Mujeres que enfrentan la violencia vicaria impulsan cambios en las leyes en México

Las personas que han sufrido violencia vicaria padecen a sus agresores, generalmente sus exparejas, quienes hacen uso de instituciones como fiscalías y juzgados para ejercer violencia sobre ellas de forma institucional, denuncian mujeres afectadas. Recientemente, Luz y Yetlanezi denunciaron que fueron detenidas de forma irregular, en Puebla y Sonora, respectivamente. Ambas han luchado por años por obtener la custodia de sus hijos, pues aseguran que los padres han ejercido violencia en contra de ellos.

Luz no se asume como víctima de violencia vicaria, sino como sobreviviente. Ella se llama a sí misma así, pues se rehúsa a acostumbrarse a luchar toda su vida contra el padre de su hijo, a quien considera su agresor.

“Yo soy sobreviviente de violencia vicaria, porque una víctima se acostumbra a lo que tiene que vivir, una sobreviviente busca opciones y es donde yo estoy yo. Busco la opción de salir adelante con mi hijo”, dijo Luz en entrevista con La-Lista.

“Tomate”, como Luz le dice a su hijo, está a punto de cumplir ocho años. El niño nació en 2014, poco después de que sus padres terminaran una relación de siete años de noviazgo y siete meses de matrimonio. 

El niño pudo vivir sus primeros años con su mamá, quien tenía su custodia, y cada 15 días visitaba a su papá. Luz dice que aceptó un convenio que no le favorecía económicamente al menor, recibía una pensión de mil 500 pesos al mes, pero que lo aceptó para salir de la violencia en la que vivía con su expareja.

Luz tiene 37 años, es abogada, tiene una maestría y ha trabajado para diferentes niveles del gobierno de la Ciudad de México y de Puebla, en donde reside. Gracias a su formación profesional, ha logrado entender qué es la violencia vicaria y actualmente es la representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Puebla.

El Frente Nacional fue fundado en 2021 por Jennifer Seifert Braun, Alexandra Volin-Bolok y Mayte López García, víctimas de violencia vicaria. En un año, el colectivo creció y ahora está conformado por más de mil 200 mujeres de todo México que asumen que han enfrentado este tipo de violencia.

El resultado de la unión entre estas mujeres ha sido la legislación en materia penal en estados de la República como Puebla, Zacateca, Estado de México, Yucatán e Hidalgo, que ya incorporaron el delito de violencia vicaria a su Código Penal. Sin embargo, hasta el momento no existen estadísticas disponibles sobre denuncias presentadas.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se ejerce sobre los hijos para afectar a la mujer, según una definición de la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, se comete por parte de un hombre en contra de una mujer y suele expresarse a través de amenazas y en su grado más extremo, puede llegar al infanticidio o el feminicidio.

Las cofundadoras del Frente detectaron similitudes y patrones en los casos que han recibido: la forma en la que les quitaron a los menores, la violencia que vivieron por parte de sus exparejas y el tráfico de influencias y corrupción, que aseguran, hay en los tribunales familiares y las fiscalías.

A partir de esto, se han formado diferentes colectivos contra la violencia vicaria, mismos que han impulsado mesas de trabajo con diferentes instituciones, entre ellas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que ya trabaja con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) para establecer un modelo de atención mixta para que haya juzgados con el fin de que se resuelva la parte penal y familiar a la par.

“Hemos estado trabajando (…) promoviendo en todo el país estos juzgados mixtos en donde las mujeres pueden ver la parte familiar con la parte penal y no tener que seguir estas dos vías y también responder a estos tipos de violencia que se van visibilizando porque esta utilización de los menores como rehenes en las relaciones interpersonales están desde siempre pero ahora estamos viendo una forma más sistemática de abordarlo”, dijo la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, durante el último Informe del Grupo Interinstitucional de la Estrategia de Protección Integral para las Mujeres.

