312%. En 2019, la CNDH solo recibió ocho reportes de este tipo, mientras que en 2022 el número de reclamos incrementó a 33.

Los abusos contra las personas extranjeras en contexto de movilidad van desde detenciones de forma arbitraria, no permitirles el contacto con sus familias ni con sus abogados, omitir proporcionales atención médica, no darles medicina cuando se sienten mal, y lentitud para resolver su situación jurídica.

En 2021 y 2022, Ciudad Juárez se convirtió en el municipio de Chihuahua en el que se produjeron más quejas de este tipo, superando Janos y la capital del estado, donde el INM también tiene estancias migratorias provisionales.

Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI), explica que algunos factores que han propiciado el aumento de abusos en Ciudad Juárez son el despliegue de la Guardia Nacional en los operativos migratorios; la designación de militares al frente de las delegaciones estatales del INM, y la implementación del programa Título 42 con el que Estados Unidos expulsaba a México a los extranjeros con el argumento de prevenir contagios de Covid-19.

“Ha habido un incremento de la presencia de migrantes varados en Juárez y las demás ciudades fronterizas con Estados Unidos. Esto ha hecho que las personas migrantes estén cada vez más en detención y las quejas han incrementado”, señala Núñez. 

La experta del PRAMI considera que el incendio registrado en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez es un “crimen de Estado” que se pudo haber evitado.

“Este hecho surge de una serie de condiciones que se vienen denunciando desde hace tiempo. Se pudo haber prevenido si se hubieran tomado las medidas necesarias frente al sin fin de denuncias que hay contra las estaciones migratorias en México”, indica Núñez.

Las malas condiciones en las que operan las instalaciones del INM han sido verificadas por organizaciones sociales y la CNDH. En 2019, el organismo nacional detalló que “los recintos migratorios (tienen) un modelo carcelario en el que se mantiene a las personas en celdas con barrotes y bajo llave, y sometidas a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos”.

Personas migrantes entrevistadas por la CNDH indicaron que estos espacios carecen de servicios de alimentación, higiene, colchonetas para dormir, medicamentos, espacios recreativos y tampoco se les da la oportunidad de mantener contacto con sus familiares o con sus abogados para atender su situación jurídica.

Estancias provisionales como la de Ciudad Juárez “son centros de detención porque ahí priva de su libertad a las personas migrantes, se les despoja de sus pertenencias, no tienen acceso a un teléfono celular, no se les permite tomar medicamentos ni aunque los tengan en sus mochilas”, critica Alejandra Macías, directora de la oficina en México de la organización internacional Asylum Access.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció el viernes que la estancia de Ciudad Juárez cerraría de forma permanente. Las personas internadas ahí serían transferidas al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, en la misma ciudad, un espacio abierto, donde las personas en contexto de movilidad pueden salir de día y volver en la noche y que es administrado por la Secretaría del Trabajo.

Miles de personas en movilidad son retenidas en estancias migratorias en Ciudad Juárez

Actualmente el estado de Chihuahua cuenta con tres estancias migratorias provisionales tipo “B” para detener a migrantes. Una se encuentra en el municipio de Janos, otra en Chihuahua capital y la otra en Ciudad Juárez.

Las estancias provisionales tipo “B” fueron creadas para mantener a los migrantes ahí máximo siete días, mientras son trasladados a otros espacios para continuar con sus procesos de deportación. Pero datos oficiales muestran que en realidad funcionarios del INM encierran hasta nueve meses a las personas extranjeras en la instalación de Ciudad Juárez.

En la estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez, durante el 2022 fueron ingresadas 6 mil 688 personas migrantes. De estas, 2 mil 665 permanecieron en ese lugar entre uno y nueve meses. Ese es el caso de 18 personas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua que estuvieron encerradas entre abril y diciembre del año pasado.

En 2018 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 111 de la Ley de Migración para que la detención de migrantes pudiera ser de 15 días o más bajo determinadas circunstancias, pero el pasado 15 de marzo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esta medida es inconstitucional.

“No tener un documento migratorio no es un delito, no es un proceso penal. Como es un tema administrativo, el artículo 21 de la Constitución Política solo permite un arresto administrativo de máximo 36 horas”, explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

La experta lamenta la lentitud con la que el Poder Judicial resolvió la inconstitucionalidad de la Ley de Migración, una irregularidad que organizaciones sociales ya habían advertido y que han reclamado durante años.

“Los jueces no se quieren meter en materia de migración y eso ha sido una constante en todos los temas. Cualquier cosa que tiene que ver con la privación de la libertad de la población migrante, no se quieren meter”, cuestiona Kuhner.

La estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez no es la única en la que migrantes son encerrados durante meses. Margarita Núñez, la coordinadora del PRAMI, comparte que sus colegas de la Universidad Iberoamericana campus Puebla encontraron el caso de una niña que estuvo detenida más de tres meses en ese estado.

“Es algo totalmente cotidiano y generalizado. Las personas migrantes son encerradas varias semanas y yo afirmaría que, en promedio, más de un mes. Hay gente que permanece así hasta tres meses o más”, lamenta la especialista.

Organizaciones exigen justicia por muerte de 39 migrantes

Organizaciones sociales que defienden derechos humanos han alzado la voz para exigir justicia por los 39 migrantes que murieron en el incendio de Ciudad Juárez. Más de 70 asociaciones se pronunciaron en este sentido en un comunicado en el que señalaron que el “Estado mexicano es responsable de la protección a personas en su territorio, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio”.

Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a ocho presuntos responsables de la muerte de los 39 migrantes, entre los que se encuentran agentes de migración, elementos de la empresa de seguridad privada que vigilaba el lugar y el ciudadano venezolano señalado por iniciar el fuego. De estos, cinco han sido aprehendidos y se encuentran en prisión preventiva como medida cautelar.

Esta no es la primera ocasión que se registra un incendio dentro de las instalaciones del INM. En 2020, a principios de la pandemia de Covid-19, un siniestro similar ocurrió en Tenosique, Tabasco, y una persona migrante falleció.

“En el caso de Tenosique hasta la fecha no hay responsables. Este ya es el segundo incidente de este tipo de este sexenio y el gobierno tiene que responsabilizarse”, dice Macías, quien ha seguido de cerca el caso ocurrido en Tabasco a través de la oficina que su asociación tiene en ese estado.

Margarita Núñez señala que, a pesar de que la CNDH emitió una Recomendación al INM por el incendio en Tenosique, “lamentablemente vemos que no se tomaron medidas para garantizar la no repetición y que no se desarrollaron protocolos de actuación para este tipo de emergencias”.

Gretchen Kuhner, la directora de Imumi, critica que “en los crímenes contra migrantes prevalece la impunidad”. La experta recuerda que en 2015 su asociación civil dio acompañamiento al caso de personas indígenas mexicanas que fueron detenidas por el INM, a pesar de que mostraron sus documentos a los agentes de seguridad para indicar que eran mexicanos.

Al año siguiente, en 2016, la CNDH emitió una Recomendación por este caso. Y aunque se acreditó que los agentes migratorios que llevaron a cabo la detención cometieron actos de tortura contra los mexicanos detenidos, aún no hay sanciones para ellos.

“Conseguimos una reparación del daño económica y una disculpa pública del gobierno federal. Todo ha salido, menos el proceso penal”, lamenta Kuhner.

“La impunidad es impresionante y si hay algún tipo de sanción solo es dar de baja a los agentes migratorios, eso es muy común, pero nunca llegamos a las personas más arribas en la cadena de mando”, concluye la experta.