‘No puedo hacer mucho con mi vida’: Míriam suma 17 años sentenciada por aborto accidental

— ¿Te sientes libre?

— Libre es que yo pudiera trabajar y que pudiera hacer con mi vida mucho más, pero desgraciadamente no puedo hacerlo.

La historia de Míriam inició en Ensenada, Baja California, una noche de mayo de 2004, cuando inesperadamente sintió la necesidad de ir al baño mientras veía la televisión. Después de varios minutos en el sanitario comenzó a perder fuerzas y se desvaneció. Ante el dolor, su única reacción fue arrastrarse a una habitación donde había un teléfono para pedir ayuda.

Los siguientes recuerdos de Míriam son de ella en los brazos de su pareja, quien la llevó al Hospital General de Ensenada, donde un doctor y una doctora la cuestionaban por lo ocurrido. “¿Qué te metiste? ¿Qué le hiciste a la bebé?”, insistían ambos.

Míriam fue sometida a una revisión porque estaba sangrando mucho. Al recuperar sus energías, la mujer de entonces 33 años recibió la noticia de que había tenido un aborto y, aunque éste fue accidental, los trabajadores del hospital la culpaban de esta situación.

“En mi casa yo no tenía dolores de parto, me sentía como estreñida, quería hacer del baño y no podía, luego me empecé a debilitar y estaba a punto de un paro respiratorio por la pérdida de sangre”, recuerda Míriam en entrevista para La-Lista. “Aun así el doctor que me atendió cuando me hicieron el legrado me preguntaba qué me había metido, acusándome de una manera agresiva de haberme provocado un aborto”.

Míriam solo pudo estar tres días en recuperación en el hospital general porque el médico que la atendió interpuso una denuncia en su contra. Agentes del Ministerio Público la sacaron con prisa del centro de salud sin decirle cuál era el delito por el que estaba acusada. Debido al sangrado por el aborto espontáneo, tampoco tenía ropa limpia, por lo que una enfermera le tuvo que prestar un pans y un suéter para que pudiera salir del cuarto a la patrulla.

“Yo casi salí encuerada de ahí, si no es porque una enfermera me consiguió unos trapos viejos, me los puse sin calzón, sin brasier ni nada. Me dio un pans todo feo y un suéter. Así salí del hospital porque los agentes no podían esperar a que me llevaran ropa limpia. Imagínate, sin calzón y yo obviamente reglando después del parto, me iba deteniendo la toalla sanitaria prácticamente con la mano”, explica Míriam.

Ya en los separos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, las autoridades no le mostraron su carpeta de investigación y tampoco le facilitaron el acceso a un abogado. Le hicieron una prueba de sangre y ese mismo día fue internada en el Centro de Readaptación Social de Ensenada, donde pasó 14 años de su vida.

“Homicidio agravado por razón de parentesco” fue el delito que las autoridades imputaron a Míriam, quien recibió una sentencia de 27 años de prisión que luego se redujo a 22. En el 2018 pudo acceder a un beneficio penitenciario por haber cumplido más de la mitad de su condena y un juez le concedió su libertad condicional.

Desde el inicio de su caso Míriam fue sometida a violencia psicológica por parte de los doctores que la atendieron y también de los policías que la detuvieron, quienes le recriminaban haberse provocado el aborte de su bebé de seis meses.

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) conoció el caso de Míriam y la defendió legalmente. Fue así como ella se dio cuenta de las injusticias que sufrió.

“En ese momento yo no me di cuenta, ya cuando llega a mí la gente de AsiLegal ellos son los que me hacen ver que yo fui maltratada. Me dicen: ‘Ese trato de los médicos fue una violencia que ejercieron contra ti, nada más que tú no te diste cuenta’. Hasta ahora sé que fue una violencia”, relata Míriam.

A pesar de que Míriam recibió su libertad condicional de parte de un juez, eso no significa que sea libre totalmente. Al contrario, abandonó la prisión para quedarse encerrada en Baja California. Ahora, una vez al mes debe acudir a las instalaciones del centro de readaptación social para firmar; cada dos meses debe entregar a las autoridades una prueba de antidoping y una carta de trabajo; no tiene derecho a tener su credencial de elector, y no puede salir de la entidad federativa donde vive.

“Desgraciadamente en el 2004 las autoridades no tenían mucha experiencia para manejar esta clase de casos”, reflexiona Míriam casi dos décadas después de haber sido sentenciada. “En estos procedimientos entra mucho la cuestión moral, el machismo, tabúes, racismo y el sexismo“.

