Mujeres se manifiestan en tribunales de la CDMX por caso de violencia familiar

Un grupo de mujeres realizó este martes una manifestación al exterior de las salas de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México (CDMX), ubicadas en la calle de Doctor Lavista, colonia Doctores, para exigir castigo ejemplar para Gustavo Adolfo “N” por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La colectiva “Deconstrucción Violeta” convocó a una movilización en las instalaciones de la alcaldía de Cuauhtémoc para dar apoyo a Ofelia y a su hija, quienes fueron víctimas de violencia familiar por parte de Gustavo.

En el lugar, las mujeres también exigieron que la fiscalía capitalina judicialice una carpeta de investigación por posible agresión sexual en contra de Gustavo Adolfo en agravio de una menor de ocho años, hija de la denunciante, según información recogida por MVS noticias.

Asimismo, exhortó al Tribunal Superior de Justicia a que se juzgue, se investigue y se argumente con perspectiva de género cuidando la vida de Ofelia.

En tanto, al salir de la audiencia intermedia, Ofelia refirió en entrevista con Milenio que el proceso penal contra Gustavo inició por una presunta agresión ocurrida en 2018.

Actualmente, el presunto agresor tiene como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas; no obstante, la colectiva “Deconstrucción Violeta” denunció que este martes el hombre encaró y grabó en vivo a quienes se manifestaban, incluyendo a Ofelia.

“No nos va a amedrentar, sobre todo porque estamos en la búsqueda de la justicia a nuestra hermana. Afortunadamente, los medios de comunicación fueron testigos y también grabaron sus agresiones”, escribió el grupo feminista en su cuenta de Facebook.

Además, la colectiva hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que vigile este proceso, ya que, dijo, “es un derecho” para que las mujeres e infancias puedan tener una vida libre de violencia.

“La vida de nuestra compañera y su hija están en riesgo, y es una obligación ponderar los derechos de las víctimas”, añadió.