INM oculta contrato de empresa de seguridad
Francisco Garduño, comisionado del INM. Foto: INM.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ocultó el último contrato realizado con la empresa privada para proveer de guardias de seguridad a las Estancias Migratorias, entre ellas la de Ciudad Juárez, donde 39 personas en contexto de movilidad murieron al quedar atrapadas en una celda en medio de un incendio con el conocimiento del personal de seguridad que los dejó encerrados.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lo dio conocer hasta el viernes de la semana pasada porque no estaba disponible en las obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con información recabada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet, solo se lograron encontrar los últimos tres registros de contratos por adjudicación directa para proveer de seguridad privada a estancias del INM. 

En 2020 el Instituto Nacional de Migración adjudicó un contrato de manera directa a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., por un monto total de 178 millones 584 mil 080.50 pesos. Sin embargo, el contrato dejó de ser público de un día para otro, después de la tragedia, y ahora solo está la ficha de la contratación en la PNT.

La empresa con el Registro Federal del Contribuyente  SEI050317QB7, fue registrada en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, y sus propietarios son Elías Gerardo Valdés Cabrera y Mónica Ivone González González, de acuerdo con el registro público del comercio de la Secretaria de Economía. Elías Valdez es cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila, desde febrero de 2019. De hecho, el sitio de noticias Latinus dio a conocer en febrero pasado que dicha empresa se ha visto favorecida con más de 100 contratos de seguridad en los últimos años.

Para el siguiente año, 2021, el INM celebró otro contrato por adjudicación directa con la misma empresa también conocida como SEICSA, para las mismas labores por las que fue contratada el año anterior, pero ahora por un monto mayor, por 180 millones de pesos. 

En el contrato al que tuvo acceso La-Lista, se detalla el costo por entidad del servicio de guardias de seguridad para Estancias del INM, así como la cantidad de agentes asignados, turnos de trabajo y el costo por cada elemento. En el caso de la delegación de Chihuahua, se contrataron 55 elementos, por una jornada de 12×12 horas y un costo de 500 pesos por día.

Para 2022, la razón social de la empresa a la que se le adjudicó el contrato para proveer de guardias de seguridad cambió. El servicio estuvo a cargo de Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V. por un monto de 165 millones de pesos, según información con base en la ficha técnica publica en la PNT.

Los tres contratos refieren que las empresas brindarían el servicio de “Vigilancia, Protección y Seguridad a los inmuebles y bienes muebles, del Instituto Nacional de Migración, así como sus empleados, asegurados y visitantes al interior de los inmuebles, para las oficinas de representación del INM”

Los 23 estados para los que se contrató el servicio fue en las delegaciones de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sector Central, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Después del fatídico incendio en Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer detalles del contrato de este año con Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

La funcionaria federal a cargo de informar sobre las investigaciones sobre el incendio de Ciudad Juárez dio a conocer que la empresa CAMSA ha incurrido en diversas irregularidades, tales como solamente registrar a cuatro elementos de seguridad ante la Dirección General de Seguridad Privada cuando tiene un contrato de más de 500 elementos, por lo que el contrato sería cancelado y se promovieron sanciones en contra de esta.

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