ONG exigen protección a CNDH para Marcela Turatti, Ana Delgadillo y Mercedes Doretti
Las organizaciones exigieron detener inmediatamente cualquier acto de criminalización e investigación arbitraria contra Turati, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mercedes Doretti. Foto: Especial

Organizaciones acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó indefensas a la periodista Marcela Turati; la directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo; y la directora regional y perita del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, tras cerrar arbitrariamente la queja presentada por actos de criminalización, intervención telefónica y uso arbitrario del sistema penal, por lo que exigieron varias medidas de protección.

“La CNDH se puso del lado de la Fiscalía General de la República (FGR) al terminar arbitrariamente la queja presentada el año pasado por diversas organizaciones, por los actos de criminalización, intervención telefónica y uso arbitrario del sistema penal contra la periodista Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti”, señalaron los firmantes en un comunicado difundido por Artículo 19.

La conclusión fue notificada por la Segunda Visitaduría General de la CNDH, en el sentido de que los ministerios públicos responsables de la investigación del caso de Fosas Clandestinas de San Fernando, en Tampaulipas, en 2011, “realizaron diligencias que se encuentran ajustadas conforme a derecho”.

Además, el oficio de notificación indicó que si se considera que el actuar de las personas servidoras públicas adscritas a la FGR incurran en alguna falta u omisión, se presente una queja ante el Órgano Interno de Control de la dependencia federal.

“La queja en cuestión fue presentada en contra de la intervención ilegal de comunicaciones de Turati, Delgadillo y Doretti, realizada en el año 2016, y la realización de actos de investigación en su contra dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, que se abrió por los delitos de secuestro y delincuencia organizada en contra de múltiples integrantes del crimen organizado”, destacaron las organizaciones.

Se mencionó que, con esta resolución, la CNDH deja en indefensión a las afectadas y coloca un mensaje de tolerancia hacia una de las prácticas “más peligrosas, ilegales y violatorias de derechos humanos de nuestro sistema: el espionaje y la criminalización de quienes apoyan la búsqueda de verdad y la justicia” tras legitimar el actuar de la FGR contra la periodista, la defensora y la perita en la investigación de una de las masacres “más indignantes contra la población migrante”.

Con esta decisión, dijeron, también se cierra la puerta a la rendición de cuentas y a la oportunidad de dejar un precedente necesario para la protección de todas las personas defensoras de derechos humanos, expertos y periodistas contra el abuso de poder.

“La resolución pone en evidencia la falta de independencia de la Comisión frente a la fiscalía en el caso, y pone en entredicho su autonomía. Ante ello, la FJEDD acordó con la CNDH presentar una solicitud de revisión del cierre de la queja, para su análisis con base en procedimientos de revisión instaurados por la Comisión”, sostuvieron.

Además, en mayo de 2021, la FJEDD descubrió que, desde el 2016, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR llevó a cabo una investigación contra Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mercedes Doretti y Marcela Turati, en un momento en que cada una seguían, intervenían en el caso o ponían evidencia de múltiples irregularidades.

Las pesquisas incluyeron solicitudes de datos conservados, geolocalización sábanas telefónicas y análisis grafoscópico de documentos oficiales en poder de las autoridades, peticiones que las compañías telefónicas, servicios periciales e inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores atendieron con urgencia y sin cuestionamientos. Los hechos fueron denunciados en noviembre del 2021.

“Investigar a una periodista de larga trayectoria, a la defensora de derechos humanos y la perita parecía más urgente que encontrar a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a las 196 víctimas de las fosas de San Fernando”, agregaron.

Ante esto, las organizaciones exigieron detener inmediatamente cualquier acto de criminalización e investigación arbitraria, que se concluya la investigación de la FGR contra Turati, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mercedes Doretti, y que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos haga la indagatoria correspondiente de los actos cometidos en su contra y hasta la fecha.

La garantía de protección de su integridad y derecho de ejercer libremente su labor de comunicación y defensa y que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas se comunique con ellas para beneficiarlas con el programa de protección y actualizar su análisis de riesgo y planes de protección.

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