Las víctimas también se han reunido con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien aceptó que los juzgados familiares son parte de esta problemática al no dar una respuesta rápida a las mujeres y que, a pesar de que la mayoría de estos asuntos se dan a nivel local y no federal, la Defensoría Pública está llevando un caso de violencia vicaria.

“Tenemos un caso sobre el cual no puedo dar ahora datos, que ya vamos a empezar a defender a una mujer de violencia vicaria que están a punto de ejecutar en su contra una orden de aprehensión de todas estas corruptelas que suceden”, declaró Zaldívar en conferencia de prensa este 17 de agosto.

Luchar en juzgados para recuperar a un hijo

Tomate nunca dejó de ver a su padre. Luz lo llevaba a su casa cada 15 días, pero el 26 de abril de 2020, cuando su hijo tenía cinco años, su exesposo le dijo: “ya no te lo voy a entregar nunca”, recuerda Luz.

Luz denunció a su expareja por sustracción de menores en la Fiscalía General de Justicia de Puebla, en donde se abrió una carpeta de investigación, pero se llevó una sorpresa cuando descubrió que desde un año antes, en 2019, el padre de su hijo tramitó un juicio familiar de restitución de menores. 

Luz asegura que no le notificaron la existencia de ese proceso y presentó un amparo para recuperar la custodia de Tomate. El juicio de impugnación se llevó a cabo durante la pandemia y tardó un año y medio en resolverse. Todo ese tiempo, el niño vivió con su padre.

“Me dieron visitas virtuales una hora cada 15 días”, explicó Luz. Ella puso una denuncia por violencia familiar y su exesposo respondió con una denuncia en su contra por el mismo delito. 

“El agresor dijo que yo golpeaba al niño. Increíblemente a él le dieron una orden de protección, a mí no. La mía se archivó, según, yo no estaba viviendo violencia, para la autoridad penal el hecho de que no me dejara ver a mi hijo, que no me dejara hablar con él, que yo no supiera dónde estaba, eso no era violencia”, dijo Luz.

Para que Luz pudiera ver a su hijo de manera presencial, fue vigilada por psicólogos durante las citas por Zoom, lo que permitió que le dieran visitas presenciales en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

En julio de 2021, la guardia y custodia de Tomate le fue entregada a ella, el niño regresó a vivir con su madre hasta octubre del mismo año. El juicio en materia familiar aún está abierto, pues el padre del niño ha interpuesto diversos amparos, lo que no permite su conclusión.

Las convivencias continuaron entre Tomate y su padre, pero Luz debe llevar al niño todos los jueves por la mañana al Poder Judicial de Puebla. Un día no pudo asistir porque el niño se encontraba en la escuela. A pesar de que Luz justificó la falta, se le giró una orden de arresto. 

“Había una solicitud mía de arresto y dos para él (su exesposo). La que se decretó fue la mía y no sólo eso, él quería que me arrestaran afuera de la escuela de mi hijo”. Luz se entregó a las autoridades el 8 de julio pasado para evitar que el menor viera el arresto. 

“Me llevan a un penal en la comunidad femenil, lo cual me pareció arbitrario y excesivo porque la mía era una falta administrativa, es más, ninguna mamá había sido arrestada por esa situación y llevada al penal de San Miguel”, contó Luz, quien cumplió 10 horas en prisión como sanción por no llevar a su hijo a la convivencia. 

Hasta ahora, las dos órdenes contra su expareja no han sido cumplimentadas y Tomate continúa asistiendo a las convivencias con su padre, quien le dijo al niño que su madre había estado detenida.

“Después que yo estuve detenida, le dije que soy una delincuente y mi hijo vive confundido. Él sigue haciendo este tipo de violencia emocional en contra de mi hijo y es algo que las autoridades no quieren darse cuenta”, explicó Luz.

La-Lista contactó al Poder Judicial del estado de Puebla para saber cómo los juzgadores se preparan para atender casos de violencia vicaria, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se tuvo respuesta.

