Las huellas de la Guerra Sucia: 8,594 víctimas entre 1965 y 1990, revela el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico
"Está en manos de la Segob reconocer lo que tenemos frente a nosotros y decidir si el presidente se disculpa públicamente y reconoce la responsabilidad del Estado”, dijo el comisionado Carlos A. Pérez Ricard en la presentación del informe final.
"Está en manos de la Segob reconocer lo que tenemos frente a nosotros y decidir si el presidente se disculpa públicamente y reconoce la responsabilidad del Estado”, dijo el comisionado Carlos A. Pérez Ricard en la presentación del informe final.
El periodo de la Guerra Sucia fue un capítulo de violencia extrema en México, cuyas dimensiones no se conocían con exactitud. Hoy se tiene una aproximación: 8,593 personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990. Durante estos años, miles enfrentaron detenciones arbitrarias, prisiones por motivos políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y transitorias, masacres, tortura y violencia sexual, violencia reproductiva y exilio. Algunos vivieron varias de estas violencias, mientras que otros las sufrieron de manera repetida.
Esa es la principal conclusión del informe final de la colección Fue el Estado (1965-1990), elaborado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que trabajó durante dos años con dos objetivos: esclarecer y construir una verdad social sobre el periodo de 1965 a 1990, cuando el Estado mexicano implementó una política contrainsurgente contra miembros de organizaciones político-militares, disidencias político-partidarias, movimientos estudiantiles y obreros-sindicales. Sin embargo, no fueron los únicos blancos de esta violencia ideológica y política.
La represión del Estado no se limitó a ciertos sectores. Las víctimas de violaciones graves incluyeron niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, indígenas, afromexicanas, personas de diversas identidades sexuales y comunidades enteras. Cada grupo sufrió de manera diferenciada, según su género, edad, etnicidad y situación socioeconómica.
Las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, así como los militantes de movimientos urbano-populares, enfrentaron violencia derivada de políticas de desarrollo impuestas. También fueron blanco de represión las disidencias político-partidarias, las personas de la comunidad sexo diversa, los periodistas, los refugiados en la frontera sur de México y los habitantes de zonas afectadas por el combate al narcotráfico. Además, las violaciones alcanzaron a personas marginadas y criminalizadas por su vulnerabilidad, miembros de disidencias religiosas e incluso a integrantes de las propias fuerzas armadas y policiales.
En total, 11 grupos de víctimas experimentaron 11,743 violaciones graves a los derechos humanos que hasta ahora habían permanecido ocultas. “Los medios coercitivos del Estado no sólo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal”, concluye el informe presentado este viernes en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
El informe, presentado por tres de los cuatro comisionados del mecanismo –Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart–, detalla de manera exhaustiva casos de violaciones graves a los derechos humanos contra estos grupos de víctimas.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico inició sus labores a principios de 2022, tras la firma del decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 6 de octubre de 2021. A partir de este decreto se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990. La misión era esclarecer la verdad, impulsar la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.
Hoy se presentó el informe sin la presencia de algún funcionario del gobierno federal y con una denuncia específica en sus páginas: se negó el acceso a archivos cruciales. Entre ellos, los de la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, el Estado Mayor Presidencial, las Agencias de Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, así como los documentos de embajadas y consulados y del Poder Judicial de la Federación. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bloqueó la revisión de la documentación identificada como relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
“Ni siquiera cuando las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron favorables a la transparencia y la entrega de documentación, las instituciones cedieron. Hasta el momento de escritura de este informe, la Sedena ha sido omisa en la entrega de la documentación que esta Comisión de la Verdad le requirió, lesionando así los derechos a la verdad, y la justicia, de cientos de víctimas del periodo”, subraya el informe.
“Fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos”, dijo durante la presentación el comisionado Pérez Ricart, quien además denunció que integrantes del grupo de trabajo fueron “maltratados” para no acceder a los archivos de la Defensa Nacional.
El mecanismo señala que México debe seguir avanzando en el acceso a la información pública en manos de sujetos obligados, especialmente en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado por agentes estatales. Según el informe, “será crucial reformar el marco jurídico vigente que ha permitido a instituciones como la Sedena ser omisas en la entrega de documentación”.
El informe, estructurado en seis volúmenes y basado en el testimonio de mil 139 personas, revela cómo la estrategia contrainsurgente se extendió por vastas regiones rurales, con el propósito de socavar las bases guerrilleras, desmantelar las luchas por los derechos agrarios y consolidar el control territorial. Esta táctica no se limitó al ámbito rural, también impactó profundamente en los entornos urbanos.
El equipo de trabajo del mecanismo identificó patrones que se enmarcan dentro de la lógica contrainsurgente. Por ejemplo, observaron que el circuito de detención, tortura y desaparición se aplicó principalmente contra las organizaciones político-militares y sus bases rurales en comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas. Además, el desplazamiento forzado interno, asociado a detenciones, desapariciones y violencia sexual, se utilizó como estrategia principal para resolver conflictos de tierra en el contexto de la lucha contra disidencias religiosas en Chiapas.
Además de cuantificar el número de víctimas y los patrones sistemáticos de graves violaciones a los derechos humanos, el mecanismo identificó responsabilidades específicas que no se limitan al Ejército mexicano y la Dirección Federal de Seguridad. “Los hallazgos revelan un panorama más complejo, que va más allá de los sospechosos habituales y evidencia a una variedad de actores que formaron las redes que sustentaron la institucionalidad represiva del Estado mexicano”, según el documento.
Según el mecanismo, las responsabilidades por las violaciones sistemáticas con frecuencia se vinculan a estrategias coordinadas y centralmente articuladas, donde la cadena de mando apunta al titular del Ejecutivo o a la Secretaría de Gobernación. Entre las instituciones del Estado mexicano responsables de graves violaciones a los derechos humanos se encuentran el Estado Mayor Presidencial, el Poder Judicial, las procuradurías, los ministerios públicos, las agencias de inteligencia, las fuerzas policiales federales y locales, y el sistema penitenciario.
Los responsables incluyeron instancias federales y subnacionales, actores paralegales, y actores privados que se beneficiaron de la violencia estatal. Además de estructuras civiles como sindicatos oficialistas, partidos, empresas, organizaciones religiosas y medios de comunicación, también se identificaron grupos paramilitares, caciques locales y agencias extranjeras como la CIA, el FBI y la DEA.
La violencia estatal fue sistemática y generalizada, “no fue casualidad, no fueron algunas manzanas podridas como se dice ahora del Ejército sino que había un plan realmente y la estructuración de un Estado para cometer estas violaciones y para atacar de manera sistemática a distintas disidencias”, dijo David Fernández, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Según el mecanismo, no hay garantías de que las violaciones no se repitan, ya que las estructuras de represión, violencia y procuración de justicia permanecen intactas. “No tenemos garantía de que esto no vuelva a ocurrir”, advirtió Fernández.
De acuerdo con Pérez Ricard, la Secretaría de Gobernación debe enfrentar la realidad del informe. “Está en manos de la Segob reconocer lo que tenemos frente a nosotros y decidir si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) se disculpa públicamente y reconoce la responsabilidad del Estado”, añadió el comisionado, quien señaló que ni siquiera investigando 30 años se puede llegar al número exacto de víctimas.
“Desde aquí sumamos nuestras voces a las de las víctimas de entonces y a las de ahora, a las de las y los sobrevivientes, a las de los colectivos y de la sociedad, para decirlo fuerte y claro: Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década atrás”, resume el informe.
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