La denuncias por acoso sexual en el gobierno federal van en aumento

La abogada Wendy Herrera fue despedida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) después de 10 años de haber vivido y denunciado situaciones de acoso laboral y hostigamiento sexual por parte de sus compañeros y superiores.

Desde su ingreso, en 2011, hasta el día de su despido, Wendy vivió situaciones de hostigamiento sexual y se encontró con barreras para poder denunciarlas y tener acceso a la justicia. Denunció que el acoso empezó por parte de Rogelio Aviña, quien era titular del Órgano Interno de Control de CFE, pero la violencia no era un caso aislado, también señaló a otros directivos, como Mario Ernesto González, secretario del Interior del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM); Víctor Manuel García, secretario de la Comisión Nacional de Justicia; y el propio Víctor Fuentes del Villar, quien es secretario general.

“La primera vez que me dio una nalgada yo no sabía qué hacer, si reclamarle, si callarme, y pues se volvió una situación recurrente y luego me di cuenta que todas las mujeres que estaban muy allegadas a él tenían que saludarlo en la boca, entonces yo primero lo saludaba de beso normal y se enojaba, me regañaba y así entendí que tenía que saludarlo ya de beso en la boca”, recuerda Wendy sobre el acoso que vivió por parte de Fuentes. 

Además de los besos, Wendy fue testigo de que a las mujeres se les obligaba a dormir en la misma habitación que sus superiores durante los viajes de trabajo, que tenían que aguantar comentarios lascivos e, incluso, vio cómo en una comida de cumpleaños de una trabajadora, los hombres “juntaban dinero entre todos y se lo tiraban al suelo para que lo recogiera”.

Wendy ingresó a la institución en 2011 y fue directora jurídica del SUTERM, lideró el área de Transparencia y formó parte de la Comisión de Justicia. 

Asegura que los casos de acoso son recurrentes en el SUTERM, en muchas ocasiones no se denuncian porque conseguir una base en el sindicato “es como sacarte la lotería”, y las mujeres prefieren no denunciar para no perder su trabajo.

“Es estar parada frente a un monstruo y nadie te escucha, ahí te queda de dos: o te aguantas o te sales y hasta donde tope“, recalca.

Cifras obtenidas por La-Lista sobre denuncias y sanciones de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública federal indican en los últimos cinco años, los casos han ido en aumento.

Información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregada a La-Lista a través de una solicitud de transparencia, las denuncias por abuso y acoso sexual en la administración público federal suman mil 184 casos y cada año se presentan más.

A cinco años de la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el gobierno federal, las denuncias han ido aumento.

En 2018 se presentaron 211; al siguiente año fueron 274; en el año 2020 fueron 255; la cifra que se detonó a 321 en 2021, y de enero a mayo de este año se contabilizaban 87 denuncias por conductas de este tipo. 

En los últimos cinco años no hay una sola denuncia por abuso o acoso sexual dentro de la Comisión Federal de Electricidad, la cual tiene más de 93 mil 184 trabajadores  en todo el país, de los cuales 71 mil están agremiados al SUTERM.

En otras dependencias donde hay una mayor proporción de hombres que de mujeres tampoco son visibles los casos de acoso. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo presentó nueve casos en 2021, el resto de los años no hubo un solo registro.

La dependencia que ha encabezado el número de denuncias cada año es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 177 casos de 2017 a mayo de 2022. El único año que no fue el primer lugar en denuncias fue 2021, lugar que ocupó la Secretaría de Marina (Semar).

Las sanciones

Las sanciones por parte de la SFP solo han sido de carácter administrativo, pero según los lineamientos del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, se puede dar vista al órgano interno de control de las dependencias y a las encargadas de procurar justicia, pero no hay registro de que esto haya ocurrido”

En 2018, del total de las denuncias solo el 14% terminó con una recomendación, en 2019 el 32% y en 2020 el 45%. Mientras que en 2021 sólo fue el 36% y en lo que va del 2022, únicamente 9 de los 87 casos han tenido pronunciamiento, es decir, el 10.3%.

Durante 2020, el último año del que se ha emitido un informe estadístico sobre estas conductas en la función pública, en 27% de los casos (68), la víctima denunció contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual.

De ese mismo año, el 14% corresponde a casos en los cuales fueron expresadas insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas y en 13% de los casos, la víctima denunció que le fue manifestado, abiertamente o de manera indirecta, el interés sexual.

Otras denuncias terminan archivadas por distintas razones, por ejemplo, que la persona denunciada dejó de trabajar en la institución. El 15% de las denuncias fueron archivadas por dicho motivo en 2018; 3.2% en 2019; 17% en 2020; 5.29% en 2021 y 1.14% en lo que va del año actual. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en el artículo 13 al hostigamiento sexual como “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, el cual puede ser expresado mediante conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”. 

El acoso sexual es “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

El miedo a las represalias

A la violencia que viven las víctimas se suma que muchas personas deciden no denunciar por temor a que no haya consecuencias reales para el agresor y que terminen siendo ellas las perjudicadas, como ocurrió a Wendy.

El 19 de noviembre de 2019, Wendy fue despedida tras haber sido acusada de beneficiarse con honorarios del sindicato de su exmarido, quien también era trabajador en CFE, lo cual tanto ella como su esposo negaron.

Wendy no se ha dado por vencida mantiene una demanda por despido injustificado que lleva cerca de 150 audiencias, pero las amenazas en su contra siguen.

Como en el caso de Wendy, muchas mujeres se encuentran con barreras para poder denunciar los casos de acoso u hostigamiento sexual en los organismos públicos y de los que sí se denuncian, muchos no terminan con una sanción, recomendación o pronunciamiento. 

También hay quienes prefieren no denunciar para evitar futuras agresiones y amenazas, como las que ha vivido Wendy, quien se ha visto obligada a cambiar su estilo de vida desde que presentó la demanda laboral para resguardar su seguridad. 

“Me he cambiado de casa tres veces, cambio mi carro a cada rato porque claro que no demerito quiénes son, es gente que tiene mucho poder, mucho dinero y al final me he enfrentado yo sola contra ellos”, cuenta la abogada.

En medio de las amenazas, también hay desconfianza en las autoridades. Asegura que lo único que le ha ayudado es hacer público su caso, ha presentado quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y teme por su vida

“¿Qué tiene que pasar? ¿tendrían que matarme para que ahora sí digan ‘mira, si estaba pasando esto, si denunció un millón de veces a los agresores, pero pobre, se murió, vamos a investigar’?… Mi vida la arruinaron por completo”, exclama, “ya no hay forma de que yo por mucho que me paguen y me den terapias, ¿cómo me voy a reponer de todo lo que me hicieron?”.