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Economía

Cofece interpuso controversia constitucional contra la reforma eléctrica de la 4T

La aplicación de un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (conocida como #LeyCombustóleo) fue frenada el mes pasado desde el poder judicial.

Foto: Shane Rounce/Unsplash.com

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La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma energética que promovió el Ejecutivo por atentar contra la competencia del sector en el país.

La aplicación de un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (conocida como #LeyCombustóleo) fue frenada el mes pasado desde el poder judicial.

La Cofece afirmó, en un comunicado, que la controversia que promovió ante la Suprema Corte se debe a que el decreto aprobado en el Congreso, es contrario a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución “que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”.

También lee: Personaje del mes | Juan Pablo Gómez Fierro, el juez que frenó la #LeyCombustóleo

De acuerdo con la Cofece, el Decreto del Ejecutivo que se impugna, entre otras cosas:

  • Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
  • Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.
  • Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.
  • Permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.

Los riesgos de que se aplique el decreto, dice la máxima autoridad en competencia del país, atentan contra las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, “lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”.

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