A los ojos de las autoridades de Baja California, Míriam está fuera de una cárcel, pero sigue siendo culpable. Ella se defiende y dice que el aborto accidental que sufrió debe tener una explicación científica que el personal médico del Hospital General de Ensenada no investigó.

“Eso fue lo que a mí no me ayudó, que las autoridades en ese momento no tenían la educación y el conocimiento científico para afrontar este tipo de situaciones”, señala la entrevistada. “Es más fácil decir ‘culpable’ sin hacer una investigación más a fondo”.

De acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), que asesora a Míriam, se estima que solo una mujer de cada 1,000 en prisión podría estar encarcelada por el delito de homicidio en razón de parentesco luego de un aborto fortuito; no obstante, las pocas mexicanas que pasaron por esta situación han sufrido una violación a sus derechos de acceso a la justicia.

En el caso de Veracruz, donde recién se despenalizó el aborto, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, entre 2000 y 2018 se contaban 18 mujeres en prisión por el delito de homicidio doloso, calificado y culposo en contra de un recién nacido. En tanto que la organización Las Libres calcula que unas 200 mujeres están presas acusadas por homicidio contra un recién nacido, u otros similares como infanticidio, filicidio y omisión de cuidados.

Muchas mujeres a las que se ha procesado por este crimen son aquellas a las “que se les rompe la fuente antes de las semanas de gestación para que el producto pueda llegar a término, y que por la falta de atención médica ellas se desangran, pierden el conocimiento, y eso lleva a que no se puedan atender ellas ni el producto”, explica el director de la asociación AsiLegal, José Luis Gutiérrez, sobre esta clase de casos. “Esto lleva a que sean criminalizadas y juzgadas por homicidio agravado por razón de parentesco con sanciones bastante altas de más de 20 años de prisión“.

La vida después de una sentencia por un aborto accidental

Si bien Míriam obtuvo su libertad condicional en 2018, ahora busca que un juez la absuelva totalmente de sus cargos. Ella tiene la esperanza de que esto suceda debido a que en los últimos dos años se han aprobado leyes y ha habido decisiones judiciales que protegen los derechos de las mujeres.

La primera determinación de este tipo fue la aprobación de una Ley de Amnistía a nivel federal en abril del año pasado. Esta legislación estipula que deben ser liberadas las mujeres acusadas por homicidio en razón de parentesco cuando este hecho haya ocurrido durante cualquier mes del embarazo; sin embargo, para que esto se pueda cumplir Baja California debe aprobar y poner en práctica a nivel local su propia legislación de amnistía, cosa que aún está pendiente.

Otra determinación importante se dio el 7 de septiembre de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Con esta decisión del máximo tribunal, todos los jueces del país ya no podrán enviar a prisión a quienes decidan practicarse un aborto.

Aunque legalmente el tipo penal por el que Míriam fue procesada es un homicidio y no un aborto, ella confía en que este tipo de resoluciones judiciales sensibilicen al juez que revisa su caso, así como al ministerio público de Baja California, y así pueda obtener su libertad total.

Para ella, los años que estuvo en prisión no fueron fáciles y tampoco lo ha sido el tiempo que ha tenido su libertad condicional. Su mayor obstáculo ha sido no tener su credencial de elector, ya que este documento de identificación es básico para conseguir un empleo, realizar un trámite bancario o de cualquier otro tipo.

Míriam relata que por no tener una credencial de elector ha tenido que buscar trabajos informales y precarios en los que ni siquiera tiene seguridad social. Su empleo actual es la excepción, lo consiguió en una farmacia nueva de Ensenada, pero le ha dado largas a su jefe cuando le pide su identificación para darla de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Sigo trabajando ahí porque les doy largas con mi identificación, aunque ya se están dando cuenta de que algo anda mal conmigo”, comparte Míriam. “Yo trato de ser bien puntual y cumplida con todos mis deberes, pero en cualquier momento me van a exigir la credencial de elector y va a llegar un momento en el que me van a despedir”.

Antes de que fuera encarcelada, ella era química farmacobióloga y trabajaba vendiendo las medicinas de una empresa farmacéutica. Ahora batalla para encontrar un empleo que le ayude a subsistir en su libertad condicional y también para sostener los estudios de su hija que se encuentra en la universidad.

Las autoridades “me piden que les entregue una carta donde diga que estoy trabajando, pero me quitaron la principal herramienta para lograrlo: la credencial de elector”, lamenta Míriam, quien a pesar de estar en un esquema de libertad condicional no se termina de sentir así en Baja California.

“Libre es que yo pudiera trabajar y que pudiera hacer con mi vida mucho más, pero desgraciadamente no puedo hacerlo”, concluye.