El recuento de los daños en la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez

Las personas extranjeras en contexto de refugio y movilidad que se encontraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, de paso para cruzar a Estados Unidos, tenían constantes enfrentamientos con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), Policías Municipales y la Guardia Nacional, a causa del acoso que enfrentaban. 

Medios locales documentaron semanas atrás del trágico incendio en la estación migratoria, operativos y redadas contra personas de origen venezolano, nicaragüense y salvadoreño que se encontraban en condición de calle en el primer cuadro de la ciudad, así como en hoteles e, incluso, hasta en la catedral. 

El lunes 27 de marzo, alrededor de las 10:00 horas, el INM, en coordinación con agentes municipales y la Dirección Municipal de Derechos Humanos, comenzaron un operativo para detener a cuanto migrante se encontraran en las calles del centro de Ciudad Juárez, para llevarlos a la estación migratoria. 

De acuerdo con los registros del Ayuntamiento, hay 23 albergues para migrantes en toda la ciudad, de los cuales solo dos son gubernamentales y uno es administrado por el gobierno federal, el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, el cual tiene una capacidad máxima de 900 personas. 

Sin embargo, no hay espacio suficiente ni recursos en los refugios de la sociedad civil para atender el movimiento migratorio más reciente en esta zona de la frontera norte del país, por lo que muchas de las personas en movilidad se encuentran rentando cuartos económicos o viviendo en la indigencia. 

El operativo echado a andar por el INM y el municipio, bajo el argumento de que había denuncias sobre supuestos actos de acoso contra mujeres automovilistas, concluyó ese mismo lunes. Por la tarde, varios migrantes protestaron al interior de la estancia migratoria y comenzaron a apilar algunas colchonetas a las que les prendieron fuego, según testimonios de testigos presenciales a las autoridades.

Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizó alguna acción para abrir la puerta a los migrantes que se encontraban encerrados en medio del fuego.

El saldo de la tragedia es de 39 personas muertas y más de 28 que resultaron heridas.

Con base en la información proporcionada durante las tres conferencias de prensa que ha ofrecido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República sobre la investigación, se conocen algunos detalles de cómo y cuándo comenzó el incendio. 

Según reportaron, al interior de la Estancia Migratoria se encontraban 63 migrantes privados de la libertad, encerrados bajo candado en una celda sin ventilación. Las personas retenidas habían estado solicitando agua al personal del INM, pero se las negaron; otra versión es que los migrantes tenían temor de ser deportados y, por este motivo, comenzaron a protestar. 

Como parte de la protesta, un hombre de origen venezolano presuntamente le prendió fuego a una colchoneta, esta se incendió, y comenzó a generar una nube gris de humo que, poco a poco, fue llenando la celda y la estancia. Los agentes de migración y de la empresa privada Grupo Camsa, no abrieron los candados de las rejas y los dejaron morir atrapados, unos intoxicados, otros quemados. 

La estancia migratoria se encuentra frente al Palacio Municipal de Ciudad Juárez. Las autoridades de emergencia han referido que se dieron cuenta del incendio cuando vieron que una columna de humo salía del centro de detención. Los bomberos, personal de Protección Civil y de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar. De ahí les siguieron los agentes de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República. 

En un video difundido por El Universal, que supuestamente documenta minutos antes del incendio, se observa a las personas privadas de la libertad tranquilas. No se les ve protestando. Sin embargo, en un segundo video de una cámara de seguridad al interior de la estancia, se observa cómo algunos migrantes reclaman algo a los agentes de migración al mismo tiempo que comienza el fuego. 

Entre las 39 personas fallecidas, hay 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano. Mientras que de las 28 personas heridas, 10 son de origen guatemaltecos, ocho son hondureños, cinco son salvadoreños, y cinco más provienen de Venezuela.

Hasta el 29 de marzo, como presuntos responsables de los hechos, se tenían identificadas a ocho personas, de las cuales dos son agentes federales, uno es agente estatal de migración y hay cinco elementos de la empresa de seguridad privada que operaba en la estancia quienes ya presentaron sus declaraciones ante el ministerio público

Esta semana, el juez Ernesto Cornejo Ángeles, del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, bajo la causa penal 216/2023 imputó a seis personas, de las cuales cinco fueron puestas a disposición en la audiencia de formulación de imputación el 30 de marzo. 

Las cinco personas que fueron imputadas por los delitos de homicidio doloso y lesiones son: tres servidores públicos del INM; un guardia de una empresa de seguridad privada y un migrante de nacionalidad venezolana. 

Los presuntos responsables se acogieron a la duplicidad del término constitucional que vence el próximo 4 de abril a las 07:00 horas para su audiencia de vinculación a proceso; mientras tanto, se les impuso prisión preventiva como medida cautelar, quedando recluidos en los Centros de Readaptación Social Estatal 2 y 3 de Chihuahua.

La empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que es la prestadora del servicio de seguridad al INM, enfrenta un proceso administrativo sancionador por parte de la Secretaria de Seguridad, aseguró su titular Rosa Icela Rodríguez, por irregularidades en el cumplimiento del contrato.

Este viernes se anunció que la estancia migratoria fue cerrada y se ha trasladado la operación al Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, el cual contará con el servicio de guardias de seguridad proporcionado por 42 agentes de la Secretaría de Seguridad federal.

Hasta el viernes, solamente tres familias originarias de Centroamérica habían podido viajar e México para identificar los cuerpos de las personas migrantes que murieron en el incendio.