Transfeminicidio: el crímen que el Estado invisibiliza

Cuando una persona transgénero en México decide identificarse y lucir como una mujer no sólo se arriesga a la discriminación, también a tener una esperanza de vida máxima de 35 años. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a diferencia de una persona cisgénero que vive en promedio 75 años, las mujeres trans reducen su esperanza de vida a más de la mitad por un crimen de odio que sucede con frecuencia pero que en la ley no existe: el transfeminicidio.

“Lo que no se nombra, no existe”, se dice. Y así pasa con estos crímenes que, al no estar tipificado en ningún código penal en ninguna región del país, abren paso a la impunidad. 

El transfeminicidio, más allá de un homicidio, es un tipo de violencia motivada por el castigo e impulsada por el odio, según la CIDH. Se trata de una de las formas de homicidio más crueles y simbólicas que existen, debido a que las mujeres trans son torturadas, agredidas sexualmente y experimentan actos de extrema de violencia antes de ser asesinadas. 

Tan sólo en el 2020 y  con base en el informe de la organización civil Letra S,  México registró 43 asesinatos contra mujeres trans, pero las autoridades no cuentan con un registro oficial de estos crímenes ni tampoco los abordan con perspectiva de género.

La activista Kenya Cuevas es fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias y directora de la Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer refugio para mujeres trans en México. A lo largo de su trayectoria ha dado acompañamiento a víctimas y ha experimentado la violencia de género en su máxima expresión. 

“A las mujeres trans nos extirpan de nuestros senos, nos cortan el cabello, nos dejan tiradas, encueradas, desnudas, nos violan antes de matarnos… Nos meten palos con clavos para que se nos quite lo trans”, dice. 

Kenya presenció el transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro. El 30 de septiembre de 2016 fue testigo de cómo un sujeto la asesinó dentro de un vehículo sobre Puente de Alvarado y experimentó la injusticia cuando el responsable quedó en libertad a pesar de que la policía lo capturó con el arma en las manos. 

La muerte de Paola es un precedente no sólo en Ciudad de México, sino en todo el país. Después de cinco años de su muerte, la Fiscalía General de la CDMX ofreció una disculpa pública por el caso y el diputado Temístocles Villanueva presentó ante el Congreso local un paquete de iniciativas con el fin de crear la “Ley Paola Buenrostro” que incluye de 35 a 70 años de prisión para quienes cometan el crimen. 

Si el proyecto logra aprobarse, la CDMX sería el primer estado en incluir el transfeminicicio en su Código Penal. Hasta el momento, ninguna otra entidad lo contempla y apenas 13 incluyen los homicidios de odio por orientación sexual o identidad de género. 

¿A quiénes mata el odio contra quienes se conciben mujeres?

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGBT denuncia que la ausencia de cifras sobre la criminalidad, así como la falta de visibilidad, hace que la problemática se agrave porque los transfeminicidios son investigados como homicidios, pero deja de lado toda la carga transfóbica y de violencia de género que conllevan. 

Elizabeth Montaño Fernández era una doctora trans que trabajaba en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En junio de 2020 y tras 10 días de estar desaparecida, fue encontrada sin vida en una carretera de Morelos.

Pese a las protestas de activistas trans, las autoridades iniciaron la investigación del caso hasta después del hallazgo de su cuerpo. Debido a que no encontraron signos de violencia, concluyeron que se trató de un suicidio. 

Aunque la historia de la doctora Elizabeth conmovió a la comunidad trans de Ciudad de México, los crímenes de odio ocurren en todo el país. Con base en datos de Letra S, en 2020 los estados con mayor incidencia de transfeminicidios fueron Michoacán, Veracruz y Chihuahua. 

Mireya Rodríguez Lemus era una activista trans originaria de Chihuahua y fundadora de la asociación civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.  El 2 de septiembre del 2020 fue hallada sin vida y con signos de violencia dentro de su propio domicilio. 

La abogada del caso, Laura Hernández, asegura que el asesinato de Mireya fue uno de los pocos investigados como feminicidio y ya se vinculó a proceso a un presunto responsable. 

“Es la primera mujer trans que ante el juez y ante la vinculación de proceso se le reconoció su identidad de mujer, que fue defensora de derechos humanos y trabajadora sexual”. 

Mireya se suma a la lista de activistas que a diario pierden la vida en el país. Según Letra S, tan solo en 2020, siete defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTI+ fueron asesinados y otros siete fueron víctimas mortales por realizar labores sociales en sus lugares de origen.

Las mujeres trans son víctimas de la violencia de género por partida doble: la transfobia y la misoginia. Esta situación incrementa su grado de vulnerabilidad y las expone a un mayor grado de violencia.

En muchas ocasiones, las mujeres trans son asesinadas en la vía pública y sus cuerpos son arrojados en baldíos, terrenos o predios abandonados. Sin embargo, el crimen también es perpetrado en la esfera privada y por seres cercanos a las víctimas. 

Geovanna Ángulo era una mujer trans de 27 años originaria del municipio de San Agustín Etla, en Oaxaca. El 25 de noviembre del 2020 su familia realizó una denuncia por su desaparición, pero el primero de diciembre su cuerpo fue hallado sin vida y con marcas de golpes.

A casi un año del transfeminicidio, la madre de Geovanna, Leticia Ramos, no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. Además, se presume que el responsable es la expareja de la joven. 

“Imagínese cómo me siento ahora después de haberle abierto las puertas de mi casa a una persona que pensé en algún momento que era buena, jamás imaginé que hiciera algo así”. 

De acuerdo con Transgender Europe, México ocupa el segundo lugar en incidencia de transfeminicidios —sólo después de Brasil—. Ante la invisibilización e impunidad por parte de las autoridades, han sido las mismas mujeres trans quienes piden justicia y crean colectividad. 

Del norte al sur del país, hay defensoras y activistas trans que están luchando para que se les reconozca su identidad. Ese derecho humano que es clave para que se les brinden otras garantías como el acceso a servicios de salud o a un empleo digno. 

Aunque el camino es largo, la lucha también ha ido encaminada a derribar estigmas que hacen que el 74.4% de las mujeres trans se hayan sentido discriminadas a lo largo de sus vidas, según la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) 2018.

A pesar del exterminio silencioso de las mujeres trans, el silencio del Estado que no las reconoce ni en vida ni en muerte, han abierto espacios colectivos para hacerse presentes, para ocupar espacios y luchar por que su identidad sea reconocida y goce de los mismos derechos que cualquier expresión de género.

La comunidad existe y resiste desde todo los ámbitos; el empresarial, el deporte, el arte o la comedia. Desde distintas trincheras, las mujeres trans exigen que se salde la deuda histórica que el Estado tiene hacia ellas. Todas, bajo la misma venganza: ser felices.