El 8 de junio de 2022, en su cumpleaños 38, Alna fue liberada del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Cuando cruzó la puerta, abrazó a su mamá, su hermana y su hija, quienes la estaban esperando. 

Estuvo 16 años en prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. Le habían dictado una primera sentencia de 17 años seis meses pero apelarla fue contraproducente porque la sanción penal aumentó a 20 años. 

Desde diciembre de 2020 le habían otorgado un beneficio preliberacional pero no se había concretado hasta que el personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) atendió su caso.

A partir del convenio “Por una Justicia Cercana a la Gente”, firmado el 9 de mayo de 2022 por el Gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la capital con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, nueve mujeres han sido liberadas: Alna, Mara, Gladys, Alicia, Jazmín, Raquel, Claudia, Regina y una más que no quiso que su caso se hiciera público. 

La-Lista entrevistó al abogado Netzaí Sandoval, director general del IFDP, quien ha estado presente en las liberaciones de estas mujeres, cuyos casos se caracterizan por no haber sido juzgados con perspectiva de género y ni haber contado con una defensa adecuada. 

“Somos mucho más crueles con las mujeres cuando son acusadas de cometer un delito porque de la mujer se espera un estereotipo, ¿no? Un rol casi de madre abnegada que está tejiendo en una mecedora, casi la virgen María. Si no eres la virgen María y si tú, digamos, no entras en ese estereotipo, entonces vas a ser juzgada con una severidad tremenda”, dice Sandoval.

La-Lista: En el convenio, ¿cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, del Instituto Federal de Defensoría Pública?

Netzaí Sandoval: La idea de ese convenio es facilitar el acceso a la justicia. Aquí hay un problema muy grande que tenemos que reconocer: nueve de cada 10 delitos que se cometen en nuestro país son delitos locales. Eso quiere decir que la mayor carga de trabajo que existe, sobre todo en materia penal en México, tiene que ver con delitos del fuero común, es decir, lo que es competencia de las autoridades estatales.

Ante una sobrecarga de trabajo y múltiples problemas sistemáticos que impiden el acceso a la justicia de grupos en situaciones de vulnerabilidad, la Suprema Corte y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron el acuerdo para tratar de incidir, de ayudar en estos casos. Y la solución fue utilizar a la Defensoría Pública como un instrumento para acelerar algunos procesos, para poder garantizar la defensa adecuada en los casos donde hay mujeres que han sido criminalizadas.

La-Lista: ¿Cuál es su opinión respecto a que tanto este convenio como la visita de Arturo Zaldívar al penal de Santa Martha Acatitla se han calificado como históricos? 

Netzaí Sandoval: Sí marca un antes y un después en el sentido de que la Defensoría Pública al principio no podía llevar delitos del fuero común. Esto se está autorizando en algunos casos donde las personas están ante situaciones específicas, digamos, ante problemas de discriminación más generales, más sistemáticos. Actualmente estamos interviniendo en la Ciudad de México, en Santa Martha, pero eso dio pie a que otros gobiernos de entidades federativas se acercaran al ministro Zaldívar y le plantearan la posibilidad de que se buscaran acuerdos semejantes.

Las brigadas del IFDP al penal de Santa Martha Acatitla

Al 30 de octubre de 2022, el IFDP había realizado siete brigadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, penal que obtuvo 6.8 de calificación, debajo del promedio estatal en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su población de mil 396 mujeres enfrenta insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, de adicciones y hasta de normatividad.

Las personas que integraban las brigadas entrevistaron a más de mil mujeres, de las cuales 645 solicitaron la representación del IFDP.

Las nueve mujeres que hasta ahora han salido de Santa Martha Acatitla recibieron la ayuda de esas brigadas. La mayoría de ellas ya habían sido condenadas, por lo que su salida se logró por un beneficio de libertad anticipada. Por ejemplo Jazmín, quien fue liberada el 1 de diciembre de 2022 tras 15 años de estar en prisión.

La-Lista: ¿Cuál es el panorama de las mujeres que ya han sido liberadas?

Netzaí Sandoval: Hay muchos casos que fueron juzgados hace muchos años, es decir, varios de estos casos, de estas liberaciones que hemos obtenido son en realidad beneficios preliberacionales, es decir, mujeres que ya habían sido condenadas.

Te pongo un ejemplo, logramos liberar a una mujer que tiene dos licenciaturas, una de ellas la obtuvo privada de la libertad. Tiene estudios de posgrado. Una persona ejemplar, estudiosa, trabajadora y que no había podido acceder a beneficio porque se argumentaba que había tenido unas notas desfavorables. En realidad esto es una injusticia tremenda.

