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Entrevista

“La pandemia fue la excusa de los grupos armados para ejercer el control social”: Indepaz Colombia

En 2020 se batió el récord de asesinatos a defensores de los derechos humanos en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, con 310 muertos.

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En mayo de 2020, el diario The New York Times sacó la célebre portada con los nombres y apellidos de fallecidos por Covid-19. Un mes después, el colombiano El Espectador hizo lo mismo, pero con los defensores de derechos humanos asesinados desde el Acuerdo de Paz de 2016.

Desde entonces, la cifra anual de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos ha ido en aumento hasta llegar al récord de 310 en 2020, acumulando un total de 1,156, según el registro de la organización Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A ellos, se le suman las masacres y los asesinatos de los firmantes del acuerdo. El marcador de estos últimos acumula más de 224 hasta la fecha.

El acuerdo acabó con la guerra con el grupo armado de las FARC, pero activistas y organizaciones atribuyen el aumento a la violencia a la baja y mala implementación de los compromisos, así como al vacío de poder que dejó el grupo guerrillero.

La ausencia del Estado en esas zonas dejó libre el campo de batalla para los diferentes grupos armados que se las disputan. Las organizaciones sociales de campesinos e indígenas son las principales víctimas, se han convertido en defensores de sus territorios.

“El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, señaló en un comunicado el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

La-Lista habló con el coordinador de proyectos de Indepaz, Leonardo González, sobre las causas que han llevado al aumento de los asesinatos en estos casi cinco años. Asegura que la pandemia dio más poder a los grupos armados para el control de las comunidades y la fácil localización de los líderes en sus casas.

Foto: Programa Somos Defensores / Facebook.

La-Lista: ¿Por qué el año pandémico fue tan letal para los líderes sociales?

Leonardo González: Pensábamos que la pandemia iba a bajar la violencia porque tendríamos a estar en casa, pero la ilegalidad no se cuida. 

La pandemia fue la excusa para ejercer el control social por parte de los grupos armados por medio de la violencia. Son famosas varias masacres de jóvenes que iban en la calle durante el toque de queda.

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Y también, (la pandemia sirvió) para encontrar mas fácilmente a los líderes sociales. Las comunidades se defienden por medio de guardias campesinas, indígenas o cimarronas, en el caso de los afrodescendientes. Son guardias civiles no armados, que tienen radios y alertan de la presencia de grupos armados. Esas guardias tuvieron que resguardarse en especial, de marzo a junio, y ahí es donde más se presentaron muertes de líderes sociales. 

¿Cuáles son las principales causas de la violencia creciente?

Desde 2016, con 132 homicidios, se ha ido agravando por varias razones. Cuando se fueron las FARC y no llegó el Estado a controlar el territorio, llegaron otros grupos armados. Hoy hay disputas territoriales por ganancias de mercados lícitos e ilícitos: extorsión a petroleros, minería ilegal, madera y muchas de las rentas que se pueden generar en un territorio rico. 

En medio de las disputas entre grupos armados está la población civil y quién se oponga a la presencia de un actor armado o esté a favor de la implementación de los Acuerdos de Paz, quedan afectados por esta violencia.

¿Cómo va la aplicación del Acuerdo de Paz?

Faltan implementar puntos. Todos van encaminados a reducir la violencia y a resocializar y acompañar a las víctimas.

En el tema de tierras, el punto 4 contempla un acuerdo con campesinos cocaleros. El Estado les dijo que iba a subsidiarlos si arrancaban ellos mismos la matas de coca, para tener ingresos por dos años y garantizar la transición a otro cultivo.

Pero el Estado ha cumplido menos del 10% de su promesa de reemplazar cultivos ilícitos por lícitos. Por el contrario, el cultivo de coca ha subido en hectáreas porque está hoy más barata, porque en Estados Unidos está entrando mucha, y por el aumento del valor del dólar, que hace que sea más costoso producir. 

¿Qué razones les llevan a cultivar coca?

Hay muchos factores. Cuando sacan una semilla de café, de papa, etcétera, les cuesta mucho llegar a venderla porque no hay buenas carreteras ni buena infraestructura. El narco va hasta el campo y les compra el producto, no necesitan carreteras e incluso les dan el préstamo

¿Qué rol tiene el narcotráfico en este auge de violencia?

Los grupos armados tienen presencia en una zona para prestar seguridad a diferentes intereses. Uno de ellos es el narco, probablemente el que más dinero dé. Les garantizan que no rebajarán la calidad del producto y el transporte para que llegue a México. Gran parte de esos grupos dependen del cártel de Sinaloa y Tijuana y entre ellos se disputan las rentas del narco y de otros intereses en cada territorio.

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(Además del narco), cada departamento tiene otras riquezas y rentas, como la extorsión a empresarios de palma aceitera. Entonces, los grupos armados son punta de lanza de una mafia mucho más grande.

Se habla también de paramilitares, ¿a quiénes se refiere el término exactamente?

