Personaje del mes | Juan Pablo Gómez Fierro, el juez que frenó la #LeyCombustóleo

La nueva Ley de la Industria Eléctrica se hizo oficial el 9 de marzo, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación tras ser aprobada por el Congreso. Entraría en vigor al día siguiente y la reglamentación para su puesta en marcha estaría lista a más tardar en 180 días. Los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer y dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas parecían una realidad, pero el 11 de marzo la ruta cambió.

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El Poder Judicial detuvo la contrarreforma a la industria eléctrica, conocida como #LeyCombustóleo impulsada por el mandatario. Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron la reforma. Fue el inicio de un encontronazo entre el Poder Judicial y López Obrador.

Más allá del escándalo y las reacciones inmediatas entre la clase política, La-Lista escogió al juez Gómez Fierro como su personaje del mes por el alcance en sus resoluciones que impactan en otros ámbitos de interés nacional: el ejercicio del derecho, la independencia del Poder Judicial, así como los límites del presidencialismo sobre la propia Constitución.

Desde el inicio, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica obtuvo fuertes cuestionamientos políticos por el precipitado proceso legislativo en que fue aprobada. Se criticaron las faltas sobre el control constitucional y las deficiencias en la técnica jurídica, así como la ausencia de voces de la sociedad civil, grupos ambientalistas y el sector privado.

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Los empresarios del ramo energético amagaron con defenderse a través de amparos. Prometieron una ola de juicios para defender sus inversiones y lo cumplieron.

Durante la primera semana, Gómez Fierro otorgó suspensiones provisionales a 12 empresas de generación de energía limpias. Entre ellas, Eoliatec del Pacífico, Parque Solar Orejana, Energía y Proyectos Eólicos, Eólica Santa Catarina, Parque Eólico Reynosa III, Termoeléctrica del Golfo, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Eólica de Guanajuato, FV Mexolar 1, Recursos Solares PV, Sky Eps Supply SM y Tala Electric. Además amplió la medida cautelar: concedió suspensiones definitivas mientras se tramitan los amparos sobre el tema.

El 15 de febrero pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en los términos propuestos la iniciativa. Ya que, dijo, podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. Dichos criterios contemplados por la ley constituyeron los argumentos del juez Gómez Fierro.

“Al Juez Segundo de Distrito en Materia de Competencia Económica con sede en la capital no le tembló la mano para decidir, conforme a derecho y los elementos del caso más relevante de su carrera hasta ahora, suspender una ley que vulnera principios reconocidos por la Constitución”, dice Enrique Rodríguez, abogado y consultor. “Sus determinaciones dignifican la imparcialidad y la autonomía a la que están obligados los impartidores de justicia de cualquier jerarquía en un contexto de asedio por parte del Ejecutivo Federal“.

Detrás de la decisión del juez Gómez Fierro se tensó la vigencia del propio derecho de amparo y la protección en contra arbitrariedades provenientes de la autoridad.

Hoy las medidas cautelares contra la ley se extienden a 102 empresas y organizaciones ambientalistas. Algunas las ha otorgado Gómez Fierro y otras Rodrigo de la Peza López Figueroa, quien se desempeña Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Ambos coinciden en el fallo.

Con 37 años de edad, Gómez Fierro atrajo los reflectores. “Ganó notoriedad y reconocimiento nacional al convertirse en blanco de las descalificaciones del propio presidente de la República, diversos funcionarios y legisladores que cuestionaron la suspensión resuelta en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por la llamada Cuarta Transformación”, dice Enrique Rodríguez.

Fue el 15 de marzo cuando el presidente López Obrador cargó los dados. Dio a conocer una carta dirigida al ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que pidió investigar la actuación de Gómez Fierro para saber si tenía alguna relación con intereses corporativos. Denunció: “alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen  que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentísimo”.

Horas después, el ministro Zaldívar respondió a los señalamientos presidenciales. Sí iniciaría la investigación solicitada, pero acotó: “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y el Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”. Nadie lo notó. Pero la carta no sólo no reconoció la labor del CJF para limpiar al Poder Judicial de magistrados y jueces corruptos o violentos, además circunscribió viejas rencillas que la presente administración federal inició luego del proceso impugnaciones a la ley de austeridad.

“Gómez Fierro ha sido objeto de ataques por sus decisiones, pero en mayor número de felicitaciones por parte de asociaciones de abogados litigantes, académicos y especialistas que lo reconocen como el prototipo de juez digno, preparado y honesto que requiere nuestro país“, destaca Rodríguez.

Gómez Fierro es originario de San Luis Potosí. Tras concluir sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos humanos en la Universidad Panamericana. En 2002 inició su carrera judicial.

Fue actuario y secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado, posteriormente secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia dentro de la ponencia del ministro Fernando Franco González Salas, “reconocido dentro del tribunal cconstitucional como un gran formador de talento dentro del Poder Judicial de la Federación“, describe Enrique Rodríguez.

Sin mayor margen de acción, el presidente López Obrador amagó por la vía política que se abriera un criterio de excepcionalidad para mantener la vigencia de su reforma. Durante su conferencia de prensa matutina aseguró que si el poder judicial determinaba que la nueva ley se suspendiera definitivamente, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución. Con ello sortearía controles constitucionales vigentes, como los ocurridos con las resoluciones de los jueces Gómez Fierro y De la Peza López Figueroa.

Hasta el momento, la defensa jurídica del gobierno federal pelea en los tribunales para lograr que al menos una de las suspensiones sea desechada. Los tribunales colegiados a los que ha recurrido, siguiendo las contradicciones y el propio criterio de constitucionalidad, han manifestado su negativa a echar abajo las suspensiones otorgadas por los jueces especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.