Informe revela cómo afecta la discriminación hacia las personas trans en Guanajuato
20 de noviembre, 2021. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Las personas transgénero que viven en el estado de Guanajuato enfrentan complicaciones para encontrar un trabajo donde no sean víctimas de burla; tienen problemas para obtener un título profesional con el nombre y género con el que se identifican, y deben pagar servicios de salud privados para evitar comentarios ofensivos.

En resumen, las personas transgénero de Guanajuato experimentan una discriminación sistemática y eso provoca que tengan retrasos en sus estudios académicos, no pueden atender su salud y se rezagan laboralmente, de acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la asociación civil Amicus DH.

Ambas asociaciones civiles realizaron entrevistas a 31 personas trans y detectaron un patrón de violaciones a sus derechos humanos. Cristian González Cabrera, investigador sobre los derechos de la comunidad LGBT de HRW, concluyó que “las personas trans en Guanajuato se encuentran en situación de desventaja en el ámbito laboral y educativo y sobrecargadas de procedimientos legales debido a la indebida demora de las autoridades estatales en reconocer el derecho a la identidad de género”.

El próximo 25 de junio se llevará a cabo la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, evento que fue suspendido durante dos años por la pandemia de Covid-19. En el caso de las personas trans, volverán a las calles para exigir que la discriminación en su contra termine y que puedan tener algo tan básico como documentos oficiales con su nombre y género.

El informe señala que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció las reglas para que todos los estados permitan el cambio de identidad sexogenérica de las personas trans, pero en 12 estados, incluido Guanajuato, aún no se modifican las leyes para que esto sea posible.

Discriminación en el ámbito laboral contra personas trans

Diego es un hombre trans de 29 años que ha trabajado como fotógrafo freelance durante los últimos tres años. Él prefiere trabajar por su cuenta porque en 2019 estuvo en un periódico del municipio de León y cuando comenzó a hacer su transición de género fue víctima de comentarios humillantes por parte de sus compañeros.

“Decidí por miedo no tener un trabajo formal para evitar exponerme a tener que decir que soy una persona trans”, relató Diego a HRW y Amicus DH. Debido a que no está contratado con una empresa, el fotógrafo no tiene seguridad social ni prestación alguna.

El informe de las organizaciones detalla que de las 31 personas trans entrevistadas en Guanajuato, 11 manifestaron haber enfrentado discriminación al solicitar un empleo porque su apariencia física ya era distinta a la que aparecía en sus antiguos documentos oficiales. Otras 11 personas también expresaron que cuando se les contrató sus superiores o colegas les faltaron el respeto, mientras que otras seis comentaron que, de plano, preferían no buscar un trabajo formal para evitar humillaciones.

Alejandra es una mujer trans de 22 años que vive en León. A principios de 2021 inició un proceso de contratación en una empresa que fabrica automóviles, aunque desde el principio sufrió varios incidentes de discriminación por parte de sus supervisores, quienes la llamaban por el nombre que aparecía en sus antiguos documentos oficiales y no con el que ella se identifica ahora.

Por esas acciones, Alejandra acudió al área de Recursos Humanos de la empresa para reportar a sus compañeros, sin embargo, la encargada de esa área solo le respondió señalando su expediente y dijo: “¿Qué dice aquí? Contratamos un hombre, ¿ya entendiste?”, señala el informe.

Renato, un hombre trans de 29 años originario de Celaya, tuvo un problema parecido. Hace un año solicitó un trabajo en un puesto de tacos y el encargado del proceso de reclutamiento le dijo, frente a otras personas, que si era una mujer debía vestirse como una.

“Me sentí muy mal por lo que dijo, también porque, a pesar de explicar mi situación [que soy una persona trans], supe que me negarían el empleo”, narró Renato para el informe.

Tanto en el caso de Alejandra como en el de Renato, el primer problema fue que no tenían documentos oficiales acordes con el género y nombre con los que ahora se identifican. Debido a que en Guanajuato la ley no reconoce los cambios de identidad, las personas trans deben interponer amparos en el Poder Judicial para que sus actas de nacimiento sean actualizadas.

La asociación Amicus DH ha litigado cerca de 50 amparos de este tipo entre el 2015 y 2022 ante la justicia federal de Guanajuato, un proceso que puede ser desgastante tanto en lo económico como en lo emocional si las personas trans lo hacen solas. La organización estima que cada caso implica un costo de 9 mil pesos y se demora de tres a 14 meses.