El paramilitarismo es un término que se refiere a grupos que tienen vínculos con ejército y la fuerza pública. Nosotros los llamamos narcoparamilitares para dar énfasis en lo narcótico y el negocio de droga. 

Podríamos decir que hoy en Colombia hay o grupos guerrilleros o paramiliares. De guerrilleros casi no hay, por mucho, el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Cuando (esos grupos) se alejan de la ideología política, se comportan como paramilitares ante la comunidad.

¿Quiénes son los principales responsables de los asesinatos y masacres?

La gran mayoría, aproximadamente un 60%, no se sabe porque se utiliza mucho el sicariato en zonas donde hay tres o cuatro grupos, entonces cualquiera puede ser. Además, hay líderes que defienden el territorio por el uso de agua, pero también en contra de la presencia de grupos armados, y por cualquiera de esas defensas lo pueden matar. 

La fiscalía tiene investigaciones muy pobres para el esclarecimiento. Un 9% de los casos tienen sentencia. El resto, están en impunidad, entonces no podemos decir qué grupo fue. De los casos que sí se sabe, la gran mayoría son de paramilitares, le siguen grupos de disidencias —los que no cumplieron con el Acuerdo de Paz, unos 3,500 individuos—  o el ELN.

Foto: Programa Somos Defensores / Facebook.

Human Rights Watch da recomendaciones a varias instituciones, ¿cuál de ellas urge que actúe de forma más inmediata?

No hay voluntad política para investigar a los autores intelectuales, solo se llega a los autores materiales, que son los grupos armados y hay poca sentencias. Policías y militares hay pero en algunas zonas no se pueden quedar porque no hay carreteras ni casas. 

La fiscalía tiene una unidad especial para la investigación de homicidio de líderes, pero lo que hace es agarrar las cifras más bajitas, que son las de Naciones Unidas (ONU), e investiga sobre esos casos, entonces deja muchas víctimas afuera. La misma ONU reconoce que son cifras parciales. Además, no está en todos los territorios, no está en las zonas más violentas porque los matan

También señala a Unión Nacional de Protección (UNP) y Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SATDP), dos mecanismos para la protección de los derechos humanos del Gobierno. ¿Cómo los valoran?

La UNP evalúa el riesgo y presta atención y protección individual. Por ejemplo, si alguien está amenazado le dan un celular, un chaleco antibalas, que sirve de poco. Si les ponen un carro blindado con escolta, sirve un poco más pero también los han asesinado con carro y escolta.

El SATDP se creó para generar una alerta de lo que pueda suceder. Hasta la emisión de alertas tempranas funcionó bien, pero las alertas tienen recomendaciones a las entidades del Estado —el ejército, el alcalde— pero no las acata. Entonces, las alertas tempranas se convierten en alertas de premonición. Muchas masacres y muertes de líderes ya fueron alertadas. Hace 5 minutos recibí una por WhatsApp.

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¿De qué informa?

Es el comunicado del cabildo mayor de la comunidad del Palmar. El día 31 aparecen banderas y un cilindro bomba del ELN en su territorio. Ayer (el jueves 1), estaba reunida la comunidad indígena, llegaron cuatro personas en dos motocicletas y los dispararon. La comunidad no salió corriendo sino que los enfrentaron y les quitaron las motos. Es una locura. Están acostumbrados a eso. Les quemaron las dos motos, con lo que vendrá una represalia. 

¿Qué soluciones proponen?

Urge que se implemente el Acuerdo de Paz, es lo más importante. Además, falta presencia integral del Estado, en salud, en justicia, etc. Estamos hablando de seguridad humana y eso implica la pervivencia de las comunidades, no solo los líderes, y hoy solo se está pensando en los líderes.

¿Cómo influyó la transición de Juan Manuel Santos a Iván Duque en la presidencia?

Mucho. El presidente Santos dejó instalada la institucionalidad y no implementó mucho en lo práctico. Iván Duque está acabando con la institucionalidad y no está haciendo implementación sino simulación de implementación. Se construyen escuelas y dicen que eso forma parte del proceso de paz. 

No hay nuevos recursos sino que se recortan, por ejemplo, los de la jurisdicción para la paz. La misma unidad especial de la fiscalía tiene poquitos fiscales con muchos casos; la comisión de diálogo permanente para implementar el acuerdo con FARC, no está funcionando, y así en diferentes rubros.

¿Qué beneficios ha traído el acuerdo hasta ahora?

Muchos. Por ejemplo, se ha mermado el secuestro, el desplazamiento forzado ahora está subiendo pero había bajado. También las minas antipersonas, son muchas las cosas positivas que trajo el Acuerdo de Paz, no tanto por la implementación por parte del gobierno sino por la ausencia de guerra

¿Se esperaban esta violencia en 2016?

Para nada, estábamos súper positivos. Cuando se firmó el acuerdo, pensamos que se pasaría esa hoja de violencia, pero sí temíamos que los efectos de ese acuerdo podían ser graves y pueden ser mucho más graves. Todavía hay tiempo para mejorar las cosas.

Foto: Programa Somos Defensores / Facebook.

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