El caso Ingrid, el feminicidio que despertó el repudio social contra el morbo
Imagen: Eduardo Séptimo

Entre los cientos feminicidios que se han registrado en México en los últimos años, el de Ingrid Escamilla, a sus 25 años, merece un capítulo propio porque la escena en la que fue hallada sin vida se esparció en fotografías a toda plana en tabloides en la Ciudad de México en febrero de 2020 y la indignación social contra la revictimización llevó a impulsar la llamada Ley Ingrid, que sanciona hasta con 10 años de cárcel a quien difunda imágenes explícitas de crímenes como este.

El amarillismo de los diarios Metro y Pásala por el crimen ocurrido el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México detonó el repudio social y surgieron movimientos para vencer el morbo por ver las imágenes de su muerte, como una publicación masiva de imágenes de paisajes sublimes con el nombre de Ingrid en internet para que su memoria no se vinculara a la escena del feminicidio.

Después de más de dos años, la audiencia para dictar sentencia en contra del presunto feminicida está programada para este miércoles 12 de octubre en un juzgado del Reclusorio Oriente.

La audiencia para dictar sentencia por el feminicidio de Ingrid Escamilla había sido agendada para el 5 de septiembre. Pero ese día, después de más de dos horas, el juez reprogramó el fallo por incidencias técnicas. En esa ocasión, colectivas de mujeres y activistas se habían reunido frente a las puertas del penal para exigir en una manta: “pena máxima al feminicida de Ingrid Escamilla”.

Con carteles, fotografías, flores y velas blancas, la familia de Ingrid Escamilla ha hecho un nuevo llamado desde las 14:30 horas del miércoles, frente a la cárcel donde está recluido el presunto feminicida para exigir la pena máxima en México: 60 años de prisión.

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La violencia en contra de las mujeres en México ha alcanzado niveles de emergencia. De enero a agosto de este 2022 se han registrado 600 feminicidios y mil 905 homicidios dolosos. En los últimos cuatro años, el ciclo de violencia se refleja con el asesinato de 10.2 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas al final de cada noche en México.

La Ley Ingrid

Cuando las imágenes del crimen de Ingrid llegaron a medios de comunicación y se desató la condena social, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que haría una investigación entre los funcionarios que estuvieron presentes en la escena y sancionaría a los responsables de haber filtrado las imágenes.

Un año más tarde, la fiscal capitalina Ernestina Godoy anunció una iniciativa de ley para castigar hasta con 10 años de cárcel a la persona servidora pública que, de forma indebida “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la Ley como delitos”.

La ley Ingrid se replicó en Oaxaca y Estado de México, y en los congresos de cinco estados más se han presentado iniciativas. La Cámara de Diputados la aprobó en marzo de este año a nivel federal y fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación.

El caso de Ingrid inicia este miércoles un nuevo capítulo: el del acceso a la justicia.

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