Cuatro años lejos de su hijo, el caso de Yetlanezy

Yetlanezy, una mujer de 44 años que vive en Sonora, también pisó la cárcel recientemente. El 4 de julio, policías vestidos de civiles la aprehendieron por no presentarse dos días antes a una audiencia que se realizó como parte de la denuncia que su expareja presentó en su contra por incumplimiento de obligaciones familiares

Desde hace cuatro años, Yetlanezy ha luchado por recuperar a su hijo, quien actualmente tiene 18 años. “No lo veo desde los 14 años y como puso (su expareja) una denuncia de violencia familiar, yo no me puedo acercar a él hasta febrero de 2023”, explicó Yatlanezi en entrevista con La-Lista.

En 2010, Yetlanezy y Fabián, el padre de su hijo, se divorciaron. Ella reconoce haber vivido violencia familiar física, psicológica y económica. En ese entonces, Adrián*, hijo de ambos, tenía seis años. A pesar de la separación, el niño nunca dejó de ver a su padre y a su abuela, sin que existiera una orden de un juez, y asegura que Fabián daba una pensión de 2 mil pesos mensuales.

A los 13 años, Adrián le confesó a su mamá que su padre le ponía videos pornográficos desde los 10 años, por lo que Yetlanezy enfrentó a Fabián, quien dice que aceptó haber mostrado pornografía al menor. La madre del niño no denunció el hecho para no exponer al menor a los juicios y los peritajes, pero sabía que su hijo necesitaba asistir con un psicólogo.

Meses después, la mujer contrajo matrimonio con su actual pareja, quien trabaja en Torreón, Coahuila, se mudó a esa ciudad con Adrián, en donde recibiría atención psicológica.

En febrero de 2019, Fabián fue a Torreón por Adrián con una orden obtenida luego de poner una denuncia contra Yetlanezy por violencia familiar, donde acusó que el adolescente estaba en peligro y en riesgo de perder el ciclo escolar, de acuerdo con la relatoría de hechos, asentados en la carpeta de investigación. El proceso por violencia familiar fue suspendido con la condición de que la mujer no viera a Adrián hasta 2023.

Adrián se fue a vivir con su padre y su abuela a Caborca, Sonora, y durante dos años no vio a su madre. Hasta 2020, un juez de lo familiar le dio una orden a Yetlanezy para ver a su hijo de cinco a ocho de la noche, pero no le permitían llevarlo a pasear, por lo que tenía que verlo dentro de la casa y bajo la vigilancia de su abuela.

Fabián también la denunció por incumplimiento de responsabilidades alimenticias, y por esa denuncia Yetlanezy fue procesada. En la última diligencia del 29 de junio, en Sonora, ella no pudo acceder y después de unas horas, su abogado le notificó que se le había girado una orden de aprehensión por no asistir de forma presencial al juzgado.

Yetlanezy estaba en Torreón y de inmediato se trasladó a Caborca, Sonora. El lunes 4 de julio se presentó en los juzgados, donde le aseguraron que sólo necesitaba una carta de su abogado justificando su inasistencia. Estuvo alrededor de 30 minutos en el lugar, pero al salir y abordar su automóvil, se percató que un coche la seguía.

“Me siguieron varias cuadras, yo vivo cerca de ahí y cuando iba llegando a mi casa, el auto me chocó de mi lado, me bajé y ahí me dijeron que tenía una orden y me detuvieron”, explicó Yetlanezy.

Los policías la trasladaron al penal de Nogales, Sonora, y allí permaneció el resto del día hasta que las abogadas del Frente Nacional lograron sacarla, pero Yetlanezy tuvo que mudarse temporalmente a Caborca para poder solucionar el conflicto y aún tiene la esperanza de que ahora que Adrián tiene 18 años, la orden de restricción pueda ser revocada y volverlo a ver.

Las fiscalías y poderes judiciales en los estados son algunas de las instituciones que son instrumento de este tipo de violencia. La-Lista ha buscado a los representantes de los estados de estos casos, pero no recibió respuesta de forma inmediata.

*Los nombres fueron modificados por protección de datos personas de los menores de edad.