‘Ley combustóleo’: bomba de tiempo que une a empresarios y oposición

Menos de 48 horas después de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, empresarios mexicanos y foráneos arremetieron contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La polémica comenzó a primeras horas del pasado jueves luego de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) notificó la suspensión temporal para que la llamada “Ley Combustóleo” entrara en vigor.

El decreto que pretende proteger y dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las compañías privadas, logró unir al sector empresarial en un rechazo generalizado que se une a la oposición política. Incluso logró reacciones en el Comité Coordinador Empresarial (CCE), representado por Carlos Salazar Lomelí, quien ha mantenido una posición negociadora ante la llamada Cuarta Transformación.

Dos sociedades de producción energética fueron las primeras encargadas de soltar el zarpazo jurídico. En primer lugar, Parque Solar Orejana, ubicada en el estado de Sonora, propiedad de Zuma Energía y filial de la multinacional China Power International Holding Limited. La segunda es Eoliatec del Pacífico ubicada en el estado de Oaxaca, de capitales mexicanos y representada por el empresario Eduardo Zenteno.

Se habla también de dos amparos promovidos y obtenidos por EDF y Naturgy y más que vienen en camino en lo que industriales de Nuevo León acuñaron como “un tsunami de amparos“.

Las primeras “suspensiones provisionales”, forman paquete del primer paquete de embestidas judiciales que la iniciativa privada prometió contra la también conocida “Ley Combustóleo”. El segundo encuentro judicial de gran magnitud que los empresarios mantienen contra políticas de la actual administración federal, después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en Texcoco y la Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Base Aérea de Santa Lucía.

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Después de presentar tres los amparos 118/2021 y 119/2021, y su acumulado 120/2021, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México decidió ampliar las “garantías” a los demás empresarios que tramiten amparos pues de lo contrario “podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector”.

El principal cambio legal de la reforma es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La acción judicial provocó reacciones entre los demás miembros de la comunidad empresarial dedicada y en el sector la representación jurídica.

El pasado 3 de marzo, el presidente del CCE, Salazar Lomelí, lamentó que las empresas privadas fueran excluidas del debate de la reforma eléctrica. “No se nos ha permitido exponer nuestro punto de vista, poder llevar argumentos sólidos que tengan criterio económico y técnico. No lo logramos pero seguiremos insistiendo”, afirmó en vísperas de que el Senado de la República votara la ley.

“Un mes de plazo”

Un día después, empresarios de Nuevo León, agrupados en la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), expresaron su rechazo a misma y anunciaron que emprenderán una defensa legal a través de amparos para protegerse contra sus efectos pues, consideran, afectan la inversión y el medio ambiente. La-Lista consultó a agremiados de la Caintra quienes adelantaron que tienen un mes para impugnar  la vigencia del mencionado decreto.

Apenas el pasado miércoles, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban  una ola de amparos contra la reforma porque señalaron que viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución mexicana.

La-Lista consultó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien en eel pasado mostró su molestia por la construcción del AIFA, declinó ofrecer comentarios sobre la resistencia legal que ofrecerán sus representados. No obstante, adelantaron que los despachos de energía y litigio se encuentran a la espera de planear rutas para intervenir.

Por su parte, la International Chamber of Commerce de México (ICC), emitió un comunicado en el que manifestó que el Poder Judicial de la Federación ha “reaccionado en sentido positivo y cumplido las expectativas” de sus empresarios agremiados. “La reforma podría producir daños irreparables al medio ambiente e impedir que México cumpla sus múltiples compromisos internacionales en el combate al cambio climático, ya que desincentiva la producción de energías limpias y fomenta la operación de centrales convencionales”, manifestó.

El frente político

Entre los frentes que también han plantado su oposición a la llamada “Ley Combustóleo”, se encuentra el de los gobernadores y los partidos políticos de oposición. Estarían por impugnar la ley por vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De entrada, los mandatarios de Jalisco y Tamaulipas, Enrique Alfaro de Jalisco y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, han solicitado a las áreas jurídicas de sus respectivos gobiernos que presenten recursos de inconstitucionalidad.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que recurrirán a la SCJN con el fin de impugnar el proceso legislativo mediante el cual fue aprobada la Ley de la Industria Eléctrica. “Morena aprobó sin moverle una coma la Ley de la Industria Eléctrica como se les instruyó y con esto se negó a darle energías baratas y limpias a las familias. Las y los senadores del PAN seguiremos luchando contra la #LeyCombustóleo en la Suprema Corte”, manifestaron.

Fuentes al interior de dicho instituto político, confirmaron que los legisladores Oscar Eduardo Ramírez y Julen Rementería analizan acciones en coordinación con el presidente nacional de su partido, Marko Cortés.

En días pasado la empresa española Iberdrola, asesorada por el despacho jurídico White and Case, anunció que se subirá a la ola de amparos. El conflicto podría alcanzar tintes políticos, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a la empresa como “corrupta” después de que en 2016 una firma asociada contrató como asesor al expresidente Felipe Calderón.

López Obrador recientemente anunció la suspensión de contratos de la Comisión Federal de Electricida (CFE) que favorecían a dicha compañía, lo que derivó en la creación de la mencionada reforma, la impugnación pública a los hechos de corrupción del pasado así como el fin de los privilegios para las compañías privadas sobre los “intereses de la nación”.

En otro frente, La Barra de Abogados de Nueva York, reclamó a AMLO obstaculizar el estado de derecho mexicano, al acusar de “traidores” a los litigantes que representen a empresas extranjeras, particularmente a aquellas compañías que se oponen a la Ley de la Industria Eléctrica y que buscarán tramitar amparos.

“Las declaraciones del presidente López Obrador han alarmado a la comunidad jurídica de México, así como a la comunidad jurídica internacional”, señaló la organización en una publicación de Law International. La Barra de Abogados de Nueva York señaló que el pasado 22 de febrero, el presidente mexicano llamó “traidores” a los especialistas en derecho por prestar sus servicios a empresas que operan en el país con capital foráneo.