Entre la negligencia y el olvido: niños, niñas y adolescentes con familiares desaparecidos

Las comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas de los estados han dejado en el olvido a los niños, niñas y adolescentes que tienen familiares desaparecidos, un hecho que les puede provocar graves afectaciones en su desarrollo emocional, social, educativo y económico.

Las comisiones de Atención a Víctimas argumentan que no pueden atender a estos pequeños y pequeñas porque las comisiones de derechos humanos no han emitido recomendaciones en ese sentido. Al mismo tiempo, las fiscalías tampoco logran que los jueces dicten sentencias condenatorias contra los responsables del delito de desaparición para que estos menores de edad reciban apoyo de parte del gobierno.

La semana pasada La-Lista informó que, en promedio, en cada familia donde hay una o más personas desaparecidas podría haber hasta tres niños, niñas y adolescentes con afectaciones por la ausencia de sus seres queridos.

Sin embargo, los apoyos que estos menores de edad reciben por parte de los gobiernos estatales son mínimos. A través de solicitudes de información hechas para este trabajo, solo las comisiones de Atención a Víctimas de Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí y Durango señalaron que han entregado 51 reparaciones integrales del daño a niños, niñas y adolescentes que tienen a un familiar desaparecido.

Estas 51 medidas de reparación del daño se alejan mucho de la problemática que existe en el país. Tan solo en una encuesta que se aplicó de forma aleatoria, 776 familias de víctimas dijeron que tienen a su cargo a 2 mil 327 niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de afectación por la ausencia de sus seres queridos.

Depresión, ansiedad, miedo de salir a la calle, carencias económicas, enfermedades y discriminación por parte de la sociedad son algunas de las afectaciones que estos menores de edad tienen a raíz de este delito.

El pasado martes 29 de agosto, la organización Tejiendo Redes Infancia estimó que alrededor de 159 mil niños, niñas y adolescentes podrían haber sufrido la desaparición de su mamá o de su papá en México. Aunque también hay pequeños y pequeñas que sufren la ausencia de tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas.

Las comisiones de Atención a Víctimas de los estados y la del gobierno federal son las instituciones que deberían encargarse de prestar atención a todos estos menores de edad con apoyo psicológico, económico, médico, de vivienda o educativo. Pero esto no sucede.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, acusa que las autoridades han incurrido en una “gran negligencia” en la atención de niños, niñas y adolescentes, pues en los últimos 17 años el gobierno ni siquiera ha creado un registro para saber cuántos menores han sufrido la pérdida de un familiar cercano.

“El nivel del drama y de afectaciones de crímenes de alto impacto como desaparición, ejecuciones, y todo lo que está asociado con la guerra (contra el narcotráfico), lleva a tal nivel de urgencia que pensar en los hijos e hijas de estas personas termina siendo secundario”, dice Pérez García.

Para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir atención por parte de las comisiones de Atención a Víctimas, éstas primero los deben integrar en un registro donde se reconozca que la ausencia de un familiar ha tenido impacto en ellos.

“Hay muy pocos niños, niñas y adolescentes han logrado ser reconocidos como víctimas”, lamenta el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Un círculo vicioso: no hay sentencias ni recomendaciones

Algunas comisiones de Atención a Víctimas argumentan que no dan apoyos a menores de edad con un familiar desaparecido porque las comisiones de derechos humanos no les han ordenado entregar estas medidas de reparación, además de que tampoco hay sentencias que las instruyan a esto.

Así lo señalaron las comisiones estatales de Atención a Víctimas de Coahuila, el Estado de México y de Sinaloa a través de las respuestas a las solicitudes de información.

La-Lista confirmó, a través de otras peticiones de información tramitadas por la Plataforma Nacional de Transparencia, que las comisiones de Derechos Humanos de Coahuila, Estado de México y Sinaloa no han emitido recomendaciones para que las comisiones de atención a víctimas o alguna otra autoridad ayude a niños, niñas y adolescentes con familiares desaparecidos.

La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz ha emitido 104 recomendaciones en ese sentido entre el 2018 y 2023. Y luego le siguen los organismos de Baja California, con una resolución, y el de la Ciudad de México con dos. Fuera de esas instituciones ninguna otra ha ordenado atender a estos pequeños y pequeñas.

Alberto Sotomayor, coordinador de Investigación del colectivo Pacto por la Primera Infancia, expresa que el gobierno no brinda atención a niños, niñas y adolescentes que tienen afectaciones por la desaparición de un familiar, debido a que se piensa que esto es un “asunto familiar” que se debe resolver en el ámbito privado.

“El acompañamiento y el cariño de los adultos es importante, pero también debe haber intervenciones públicas”, señala el especialista. “El pensar a los niños y las niñas como sujetos de derecho no ha logrado concretarse”.

Por su parte, los poderes judiciales de Coahuila, Estado de México y Sinaloa —los estados donde las comisiones de Atención a Víctimas alegan que no han ayudado a menores de edad porque los jueces no lo han ordenado—, solo han emitido 28 sentencias condenatorias contra personas responsables del delito de desaparición.

Las leyes de atención a víctimas de Coahuila, Estado de México y Sinaloa establecen que, al emitir una sentencia condenatoria, un juez debe determinar las medidas de reparación del daño que el culpable del crimen debe cumplir, y en caso de que éste no tenga suficientes recursos serán las comisiones de Atención a Víctimas las que se encarguen de esta tarea.

La impunidad, que en el delito de desaparición es de más del 99%, se presenta como otro obstáculo para la atención de niños, niñas y adolescentes.

Sotomayor alerta sobre los impactos de la desaparición de un familiar en los menores de edad, ya que esta situación puede provocar afectaciones en el desarrollo físico y social de estos pequeños y pequeñas.

Según la información recabada por La-Lista a través de la encuesta a las 776 familias, la mayor parte de los menores de edad sufren la desaparición de un ser querido entre los 0 y 5 años, es decir en su primera infancia.

“El no voltear a ver esto o esconder la cabeza en la tierra no desaparecen los problemas, me parece que un primer momento es que el gobierno, o el Estado en su conjunto, debe reconocer que este es un gran problema público”, indica el investigador del Pacto por la Primera Infancia.