Militares y marinos, al frente de migración en medio país y en aeropuertos

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) controlan el 56% de las oficinas estatales del Instituto Nacional de Migración (INM), al igual que la vigilancia de migrantes en puertos y aeropuertos.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la política migratoria incrementó a partir del 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió desplegar a la Guardia Nacional para contener a los extranjeros que entran a México sin papeles.

Al mismo tiempo que la Guardia Nacional se desplegó en territorio nacional, las oficinas estatales del INM quedaron a cargo de personal naval y militar. El Instituto tiene en su nómina a integrantes de la Marina y del Ejército como directores de 18 de sus 32 oficinas de representación estatales.

Los estados donde el INM está a cargo de elementos del Ejército son Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Zacatecas. Mientras que integrantes de la Marina son responsables de las oficinas de Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Michoacán.

Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que dejar a cargo de militares y marinos las oficinas del INM podría derivar en violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, como ocurrió el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 extranjeros en un incendio de una estancia migratoria.

Salvador González Guerrero, quien ocupó diferentes puestos en la Semar entre 1985 y 2018, era el responsable de la oficina del INM en el estado de Chihuahua cuando ocurrió el incidente. Un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra, pero el marino interpuso un amparo y consiguió una suspensión provisional para evitar ser detenido por el momento.

La tarde de ayer se reportó que fue detenido por agentes dela FGR en el estado de Chihuahua y será un juez de amparo del centro penitenciario al que sea remitido quien determine la medida cautelar en su caso, así como el juez de control.

En un comunicado de prensa emitido la semana pasada, antes de la detención del contraalmirante en retiro, organizaciones sociales exigieron que se investigue González Guerrero y otros funcionarios, incluido Francisco Garduño, titular del INM. “No queremos y no toleraremos investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia”, informaron.

Guerrero González no solo ha estado a cargo de la oficina de representación en Chihuahua, también ha sido responsable de la oficina del INM en el Estado de México. Una dinámica similar sucede con otros integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes constantemente son cambiados de un estado a otro para realizar sus labores.

Adicional a las oficinas de representación estatales, el vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, quien trabajó en la Semar entre 1974 y 2018, es el director de Aeropuertos y Puertos Marítimos del INM.

En los aeropuertos de México los migrantes también suelen sufrir abusos por parte de agentes de seguridad e incluso llegan a ser encerrados por varias horas. Así ocurrió con Nilo y Zabbih, una pareja afgana que en 2021 fue retenida un día entero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y después fue deportada.

Directores de oficinas migratorias acusados de abusos

Aunque medios de comunicación han reportado distintos abusos y presuntos casos de corrupción de los directores de las oficinas del INM, estos se han mantenido en sus cargos y la dependencia solo los transfiere de un lugar a otro.

El Diario de Chihuahua publicó en diciembre de 2020 que Pedro Alberto Alcalá López, general brigadier en retiro, era investigado por presuntamente vender hasta en 3 mil dólares las visas de residencia permanente para extranjeros. El militar era el responsable de la oficina del INM en ese estado del norte.

Alcalá López fue consultado por ese medio de comunicación y dijo desconocer la investigación que el órgano interno de control del INM tendría en su contra. En 2021 el militar fue enviado a Guerrero para ocupar el mismo puesto que tenía en Chihuahua.

En septiembre de 2021, la agencia Quadratín informó que agentes de migración detuvieron y sometieron con una pistola eléctrica a un migrante haitiano que estaba a bordo de un camión en Veracruz. En ese entonces el encargado de la oficina estatal del INM era el vicealmirante Roberto González López.

Dos meses después, en noviembre de 2021, el mismo vicealmirante fue acusado por una mujer trans de haberla discriminado. La víctima caminaba junto con una caravana migrante al norte del país, cuando el funcionario se refirió a ella como un hombre, de acuerdo con el reporte del periódico El Financiero.

Luego de estas dos acusaciones, González López fue enviado al estado de Quintana Roo para encargarse de la oficina del INM y posteriormente a Tabasco, donde sigue actualmente.

La prensa también ha reportado abusos laborales de Genaro García Wong, actual encargado de la oficina del INM en Tlaxcala. El funcionario, quien tiene una maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, ha sido señalado por apropiarse de la calle Santos Degollado en el municipio de Apetatitlán, en la que no permitía estacionar a nadie.

Antes de trabajar en Tlaxcala, García Wong estuvo en la oficina estatal de Veracruz, donde medios de comunicación acusaron que toleraba la corrupción de sus subordinados. Un portal de internet reportó específicamente que un funcionario del INM recibía sobornos y aún así se mantenía en funciones.

En la página del INM no hay información pública sobre si estos funcionarios fueron sancionados por sus acciones, simplemente se detalla sobre su transferencia de un estado a otro.