Viridiana toca la última puerta para acceder a la justicia de género 7 años después

“Yo no sabía que el 22 de agosto de 2014 iba a cambiar toda mi vida”. Así inicia Viridiana Molina a relatar los siete años que lleva de lucha contra el sistema de justicia que la llevó a estar en prisión cuatro años y medio por delitos que, aseguró, no cometió, como trata de personas, narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Actualmente, su futuro está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Viridiana y el padre de sus hijos fueron detenidos ese viernes 22 de agosto y permanecieron en prisión mientras esperaron una sentencia, la cual resultó a su favor. Aunque fueron absueltos por falta de pruebas, el Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión y en 2019, otro juez revocó la absolución y dictó una sentencia condenatoria.

En respuesta, promovieron un amparo ante un Tribunal Unitario, que nuevamente los condenó. Tras agotar todas las instancias, promovió una demanda de amparo el 12 de marzo de 2021 —registrada en el amparo directo 98/2020—, pero los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito se lo negaron.

La última ventanilla de este proceso era la Corte, ante la cual el defensor público de Viridiana presentó el recurso de revisión 1667/2021, mismo que desechó el 14 de julio por considerarlo “poco relevante”.

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Menos de una semana después, el 20 de julio, se solicitó un recurso de reclamación que acompañaron de un análisis del caso de las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres y CEA Justicia Social, que defiende que el proceso de Viridiana sí es relevante y debe ser atendido bajo el propio Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Corte.

Dicho documento enlista seis elementos que se deben considerar para juzgar desde esta perspectiva, como la identificación de situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes; o cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución.

“El caso de Viridiana no es una excepción: refleja la discriminación y arbitrariedad que enfrentan las mujeres en el sistema penal, particularmente cuando sus relaciones afectivas se consideran elementos suficientes para criminalizarlas”, apuntan las organizaciones en su análisis.

Detención y tortura

Alrededor de la 1:00 de la mañana de ese 22 de agosto, Viridiana Molina se encontraba en su casa con sus gemelos de 11 meses. Su otra hija se había quedado con su abuela. Acababa de salir de bañarse mientras el padre de sus hijos se encontraba en otro cuarto, dormido.

Esa madrugada, unos hombres encapuchados golpearon la puerta de su casa; Viridiana no sabía quiénes eran, pero por el interfón escuchó que le gritaron: “¡Ábreme!”; ella tuvo miedo. Los hombres no se identificaron, por lo que Viridiana tomó el teléfono y llamó a la caseta de la unidad donde vivía para que el vigilante llamara a la Policía. Pero él le respondió: “Señora, no podemos porque ellos dicen ser la Policía y me tienen apuntando a la cabeza”.

Viridiana corrió a esconder a sus bebés. Los tapó con una cobija y les dejó la cara descubierta. “El papá de mis hijos estaba todo alcoholizado, él en una habitación, yo en la otra. Buscaba las llaves mientras los policías reventaron la primera puerta y ya iban con la segunda y fue cuando logré abrir”.

“¡Órale, hija de tu pinche madre!”, son las palabras que Viridiana recuerda, seguidas de preguntas que ella no entendió, como “¿Dónde está el cabrón?”; y al no haber respuesta, recibió el primer golpe en la cabeza.

“Ese golpe me dejó con la vista nublada y caí en un buró y lo que a mí me levantó ahí fueron mis hijos, que se empezaron a mover y ellos apuntaron a la cama y ahí fue cuando grité: ‘¡No, son mis bebés!’. Quitan la cobija y mis hijos empiezan a llorar”.

A los bebés se los llevaron a otra habitación y a Viridiana la hincaron, y mientras le preguntaron por el dinero y la combinación de la caja fuerte, luego la golpearon. Pero ella no conocía la clave, entonces los golpes continuaron.

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A siete años del hecho, Viridiana aseguró que los agentes eran federales, pero que uno de ellos parecía pertenecer a la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ). “Era gente encapuchada, hasta que yo veo a un hombre que traía una playera que decía PGJ”.

Desde ese momento, nunca le enseñaron una orden de aprehensión en su contra y de acuerdo con Viridiana, tampoco existe dicho documento en el pliego de consignación de la PGR.

“En el pliego de consignaciones hablan de puras investigaciones que hicieron antes como dónde estábamos, con quién estábamos o lo que supuestamente teníamos en la mano. En toda la puesta a disposición, pusieron que no hubo sometimiento, que ellos acudieron y que yo iba entrando a la unidad y que voluntariamente me subí a la patrulla”, dijo Viridiana.

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A Viri y al padre de sus hijos los llevaron al negocio de ropa que tenían. Luego, recordó, “los pasearon” hasta que llegaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la entonces PGR, de donde la trasladaron al penal federal de Tepic, en Nayarit. Durante el traslado, Viridiana fue torturada.

“Hubo actos de tortura, para la solicitud de amparo en la Suprema Corte a Viridiana se le practicó el Protocolo de Estambul y salió positivo”, explicó Ángela Guerrero, coordinadora de CEA Justicia Social, que ha acompañado el caso de Viridiana.

