Más de 30 países piden a México atender el problema de desaparición de personas

En una evaluación sobre el respeto a los derechos humanos que hay en México, 36 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendaron al gobierno mexicano atender el problema de desaparición de personas.

Este miércoles 24 de enero México se sometió a su cuarto Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el evento, una tercera parte de los países participantes recomendó a México redoblar esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y prevenir que el delito de desaparición siga ocurriendo.

Las recomendaciones de los países del Consejo se centraron en garantizar la calidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para disminuir la impunidad; dotar de más recursos a las comisiones de búsqueda para encontrar a las víctimas; y reforzar los mecanismos de identificación forense para descubrir la identidad de los 52 mil cadáveres que están en calidad de desconocidos en el país.

Los países que hicieron un llamado a México para atender la crisis de desaparición de personas fueron Túnez, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Croacia, República Checa, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Irlanda, Italia, Jordania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Samoa, España, Suecia y Suiza.

Durante su participación la persona representante de Canadá recomendó “que México garantice que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sea preciso, exacto y transparente para poder atender las desapariciones forzadas y la crisis forense”.

La representación de Estados Unidos señaló: “recomendamos al país seguir desarrollando los centros nacionales y regionales de identificación humana y dotarles de más recursos humanos y operativos para identificar como es debido a los desaparecidos”.

La evaluación de México en materia de derechos humanos, que se extendió por tres horas, está enmarcada en un contexto en el que instituciones clave, como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana, han sufrido recortes de su personal y una reestructuración que incluye a funcionarios sin experiencia en el tema de desaparición de personas.

Aunque estos cambios en instituciones clave no se abordaron en el Examen Periódico Universal de México, decenas de países expresaron su preocupación por la crisis de desapariciones.

“Recomendamos continuar los esfuerzos tendientes a investigar y sancionar los casos de desapariciones forzadas”, dijo la representación de Argentina. “Australia continúa preocupada por la alta tasa de feminicidios y desapariciones forzadas en México y la falta de recursos de las instituciones designadas para atender estas cuestiones”, agregó la delegación del país oceánico.

México debe “implementar las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y continuar fortaleciendo el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares”, expresó Austria. Se debe aplicar “plenamente la legislación federal sobre desaparición forzada, proporcionando recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y dando una prioridad a la lucha contra la impunidad”, comentó el representante de Italia.

México presume nuevo censo de personas desaparecidas

En su oportunidad, representantes del gobierno mexicano defendieron las medidas que han tomado para atender este problema. Incluso Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presumió el nuevo censo con el que el gobierno federal redujo el número de víctimas de desaparición.

Hernández García explicó que en el nuevo censo se analizaron 110 mil 964 casos de desaparición que fueron clasificados en diferentes categorías: 15% de las víctimas fueron localizadas; 16% tienen “indicios de vida”, pero aún se les busca físicamente; 25% no cuenta con suficientes datos para ser identificadas; 32% carecen de indicios suficientes para su búsqueda; y 11% tiene denuncia confirmada.

Esta nueva clasificación, que no está contemplada en ninguna ley, ha sido criticada por familias de víctimas y organizaciones sociales, ya que el gobierno federal dijo que de los más de 110 mil casos analizados, solo se pudo confirmar que un 10% corresponde a personas que sí están desaparecidas.

“Es muy importante señalar que no se ha eliminado ningún registro de esta base de datos y que constantemente se están proporcionando nuevos datos que fortalecen el Registro Nacional y que son del conocimiento público”, expresó Hernández García.

El funcionario también destacó el caso Ayotzinapa, en el que 43 normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Hernández García expresó que Ayotzinapa “sigue siendo una prioridad del Estado mexicano, no se ha escatimado ni se escatimarán esfuerzos hasta lograr la memoria, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias en este caso que tanto lacera a la sociedad mexicana”.