Su caso es un ejemplo de que no se juzgaba con perspectiva de género porque a ella se le condenó por homicidio, además, con una pena agravada porque mató a su esposo, entonces es un homicidio en razón de parentesco. Claro, lo que no valoraron los jueces, en ese caso los jueces locales, es que mató a su esposo después de años de sufrir violencia, después de años de ser golpeada, después de años de ser violentada sistemáticamente, y en un momento en el que el esposo está alcoholizado golpeándola, ella se defiende.

La-Lista: ¿Cuál es el panorama de las mujeres en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla tras la revisión de casos que realizó el Instituto Federal de Defensoría Pública?

Netzaí Sandoval: Hemos entrevistado a más de mil mujeres, 200 fueron las personas que lograron acercarse con el ministro Zaldívar en su primera visita pero nosotros no solamente entrevistamos a las que tuvieron esa posibilidad, nosotros entrevistamos a toda la población del Centro de Reinserción Social de Santa Martha y, además, asumimos el caso de todas las que nos lo solicitaron. Entonces estamos hablando de más de 500 asuntos que estamos litigando nosotros.

El trabajo de la Defensoría Pública no se limita a Santa Martha y no se limita al convenio de colaboración. Durante mi administración hemos liberado a 10 mil personas cada año, hombres y mujeres, la mayoría acusados de cometer delitos federales.

Por eso, el ministro Zaldívar ha señalado que en estos cuatro años en su gestión hemos liberado a más de 41 mil personas desde la Defensoría Pública. 

Ahora este grupo específico son mujeres que, pues en cierta medida, habían estado olvidadas ¿por qué? Porque estaban acusadas de delitos locales.

Menos prisión y más justicia restaurativa para las mujeres

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta de forma automática por un juez a las personas acusadas de cometer los delitos contenidos en el artículo 19 de la Constitución mientras se juzga su caso. En la sesión del 24 de noviembre de 2022, con nueve votos a favor, la Corte avaló mantenerla salvo cuando se trate de delitos fiscales. 

La-Lista: Respecto a la votación de las y los ministros, ¿considera que el resultado debió ser otro? ¿Cómo afecta esta votación a la mayoría de mujeres que están en el penal de Santa Martha sin tener sentencia?

Netzaí Sandoval: El debate en la Suprema Corte fue muy interesante, de hecho, creo que la mayoría de los ministros, es más, me atrevería a decir que la totalidad, reconocieron que la prisión preventiva oficiosa es una medida violatoria de los derechos humanos. Lo que pasó es que algunos de ellos consideraron que al estar en la Constitución no se podía, digamos, evitar esa medida o esa restricción de derechos. Pero es clarísimo para todos que es una medida que viola derechos humanos.

La-Lista: ¿Cuál es el seguimiento que el IFDP hará de los casos de mujeres liberadas y cuáles son sus alcances? ¿Qué necesitan estas mujeres de otras instituciones?

Netzaí Sandoval: La mayoría son madres solteras y eso implica que ellas tienen derecho a ciertos programas, ciertos beneficios que ha establecido el gobierno y nosotros les hemos asignado abogados, abogadas, para que den monitoreo, ya no al tema penal, sino que puedan acompañar sus trámites, sus gestiones y puedan obtener beneficios, como el acceso a programas sociales de madres solteras, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que las instituciones que brindan estos servicios sean sensibles a las circunstancias de estas mujeres porque muchas de ellas, insisto, fueron abandonadas por sus redes de apoyo.

La-Lista: A menos de un mes de la visita a Santa Martha Acatitla de Arturo Zaldívar ocurrió la primera liberación de una mujer privada de la libertad. Ahora que el 31 de diciembre concluye su mandato como presidente de la Corte, ¿cuántas serán liberadas y cómo se compromete el Instituto Federal de Defensoría Pública a continuar con las liberaciones?

Netzaí Sandoval: Estamos hablando de cientos de mujeres que vamos a representar, el número va a crecer, indudablemente. Incluso, ya no solamente estamos logrando beneficios preliberacionales, sino que ya estamos liberando a mujeres, por ejemplo, por litigio. Es decir, en audiencia de juicio estamos logrando que los jueces locales nos den la razón y consideren que estas mujeres son inocentes.

¿Por qué va continuar incluso si el ministro Zaldívar no está? Porque hay un acuerdo general del Consejo de la Judicatura que nos dio facultades para hacer esto.

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