La-Lista de pendientes para el aborto seguro en Hidalgo y Veracruz
Foto: Twitter @Marisol_Calva

En 2007 fue la Ciudad de México, en 2019 Oaxaca. Ahora son Hidalgo y Veracruz. La interrupción legal del embarazo cada vez gana más terreno en México, pues en toda la República ya hay cuatro entidades que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Apenas el 20 de julio pasado el Congreso de Veracruz aprobó las reformas al Código Penal estatal referentes a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y la derogación del 152, con lo cual se estableció la despenalización del aborto hasta los tres meses de embarazo, y quedaron excluidos de responsabilidad penal quienes lo realicen cuando cuando exista riesgo de muerte o salud en la persona gestante, así como cuando el aborto se realiza a una mujer que fue violada.

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Días antes, Hidalgo vivió un escenario similar, cuando el 7 de julio entró en vigor la reforma sobre la interrupción legal del embarazo del Código Penal y en la Ley de Salud al publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Así, se aprobaron reformas a los artículos 154, 155, 156 y 158 y derogación del artículo 157 del Código Penal estatal, estableciendo penas de seis meses a un año de prisión, y de 10 a 40 días multa a la mujer que cometa el delito de aborto después de las doce semanas de gestación.

Sin embargo, para que esto no quede únicamente en el papel y se aplique de manera correcta, teniendo como eje los derechos de las personas gestantes, aún queda una serie de temas por resolver en ambos estados.

Suspensión de juicios y procesos penales

Francisco Cué, quien forma parte del grupo de Vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica en entrevista para La-Lista que la despenalización implica que deje de tratarse como un delito, por lo que los procesos penales que estuvieran abiertos relacionados a casos de aborto tendrían que desecharse y suspenderse.

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Las personas que “ya estuviesen siendo investigadas por las fiscalías o donde existieran denuncias y demás, tendrían que desecharse”, ya que “la despenalización si bien entró en vigor apenas hace unos cuantos días, es un principio de derecho que se debe de interpretar en beneficio de la persona”, dijo.

Infraestructura adecuada y necesaria

Cué explica que en el tema de infraestructura, el mayor reto es para las instituciones públicas de salud, un factor especialmente importante porque gran parte de la población recibe servicios de salud por parte de la Secretaría de Salud o a través de alguna institución de seguridad social.

Sin embargo, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México en donde “más del 75% (de los procedimientos de aborto) se realiza con medicamentos”, la falta de infraestructura no debería ser un factor que complique la prestación de servicio de la interrupción legal del embarazo.

Pero, conforme el embarazo avanza, son necesarios otros tipos de instrumentos e instalaciones para llevar a cabo el procedimiento, por lo que “sí se necesita posiblemente de instalaciones donde se pueda manejar algún tipo de emergencia que se pudiera derivar”.

En este sentido, Daniela Téllez, integrante de la Marea Verde Hidalgo y de Di Ramona, organización que da acompañamiento en temas de aborto, orientación sexual, e identidad de género, explica a La-Lista que en Hidalgo hace falta implementar atención al tema de infraestructura para mejorarlo en los 84 municipios.

Hay municipios que están más urbanizados “porque yo no creo que ninguno, ni siquiera Pachuca, esté completamente urbanizado”, considera.

Téllez asegura que lo más urgente es que el estado emita un protocolo de lineamientos referente a la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo, explicando los municipios en los que se prestará el servicio, cuáles serán las clínicas disponibles, cómo se implementarán los servicios y hasta qué semana será únicamente con medicamentos.

“Todavía no hay claridad, queremos pensar que es porque está relativamente reciente la publicación en el periódico oficial del estado de Hidalgo”, dice en llamada telefónica. Añade que es importante que la información no se “centralice” en Pachuca, sino que se haga llegar a todos los municipios de la entidad.

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Campaña de comunicación

Esto debería ir acompañado de una campaña de comunicación para lograr que la información se transmita correctamente y serían tanto la Secretaría de Salud como el Ejecutivo los responsables de garantizar que sean lo suficientemente sólidas.

“(Aspiramos a que) en algún punto en Hidalgo haya lo que hay en CDMX, que ustedes tienen su página donde viene con Google Maps la ubicación de cada clínica, donde les dice cuáles son los requisitos, tienen incluso una línea telefónica para llamar y preguntar sobre estos servicios. Ojalá podamos llegar a eso”, explica.

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Particularmente, esto se complica en Hidalgo debido a la falta de desarrollo económico en la entidad, y a que “una muy buena parte del estado de Hidalgo es muy pobre, hay muchísimos grupos indígenas, hay muchísimas áreas todavía que están incomunicadas, tanto en la parte de los servicios en línea como en el agua y la luz”.

Por ello, estas campañas, además de utilizar internet y redes sociales, deben darse acudiendo directamente a las comunidades, y deben ser conscientes de la desmitificación necesaria en torno al aborto.

Personal capacitado

Ambos expertos indican que es necesario garantizar que haya capacitación en el personal de salud para ofrecer los servicios de interrupción del embarazo, además de lograr que todos los centros de salud donde se ofrezca el servicio cuenten con personal no objetor.

Esto tomando en cuenta que la Ley General de Salud indica que en el caso de emergencias, cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer, no se puede invocar la objeción de conciencia, así como la Ley General de Víctimas y la NOM-046 indica que tampoco podrá invocarse en casos en donde el embarazo sea producto de una violación sexual.

“Desde su soberanía, cada una de las autoridades (deben establecer) cómo garantizan que en todas las clínicas y unidades haya presente personal médico no objetor, deben realizar un listado sobre quiénes sí son objetores y quiénes no son objetores (y determinar) si necesitan hacer algún tipo de reacomodo entre el personal de salud”, explica el integrante de GIRE.

¿Cómo van CDMX y Oaxaca?

En el caso de CDMX y Oaxaca, donde la despenalización del aborto se dio ya hace años, hay ciertos factores que aún necesitan mejora, entre ellos una percepción “muy medicalizada” del aborto, considera Cué.

En la capital “habría que mejorar que sigue existiendo una percepción muy ‘medicalizada’ de la interrupción del embarazo porque creemos que puede ser un servicio mucho más amigable“, pero la cantidad de mujeres que viajan a la CDMX para realizarse este tipo de procedimientos es resultado de “unos servicios de salud exitosos”.

Asegura que el tema pinta distinto en Oaxaca, en donde el territorio es más extenso que en la CDMX. “Tienen más de 500 municipios, es muy frecuente que te encuentres clínicas u hospitales de salud que tienen que brindar atención a muchos municipios que visiblemente están muy separados”, resume.

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