México acumula más desapariciones: 2023 rompió récord con 11 mil 923 víctimas

México cerró el 2023 con su cifra más alta de desapariciones, al reportar, de enero a diciembre, 11 mil 923 víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El RNPDNO abarca las desapariciones ocurridas desde el año 1961 y se actualiza diariamente. Así que en 2023 se tuvo un récord histórico, que además representa un aumento del 155% con respecto a 2013, cuando se reportaron 4 mil 671 víctimas. 

“Tener una cifra récord de desapariciones casi al final del sexenio (de Andrés Manuel López Obrador) da claridad del gran hoyo, esa gran ausencia que ha habido de este gobierno, que ha dado muestras claras de no saber realmente qué hacer, mientras la situación de desapariciones se mantiene”, dice en entrevista Martín Villalobos Valencia, del colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. 

La cifra de personas desaparecidas en México ha aumentado gradualmente en los últimos 10 años. La primera vez que se rompió un récord fue en 2019, con 9 mil 81 víctimas. Pero el repunte más alto se dio de 2022 a 2023, al pasar de 9 mil 77 víctimas a 11 mil 923.

Las mismas cifras oficiales de la CNB indican que, desde que se tiene registro, cinco estados acumulan la mayoría de casos de personas desaparecidas y no localizadas, siendo Jalisco el que encabeza la lista con 14 mil 927 víctimas, seguido de Tamaulipas (12 mil 931), Estado de México (12 mil 212), Veracruz (6 mil 966) y Ciudad de México (6 mil 934).

Edgar Cortez, coordinador de proyectos de la organización Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señala que a la situación de desapariciones se suma la crisis forense, que hasta 2023 mantenía a más de 52 mil personas sin identificar, de acuerdo con estimaciones de familiares y colectivos. 

“Hasta ahora tampoco vemos que haya una estrategia clara del proceso de identificación de todos esos restos, aun cuando la hipótesis es que esas 52 mil personas seguramente corresponden a un número igual de personas desaparecidas, tengan o no reporte de desaparición, pero que son buscadas por sus familias”, explica a La-Lista. 

Edgar Cortez y Martín Villalobos reconocen que si bien ha habido esfuerzos de la actual administración para hacer frente a la situación, las estrategias se quedan “cortas” ante una realidad en la que las desapariciones van en aumento.

“El gobierno tiene la oportunidad de construir y fortalecer algunas cosas en esta última etapa del sexenio, pero por el contrario están dando saltos enormes hacia atrás que no hacen más que acentuar la crisis”, expresa Villalobos.

Censo deficiente y sin claridad

El 2023 fue uno de los años más complicados en materia de desapariciones, primero por la renuncia de Karla Quintana, quien era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la renuncia de Alejandro Encinas, quien estuvo al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos casi todo el sexenio. El año pasado también se hizo un nuevo censo que redujo la cantidad de víctimas de desaparición reconocidas por el gobierno.

En diciembre de 2023, el gobierno de López Obrador afirmó que de 110 mil 964 reportes en el RNPDNO, solo 12 mil 377 (11%) eran casos confirmados de desaparición. El resto, indicó, correspondían a: 

• Personas localizadas (16 mil 681, 15%).
• Personas ubicadas (17 mil 843, 16%).
• Registros sin datos suficientes para identificar (26 mil 90, 24%).
• Registros sin indicios de la búsqueda (36 mil 22, 32%).

Además, en un intento por defender este “nuevo censo”, el mandatario federal acusó a Karla Quintana y a la Comisión Nacional de Búsqueda por atribuir a su administración una cifra mayor de desaparecidos en comparación a otros gobiernos. 

“A pesar de este intento por reducir la cifra, y si bien en este sexenio se crearon fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana, entre otras acciones, las cifras muestran que nada de lo que se ha hecho ha dado resultados tanto para frenar las desapariciones como para identificar los restos de las personas”, puntualiza Edgar Cortez. 

El activista considera que las deficiencias están en que se ha desarrollado una gran cantidad de acciones que no están articuladas entre sí y que sirven solo para “aparentar” que hay un esfuerzo por buscar a los desaparecidos. 

Respecto al censo presentado por el gobierno, Cortez considera que hay dudas sobre la metodología y categorías que se emplearon para clasificar los casos, cuando estos son proporcionados por las propias comisiones de búsqueda y fiscalías estatales. Además, plantea, ¿cuáles tendrían que ser los pasos a seguir en los casos que fueron clasificados como “información insuficiente para identificar” o “sin indicios de la búsqueda”, que representan un alto porcentaje?

“Ante las categorías que presentó el gobierno una pregunta obligada es ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo y cuál va a ser la forma para subsanar esas deficiencias?”, señala Cortez. 

Para Martín Villalobos –tío de Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida el 14 de diciembre de 2004 en la Ciudad de México–, el censo presentado por el gobierno demuestra que “los números no les cuadran”. 

“No sabemos si las cifras en sexenios anteriores fueron maquilladas o de plano no hubo ninguna voluntad por generar registros, pero sí sabemos que las cifras que hoy se presentan son subregistros, porque no hay condiciones para denunciar los casos e iniciar las búsquedas, y porque la realidad ha rebasado, por mucho, cualquier registro del gobierno”, enfatiza. 

Estrategias a largo plazo 

Afrontar la situación de personas desaparecidas y sin identificar en México requiere de una estrategia articulada y a largo plazo, pues es una crisis que se viene arrastrando desde hace más de dos décadas y las acciones implementadas son relativamente recientes. 

México ya cuenta con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, con comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, unidades de investigación y centros de identificación forense, pero, refiere Edgar Cortez, cada una de estas acciones parece trabajar por su propia cuenta. 

“Falta coordinación entre todas las instituciones para que las acciones sucedan efectivamente. El problema de la desaparición, y lo hemos visto en otros países, requiere de una atención a largo plazo, pero hablamos de décadas, no de sexenios, y hablamos sobre todo de inversión, se requiere de mucho dinero”, enfatiza Cortez.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Paquete Económico 2024 contempla un presupuesto de mil 149 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) –casi igual a lo destinado en 2023–, es decir, alrededor de 10 mil pesos por persona desaparecida. A este gasto se debe sumar el análisis forense y la identificación de restos. 

Martín Villalobos puntualiza que además del presupuesto es necesario fortalecer lo que hasta ahora se ha construido en materia de desaparición y, sobre todo, no tratar de desmantelar organismos como la CNB, “porque al final todo es esfuerzo de las familias”. 

Ante la falta de una estrategia eficiente, el esfuerzo por encontrar a las personas desaparecidas ha recaído directamente en sus familiares, que armados con palas y picos escarban en la tierra encontrando a su paso un sinfín de restos óseos. Mientras que la “deuda” del gobierno se acumula. 

“El gobierno tiene una gran deuda con la sociedad, porque el tema de las desapariciones nos impacta a todos, no es un tema aislado, es el resultado de diferentes situaciones que se viven en el país en materia de seguridad, de procuración de justicia, impunidad. Y las cifras nos hablan de decisiones políticas equivocadas”, concluye Martín Villalobos.