La decisión de la SCJN sobre GN y migración envía un mensaje de xenofobia: organizaciones

La Guardia Nacional tiene licencia para hacer revisiones migratorias, solicitar documentos a personas extranjeras, ponerlas a disposición de autoridades migratorias y proporcionar apoyo en labores de seguridad y resguardo de instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el territorio nacional, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez de varas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, a pesar de reclamos de organizaciones de la sociedad civil.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señaló que el proyecto discutido este lunes no toma en cuenta el mensaje que se da “a la población, al equiparar la migración (una falta administrativa) a un delito, sino que indirectamente se avalaría la xenofobia”.

Además, advirtió la decisión va en contra de lo que ya determinó la Primera Sala de la Suprema Corte en mayo de 2022, al declarar inconstitucionales las revisiones migratorias por ser una medida discriminatoria y racista, con impactos en la población migrante y mexicana, en especial en las personas indígenas y afrodescendientes.

La organización recordó que desde que la Guardia Nacional fue usada para frenar el paso a la personas migrantes en el país, se han acumulado más de 600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias, agresiones, violaciones sexuales, privación de la libertad y hasta desapariciones forzadas contra personas migrantes.

El pleno de la SCJN continuó este lunes con la discusión sobre la constitucionalidad sobre varios apartados de la Ley de Guardia Nacional, en donde dejaron firmes diversas facultas establecidas en este ordenamiento impugnado por la CNDH.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN declaró la validez de la fracción XXXIII del artículo 9 de la Ley de Guardia Nacional, donde se establece que la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

XXXIII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de mercancías en cualquier parte del territorio nacional;

La SCJN también declaró la validez con una interpretación conforme de la fracción XXXV, del mismo artículo , en donde la Ley de la Guardia Nacional dice que esta fuerza de seguridad tiene entre sus atribuciones:

XXXV. Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia;

El ministro ponente Javier Laynez Potisek expuso que esta media es viable porque “la migración sí puede constituir en determinadas situaciones un tema de seguridad pública“, dijo, y en la medida en que el fenómeno migratorio irregular influye en el orden público corresponde a la Guardia Nacional realizar labores en la materia sin que se relacionen directamente en el mantenimiento del orden público.

Algunos ministros pidieron precisar que el término de “coordinación” debería de interpretarse como una acción subordinada de la Guardia Nacional al Instituto Nacional de Migración, y que los agentes de la Guardia Nacional “no pueden por sí mismos solicitar la documentación y proceder a su revisión”, por lo que el proyecto se modificaría como “interpretación conforme”.

Sin embargo, en casi la mitad de los estados, las delegaciones del Instituto Nacional de Migración tienen a un militar a o a un mando de la Secretaría de Marina al frente.

En una revisión realizada por La-Lista, se dio cuenta de que en gran parte del país hay mandos de las fuerzas armadas al frente de la política migratoria.

Los estados donde el INM está a cargo de elementos del Ejército son Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Zacatecas. Mientras que integrantes de la Marina son responsables de las oficinas de Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Michoacán.

El pleno de la Corte también declaró la validez de la fracción que da la atribución a la Guardia Nacional para:

XXXVI. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren;

Con la GN en labores de migración ‘se detonaron las violaciones a derechos humanos’

El IMUMI expresó este lunes su rechazo al proyecto del ministro Laynez Potisek, en donde se declara la validez de varias acciones de la Guardia Nacional en materia migratoria.

“Recordamos a ministras y ministros que las revisiones migratorias fueron declaradas inconstitucionales por su Primera Sala en mayo de 2022″, expresó la organización a través de un posicionamiento.

Recordó que la Ley de la Guardia Nacional fue aprobada en mayor de 2019 y tan solo un mes después se desplegaron más de 21 mil elementos a la frontera sur y norte del país. “Desde entonces, los reportes de detenciones arbitrarias, revisiones migratorias bajo perfilamientos raciales, agresiones, violaciones sexuales, privación de la libertad y hasta desapariciones forzadas contra personas migrantes se han acumulado”.

Con información de Alexis Ortiz