La victoria para las mujeres de Argentina por los cargos de aborto que se retiran

Argentina anunció que retirarán los cargos criminales en contra de las mujeres acusadas de haber tenido abortos después de la decisión histórica del gobierno de legalizar el procedimiento. 

El anuncio ofrece esperanza a las mujeres en su mayoría pobres y marginalizadas que se enfrentan a sanciones criminales. Pero problemas persistentes como violencia obstétrica y sexismo en el sistema judicial muestran que la lucha por la justicia reproductiva no ha terminado, según las activistas. 

La nueva ley, que pasó el 30 de diciembre, permite el aborto por cualquier motivo durante las primeras 14 semanas de embarazo, lo que vuelve a Argentina el país más grande en América Latina en permitir ampliamente el procedimiento. Cubre explícitamente a cualquiera con la capacidad de gestar, incluyendo a personas trasgénero y no binarias. 

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Esto marca una gran victoria para los derechos de las mujeres en una región donde la iglesia católica tiene una fuerte influencia. 

Las mujeres rara vez pasan años en prisión por cargos de aborto en Argentina, pero hay algunas excepciones terribles. En la provincia conservadora de Tucumán, Belén (no es su nombre real) pasó casi tres años tras las rejas después de sufrir un aborto espontáneo y antes de que un equipo liderado por la abogada feminista Soledad Deza lograra revocar su sentencia. 

“Esos casi tres años que pasé en prisión fueron muy dolorosos para mí, porque fue horrible ser prisionera por algo que no hice”, dijo Belén en una declaración escrita. 

Aunque los hospitales no le reportan los pacientes a la policía, las mujeres que buscan tratamiento por un aborto con frecuencia reciben un tratamiento cruel y degradante. 

Analía Ruggero fue a un hospital en las afueras de Buenos Aires a sus 22 años cuando sufrió complicaciones de un aborto que se autoindució usando pastillas. Cuando los doctores se enteraron de que tuvo un aborto primero se negaron a atenderla, pero también le dijeros que si se iba, ella podría tener una infección y morir. Eventualmente admitieron a Ruggero, pero mientras trabajaban, el personal médico le susurraba insultos. “La enfermera me inyecta y me decía, ‘¡Tuviste un aborto! Eres basura. ¿Quién te crees viniendo aquí?’”

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Después, a Ruggero la dejaron para que se recupere en una cama sin sábanas ni cobijas en la esquina de una sala llena de cucarachas. 

Ruggero está emocionada con la nueva ley. “Ahora si la primera enfermera con la que vaya no quiere hacerlo, hay una fila de médicos detrás de ella que sí lo harán”. 

No está claro cuántos cargos se descartarán como resultado de la nueva ley. Un reporte reciente, del grupo argentino de derechos humanos Cels, activistas por el derecho al aborto y la Universidad de San Martín, identificó 1,532 casos de abortos en los últimos ocho años que potencialmente podrían ser cubiertos. Pero no todas las provincias respondieron a la solicitud de información de los investigadores, y otras activistas dicen que el total probablemente es más alto. 

“Todas esas mujeres criminalizadas… tendrán el beneficio de que descarten sus casos, porque hay una aplicación retroactiva de la ley criminal más favorable”, dijo la ministra argentina de las mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. 

Las activistas ahora exigen una investigación sobre las mujeres que pudieron ser procesadas por un crimen más serio, como asesinato, después de abortar. 

El reporte de Cels identifica a varias mujeres con sentencias largas por crímenes como homicidio agravado después de haber experimentado problemas obstétricos como muerte fetal o abortos espontáneos a finales de sus embarazos. La mayoría son extremadamente pobres. 

María Laura Garrigós, la subsecretaria de asuntos penitenciarios del ministerio de justicia de Argentina, dijo que es posible que hayan mujeres en prisión por asesinato después de haber abortado, especialmente en las provincias más conservadoras del norte de Argentina, aunque estos casos son generalmente después del límite de 14 semanas. “Es una cuestión de interpretación, de cuándo el feto deja de ser un feto”, ella dijo. “Generalmente, esta es jurisprudencia que viene de los hombres”, dijo. “Los jueces en general tienden a ser hombres”. 

Ahora, el reto será asegurar que se practique el derecho legal de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. “Conozco mujeres que han trabajado por esto 50 años. Esas estructuras no van a descansar, seguirán batallando para resolver este tipo de problemas”, dijo Garrigós. “Es progreso que hacemos en contra del patriarcado”.