La primera recomendación del año es para la Fiscalía CDMX por violencia institucional
La Fiscalía capitalina fue objeto de la primera recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por casos de violencia familiar.
La Fiscalía capitalina fue objeto de la primera recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por casos de violencia familiar.
Una mujer embarazada fue golpeada por su pareja y llevada al hospital por él mismo con la versión de que tenía dolores relacionados con el embarazo. A pesar de que familiares de la mujer presentaron una denuncia y pidieron que se investigara como violencia feminicida, funcionarios de la Fiscalía desconcentrada en investigación en Álvaro Obregón abrieron la investigación por el delito de violencia familiar.
La mujer murió como consecuencia de la violencia sufrida en 2020, pero fue hasta 2021 que se radicó en la Fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio.
Como este caso, hay otros cuatro que investigó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en los que mujeres presentaron una y otra vez denuncias de violencia familiar y solicitaron medidas cautelares sin que las autoridades de las agencias del ministerio público realizaran investigaciones a profundidad y se limitaron a abrir las averiguaciones para luego archivarlas sin que hubiera mayores consecuencias en la mayoría de los casos.
La primera recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México este 2023 fue dirigida a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violencia institucional con motivo de la investigación de casos de violencia familiar y tentativa de feminicidio.
Maria Luisa del Pilar García Hernandez, Cuarta Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos, expuso uno a uno los casos que forman parte de la Recomendación 01/2023 para destacar las omisiones y la revictimizacion a la que fueron sometidas mujeres y niños y niños por parte de autoridades de la Fiscalía capitalina en hechos ocurridos entre 2011 y 202l.
“La recomendación violencia institucional con motivo de la investigación de casos de violencia familiar y tentativa de feminicidio que hoy se presenta se deriva de cinco expedientes de queja cuyo patrón es que se trata de cinco casos de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar que no encontraron adecuada respuesta por parte del Estado en su búsqueda de acceso a la justicia”, dijo la Cuarta Visitadora.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, dijo que desde 2019 “ha documentado patrones de violencia institucional en la procuración de justicia consistentes principalmente en: irregularidades y deficiencias en las pruebas periciales; omisión de aplicación de las herramientas metodológicas necesarias y obligatorias en las investigaciones, tales como el análisis de contexto, el enfoque diferencial, de género y etario”.
Señaló que “son justamente estos factores los que provocan que las mujeres víctimas de otros tipos y modalidades de violencia de género no se acerquen a denunciar a las instituciones”.
Caso 1: dejaron que prescribiera el delito
Durante tres años, la víctima de este caso presentó diversas denuncias por violencia familiar, pero a pesar de contar con dictámenes periciales, funcionarios propusieron el no ejercicio de la acción penal en una de las carpetas de investigación hasta en cuatro ocasiones, las demás denuncias tuvieron el mismo fin porque se mantuvieron por siete años, lapso en el que había prescrito el probable delito.
Otra denuncia fue interpuesta por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria y se mantuvo en reserva por nueve años sin informar a la víctima.
Caso 2: ocho años de obstáculos para el acceso a la justicia
Luego de haber sufrido lesiones que la llevaron a ser hospitalizada, una mujer ha enfrentado obstáculos durante ocho años para tener acceso a la justicia. La víctima inició en 2014 una averiguación previa por los delitos de violencia familiar, lesiones y daño a la propiedad, en la agencia investigadora GAM 6, pero la han traído de una oficina a otra sin que alguien atienda a su denuncia.
La indagatoria fue remitida a la Fiscalía de procesos del ministerio público en lo familiar, quien declinó competencia y la regresó a la agencia investigadora GAM 6, luego el expediente fue extraviado, en 2019 se reactivó su caso y luego fue enviado al archivo.
Por las lesiones que sufrió, la mujer ha requerido intervenciones quirúrgicas derivadas de las lesiones que le provocó su agresor y que ella ha tenido que enfrentar por su cuenta.
Caso 3: revictimización en violencia de género
A la víctima de este caso le tomó seis años y varias denuncias que las autoridades iniciaran una investigación por la violencia provocada por su pareja.
Fue sometida a más de cinco evaluaciones psicológicas y revictimizada para lograr la judicialización en 2020 y una sentencia condenatoria este 2022.
Caso 4: tentativa de feminicidio investigado como violencia familiar
En febrero de 2020 la víctima, quien estaba embarazada, fue llevada al hospital por su pareja por supuestos dolores relacionados con el embarazo. Pero su papá supo que su pareja fue quien la había agredido, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía desconcentrada en Investigación en Alvaro Obregón.
A pesar de la petición para que se iniciara por tentativa de feminicidio, se hizo únicamente por violencia familiar. La investigación fue supeditada a tener la declaración de la víctima, sin considerar que no podía asistir por su estado de salud.
La mujer murió como consecuencia de violencia sufrida y hasta 2021 se radicó en la Fiscalía especializada la investigación del delito de feminicidio mientras que el agresor no ha sido localizado.
Caso 5: falta de integración de los casos de violencia familiar
De 2018 a 2020, la mujer inició cinco distintas carpetas de investigación por violencia familiar debido a que recibió agresiones físicas y amenazas de su entonces pareja, pero las investigaciones fueron llevadas de manera fragmentada sin perspectiva de género y sin haber realizado diligencias de investigación suficientes.
En la cuarta ocasión en que presentó una denuncia, el presunto agresor fue detenido por parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por agresiones en su domicilio, pero se le dejó en libertad porque según el dictamen del perito se concluyó que la víctima no presentaba alteraciones psicoemocionales.
La propia víctima fue la que se esforzó para que su agresor obtuviera en 2020 una sentencia de 9 años de prisión
La Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy deberá realizar un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad para las víctimas directas e indirectas; y deberá elaborar un Protocolo para la Investigación Ministerial, Policial y Pericial de los Delitos contra el Derecho de los Integrantes de la Familia a Vivir una Vida Libre de Violencia, con lineamientos para la oportuna actuación de su personal.
El instrumento deberá incluir medidas especiales para garantizar la participación y protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal y a contar con un acompañamiento especializado.
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