¿Abogados AMLOvers? Viene tsunami de amparos por #LeyCombustóleo

El presidente Andrés Manuel López Obrador está a un tris de convertirse en el mejor amigo de los abogados de empresas energéticas. Sí, estos personajes a los que ha denostado en sus conferencias matutinas. Lo más reciente fue el 22 de febrero, cuando el presidente dijo que los abogados mexicanos que defiendan a empresas extranjeras que se oponen a la reforma eléctrica están cometiendo traición a la patria.

Los abogados se defendieron ese mismo día, y exigieron al gobierno garantizar sus funciones, las cuales se realizan dentro del estado de derecho de “las democracias modernas”, como lo puso el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Pero ante la decisión de la aplanadora morenista en el Congreso de la Unión, los abogados deben estar de plácemes, tanto en lo colectivo como en lo particular. ¿La razón? La serie de juicios que se aproximan ya sea por amparos o por demandas en contra del gobierno por La llamada #LeyCombustóleo. Es decir, la serie de cambios a la ley energética que modifican al sector, tanto para productores privados de energía como para consumidores de alto nivel y que tiene su principal salida en cómo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) distribuye la electricidad, dando prioridad a lo que genere CFE a partir, sobre todo, de combustibles fósiles.

Diversos jugadores avizoran demandas y amparos en contra de las medidas aprobadas en el Senado. Estas irían desde controversias constitucionales en el seno de la Suprema Corte de Justicia, a demandas en el marco del T-MEC y que podrían radicarse también en la Corte Internacional de Comercio, donde, por cierto, se han ido acumulando demandas en contra de México.

Ya en el webinar que transmitió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el día de ayer se comenzaron a desgranar las voces y las formas de las estrategias legales que tomarán las empresas a partir de que el Ejecutivo proclame lo que el Congreso de la Unión aprobó.

A partir de ello, ya se alistan los recursos legales, tanto de empresas en particular como por gremios, e inclusive partidos políticos, como el PAN, que subirá su recurso a la SCJN.

De hecho, como reportó ArgusMedia, hay de inicio más de 500 empresas mexicanas y extranjeras que planean amparare en contra de la reforma. De acuerdo con el medio especializado, Adrián Sada, CEO de Vitro y presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), dice que se espera “un tsunami de amparos” pues la reforma “viola muchos derechos de prácticamente todas las industrias pequeñas, medianas y grandes”.

Las quejas irían en el sentido de que la reforma viola aspectos de la Constitución mexicana en áreas como la competencia y la protección ambiental. En este sentido, vale la pena recordar que la Cofece advirtió al gobierno que de pasar su iniciativa se pondrían en riesgo la competencia en la generación y la distribución de la energía y sería un factor en contra de la economía de las personas y las empresas ante una escalada de precios en todo sentido.

Con esto en puerta, los abogados preparan ese tsunami de recursos, con los cuales no es seguro que proceda la reforma, pero sí el alto a inversiones y la probable pérdida que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas calcula en más de 1 billón de pesos.