El protocolo al que Guerrero se refiere contempla un estudio que se practica a personas para identificar si pasaron por un proceso de tortura.

Viridiana estuvo en Tepic dos años y luego fue trasladada al penal federal femenil de Morelos.

Contextos invisibles

Viridiana Molina tenía un año viviendo con el padre de sus hijos, a quien conoció en una fiesta y después quedó embarazada. por lo que decidieron vivir juntos bajo un acuerdo: no eran pareja. El hombre le proporcionó un negocio de ropa a Viridiana de donde saldrían sus gastos. Pero los menores no se registraron con el apellido del padre.

La joven madre sostuvo que no lo conocía. “Yo no tenía esa confianza de pareja. Pasa que quedo embarazada y registro a mis hijos con mis apellidos porque yo no tenía la idea de estar con él, pero cuando me veo en la necesidad de mantener a mi otra hija y a los niños es cuando decido irme con él e hicimos el trato de tener cada quien su vida y que él se hiciera responsable de sus hijos”, contó Viridiana.

Aunque no tenían una relación de pareja, la joven relató que vivió violencia de parte de él, quien la ofendía por su cuerpo y la maltrataba psicológicamente, lo que le ocasionó depresión. Viri lo denunció tres meses antes de la detención por violencia familiar después de que la golpeó afuera del restaurante que él dirigía.

“Como ya era de madrugada, no me hicieron mucho caso, pero dentro de prisión yo pedí que se revisaran las bitácoras, pero la defensa, que era particular y contratada por él, no metió nada”, recordó.

Solo después de ser detenidos y hasta que llegaron a la SEIDO, Viridiana se enteró de que el padre de sus hijos ya había sido procesado con anterioridad. Ahí supo que el padre de sus hijos estaba involucrado con dos personas más, también detenidas, que ella no conocía.

SCJN: La última ventana hacia la justicia con enfoque de género

Cuando Viridiana salió de prisión, en 2019, comenzó a ser activista. A partir de las historias que conoció en prisión, decidió trabajar por la reinserción social y los derechos humanos de las mujeres en prisión y logró recopilar 360 casos, los cuales llevó a la Suprema Corte. Y aunque su experiencia previa no fue exitosa, ahora ella siente que debe impulsar su propio caso ante el máximo tribunal.

“Siento mucha impotencia porque todo este tiempo, aparte del activismo, yo me acercaba a ellos (la SCJN) y no tenía una respuesta. A mí se me hacía muy lejos que ellos me escucharan porque es solo un caso, porque cuando les llevamos 360 no hicieron caso, pues ¿qué esperaba el mío?”, dijo Viridiana.

El recurso de amparo que se presentó ante la Corte en marzo pasado también contiene el caso del papá de los hijos de Viridiana. Sin embargo, Ángela Guerrero explicó que son casos diferentes, por lo que deben ser analizados con enfoques distintos, además de que el de ella debe ser aceptado bajo el principio pro persona y desde un enfoque de género.

“Él tiene derecho a meter esa revisión de amparo directo. Y por otro lado, la defensoría pública elabora argumentos para defender a Viridiana y lo que ven es que la causa penal es la misma, toman la de él y la de ella, y a partir de los argumentos jurídicos que él hizo, es que a Viri también le desechan su solicitud. Ni siquiera en ese punto la Suprema Corte fue capaz de utilizar su propio protocolo de género para juzgar y definir de manera diferenciada”, dijo la activista.

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Además, explicó que la Corte argumentó que el recurso fue emitido después de la reforma constitucional al Poder Judicial, también llamada “Ley Zaldívar”, aprobada el 23 de abril pasado, la cual no contempla los recursos de reclamación. Pero de acuerdo con las organizaciones, esta figura, en el caso de Viridiana, se promovió antes de la entrada en vigor de la reforma.

“Lo que sucede es que hay leyes secundarias que le dan operatividad, y que entraron en vigor mucho tiempo después. Lo que hace la ley Zaldívar es quitar esa figura de reclamación, ya no va a existir, pero el proceso de amparo se toma desde (que se presentó en) el tribunal de circuito, no desde la entrada a la Suprema Corte”, dijo Guerrero.

Sin embargo, el punto más importante que la Corte debería considerar es la nula perspectiva de género en todos los procesos de Viridiana, el contexto violento que vivió con el padre de sus hijos y su actual contexto como una mujer y madre, víctima de fabricación de culpables, que estuvo encarcelada cuatro años y medio.

“En el caso de Viridiana era estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto donde irrumpen los policías, en su propia casa, ya era tarde y estaba con sus dos hijos. Ahora enfrentamos exactamente la misma situación que hace siete años: tres menores de edad, una de 15 y dos de siete años que en dado caso de que Viridiana regrese a prisión y que no se acepte el recurso de reclamación, no se sabe qué pasará con ellos”, argumentó Guerrero.

Lo único que le queda a Viridiana es esperar la decisión de la Corte, que podría resolver antes del 30 de julio; sin embargo, ya hay una orden de aprehensión girada en su contra, la cual puede ser cumplimentada en cualquier momento.