Una alternativa para las personas trans es tramitar su nueva acta de nacimiento en otro estado, pero se corre el riesgo de que ese documento no sea admitido por las autoridades de Guanajuato y puede complicar el trámite de la credencial de elector o el pasaporte.

“Exigir a las personas trans de Guanajuato que litiguen por su derecho a la identidad es una pérdida de tiempo, energía y recursos de todas las partes”, explicó Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus DH. “Una solución sencilla y garante de los derechos humanos sería crear un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género en el estado”.

Universidades ponen trabas a personas trans para emitir sus títulos

La discriminación contra las personas trans no solo está presente en los registros civiles o en el ámbito laboral. Este sector también es objeto de burlas y humillaciones dentro de las universidades, donde sus compañeros y profesores no les llaman por su nombre actual, tienen problemas para que la institución les emita su título con sus datos actualizados o simplemente no se pueden inscribir.

André, un hombre trans de 25 años, ya terminó todas las materias y cumplió con todos los requisitos para graduarse de la carrera de Comunicaciones en la Universidad de León, pero aún no ha iniciado el trámite del título porque quiere que este documento se emita con su nombre y género actual.

Para lograrlo, André interpuso un juicio de amparo ante un juez federal del estado y está a la espera de que la resolución sea a su favor. Si esto sucede, el registro civil modificará su acta de nacimiento y con ello ya podrá iniciar los trámites para actualizar todos sus documentos oficiales y tener su título universitario.

De las 31 personas trans que HRW y Amicus DH entrevistaron para su informe, 12 comentaron que han enfrentado trabas para que sus universidades les emitan sus títulos profesionales con su género y nombre actual. En algunos casos esto ha generado problemas, ya que el personal de contratación de las empresas no entienden por qué los expedientes educativos de las personas trans tienen un nombre y género, mientras ellas se identifican con otros diferentes.

Tres de las 31 personas trans entrevistadas explicaron que mejor prefirieron posponer sus estudios universitarios o su fecha de graduación hasta que su género y nombre real puedan aparecer en sus diplomas.

Rubí, una mujer trans de la capital de Guanajuato que tiene 35 años, contó que personal de la universidad donde estudiaba le pidió que dejara de asistir después de cursar dos semestres. En 2017 había tramitado un acta nueva en la Ciudad de México, pero este documento no fue admitido en el estado del Bajío.

“Para la universidad, era como si yo tuviera una doble identidad”, explicó Rubí, quien también aseguró que ha intentado inscribirse en otras diez universidades y no la han aceptado porque el registro civil de Guanajuato no ha actualizado su acta de nacimiento. “Si yo quiero superarme, no se puede. Te cortan las alas”, mencionó.

La comunidad trans de Guanjuato también enfrenta discriminación por parte de compañeros y profesores. De las 31 personas entrevistadas para el informe, 13 dijeron que la población estudiantil no las llamaba por su nombre actual debido a que sus documentos no estaban actualizados.

Comunidad trans debe pagar servicios privados de salud por seguridad

El acceso a los servicios de salud es un derecho constitucional de todos los mexicanos y las mexicanas, aunque la comunidad trans batalla para recibir atención en hospitales públicos por la discriminación que sufre de parte de la gente y el personal médico.

Mayra, una mujer trans de 40 años nacida en el municipio de Salvatierra, explicó que prefiere acudir a clínicas privadas porque el trato es mejor. Una mala experiencia en el sector público la tuvo en marzo del 2020, cuando sufrió un accidente en moto; en la ambulancia y en el hospital donde fue atendida el personal siempre negó a llamarla por su nombre porque no estaba en sus documentos oficiales.

“No solo acababa de tener un accidente y me encontraba bastante asustada, sino que tuve que defenderme todo el tiempo de los malos
tratos (verbales)”, relató la mujer trans.

En el informe de HRW y Amicus DH, 15 de las 31 personas entrevistadas indicaron que personal médico exhibió frente a pacientes su nombre antiguo, mientras que otras 11 personas dijeron que preferían obtener atención de su salud a un costo elevado porque sufren menos discriminación.

Mateo, de 40 años y residente de León, lo resumió así: “Me da temor estar en sala de espera y ser llamado por mi nombre legal frente a otras personas. Da miedo de verse así de expuesto y no saber cómo van a reaccionar todos”.