Miedo a la policía en el Edomex; se disparan quejas de abusos policiales

“Avísale a mi mamá o a mi hermana, por favor. Estoy detenido en Texcoco”, suplicó por teléfono Carlos Ramírez a su expareja, luego de dos días incomunicado por policías del municipio, quienes lo detuvieron en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 20 de abril de este año, supuestamente, por transportar marihuana.

Para entonces su madre y hermana ya habían comenzado buscarlo entre sus amigos, en hospitales, en morgues de la Ciudad de México, sin tener éxito, hasta que buscaron en la lista de detenidos y encontraron que presuntamente Carlos se encontraba en el ministerio público de Nezahualcóyotl. 

La familia se trasladó hasta ese punto y los agentes ministeriales primero no quisieron darle información, después le dijeron que en ese lugar no se encontraba, que probablemente lo habían llevado a Texcoco. Lo que coincidió con la llamada de Carlos a su ex pareja, sobre su localización. La mamá del joven productor musical fue hasta esas oficinas. 

Después de un tortuoso viacrucis burocrático, la señora Talavera logró ver a su hijo. El joven presentaba marcas de golpes en las costillas, el rostro y heridas en las muñecas aún color rojo carne. Lil Bisse (el nombre artístico de Carlos) le contó a su mamá cómo fue que llegó a esas oficinas del ministerio público. 

Carlos acompañó a su amigo Rodrigo a hacer una mudanza. Cuando circulaban por avenida Peñón Texcoco y Anillo Periférico, chocaron contra otro vehículo. Llamaron al seguro y llegó un ajustador, pero el otro conductor se negaba a negociar el accidente, hasta que llegaron cuatro patrullas de la policía municipal de Texcoco y con violencia se llevaron detenidos a ambos jóvenes. 

Desde la ultima comunicación que tuvieron con él ese día pasaron 7 horas para que los agentes municipales lo presentaran ante el ministerio público; incurriendo en el delito de desaparición forzada, además de la tortura de la que fue víctima Carlos, quien recibió atención médica 8 días después de su detención, mediante la presión de la familia a las autoridades. 

Carlos fue vinculado a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva, por presuntamente cometer delitos contra la salud, en la modalidad de transportación. El joven músico asegura que desconocía que había droga en la camioneta; mientras que su amigo declaró ante el MP que Carlos no sabía nada de lo que llevaban, solo que era una mudanza.  

Lil Bisse tiene 26 años de edad, estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesionalmente, es productor musical y músico del género urbano conocido como Trap. Entre sus más recientes colaboraciones, trabajó en conjunto con el artista “Papi Ruso”, uno de los más reconocidos del género en el cono sur del continente. 

La familia de Carlos presentó dos quejas ante la de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM); una fue denunciando las irregularidades y violencia en la detención del músico, mientras que la segunda consistió en exigir a la autoridad presidiaria que se le otorgará atención medica, ya que desde la detención no había sido valorado por un médico.

Las quejas por abusos de las autoridades durante el proceso de detención crecieron 184.5% en los últimos 17 años, de acuerdo con estadísticas de la CODHEM obtenidas por La-Lista mediante la solicitud de información 528544. En 2006 este organismo autónomo recibió mil 445 casos de violaciones a derechos humanos durante el proceso de detención de una persona, para el 2022 esa cifra aumentó a 4 mil 111 casos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) es la institución más acusada por vulnerar derechos humanos. Tres de cada diez quejas registradas en la CODHEM son contra esta dependencia que está a cargo de José Luis Cervantes.

Mientras que en la entidad hay 35 mil personas privadas de su libertad, lo que la hace la de mayor población penitenciaria, según estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Actualmente, el director de seguridad pública de Nezahualcóyotl es Vicente Ramírez García; municipio gobernado por el morenista Adolfo Cerqueda Rebollo; mientras que Texcoco, tiene como director de seguridad a Adrian Trápala González, demarcación gobernada por Sandra Luz Falcón Venegas, también del partido Morena. 

Abusos afectan a 80% de los encarcelados en el Estado de México

Otro caso de abusos por parte de las autoridades mexiquenses es el de Silvia Monroy, una extrabajadora del sistema penitenciario del Estado de México que fue acusada de permitir la fuga de seis personas en la cárcel de Cuautitlán en 2018.

La Fiscalía del Estado de México acusó a Silvia de permitir que estas personas ingresaran a una sala de la cárcel de Cuautitlán para detonar una bomba y así poder escapar. En 2020, dos años después de haber ocurrido los hechos, un juez la sentenció a 32 años de prisión.

Sin embargo, la CODHEM analizó el caso de Silvia y confirmó que las acusaciones de la Fiscalía en su contra no eran ciertas. Ella no ayudó a escapar al grupo de prisioneros en Cuautitlán, sino que los internos la amenazaron con un cuchillo y en ese momento hicieron explotar el lugar.

Después de la explosión, Silvia fue trasladada a un Ministerio Público del Estado de México, donde las autoridades la amenazaron y la torturaron con una bolsa de plástico en el rostro para que firmara una declaración donde aceptaba su culpabilidad.

Aunque Silvia le entregó nueve años de su vida al sistema penitenciario del Estado de México, ningún policía ni el Ministerio Público la escuchó cuando dijo que era inocente, ni dentro de la cárcel a la que la enviaron.

“Se olvidaron de que yo era una servidora pública. Ya en la cárcel era una interna, incluso un comandante me dijo que ya no tenía beneficios porque era una interna igual que las demás”, señaló Silvia, quien trabajó en las cárceles de Cuautitlán, Jilotepec y el tutelar para menores La Quinta del Bosque.

Debido a todos los abusos que sufrió Silvia a manos de la policía y el Ministerio Público, la CODHEM emitió un dictamen para que el Poder Judicial del Estado de México la liberara mediante la Ley de Amnistía. En 2022, dos años después de estar encerrada, por fin pudo salir de prisión y reunirse con su familia.

La CODHEM no es la única institución que alerta de los abusos policiales en el Estado de México, uno de los retos que tiene por delante Delfina Gómez, quien fue elegida para ser gobernadora de esa entidad en los siguientes seis años. El Estado de México es la entidad del país donde los detenidos sufren más violencia psicológica. De 34 mil personas encarceladas que estuvieron en el Ministerio Público, el 83% fue víctima de incomunicación, insultos, amenazas y presiones por parte de las autoridades, reveló la edición 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).

Sumado a la violencia psicológica, la misma ENPOL señala que el Estado de México es la primera entidad federativa donde las personas sufren más actos de corrupción en el Ministerio Público y también es donde los detenidos reciben menos información del hecho por el que son acusados.

El Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de agresiones físicas durante el proceso de detención, solo por detrás de Colima y Michoacán.

De acuerdo con las estadísticas del Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA), las policías municipales son las mayormente señaladas por cometer abuso policial y detenciones arbitrarias, con un 48%; mientras que la Policía Estatal ocupa el segundo lugar con el 17%, empatando con los elementos de las Fuerzas Armadas; mientras que apenas un 4% ha denunciado abusos por parte de un agente ministerial.