#ExigeATuCandidat@: La-Lista de demandas de colectivas feministas a las y los aspirantes

En el actual sexenio, el gobierno federal nos vio como opositoras y cerró la posibilidad de diálogo. Esto ocasionó la reducción de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que se dedican al acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia. 

Enfrentamos el desafío de una falta de claridad política (…) La instrumentalización política, especialmente durante las campañas, pone a mujeres y niñas en el centro de las agendas políticas sin una correspondencia real en cuanto a presupuestos y administraciones, generando tensiones dentro del propio movimiento. 

La falta de voluntad política para reconocer, desnaturalizar, visibilizar, atender y erradicar las violencias contra las mujeres, así como la falta de presupuestos progresivos y garantes entregados a tiempo para los refugios y sus centros de atención externa.

El Anexo 13 ha sido ocupado por programas sociales que no están dirigidos a promover la igualdad ni eliminar las desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres y niñas. También hay discrecionalidad en el cumplimiento de los lineamientos del programa de refugios.

Los procesos de deslegitimización que el gobierno federal ha realizado respecto al movimiento y la agenda feminista. Esta deslegitimación pone en grave riesgo las demandas urgentes que atañen a los derechos de las mujeres y que impactan de manera directa en cómo la sociedad las percibe. Si desde el gobierno federal no se mira como urgente, necesario, real y en aumento las violencias ejercidas hacia las mujeres, muy difícilmente van a poder realizarse acciones que generan los cambios que se requieren.

Primero, el acceso a la justicia para todas las mujeres (indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGBT, jóvenes). Y en segundo lugar, la criminalización de las mujeres y la falta de una perspectiva de género. No se analiza el contexto en el que llegan las mujeres frente a la justicia –ya sean como víctimas o como imputadas–, lo que a su vez se relaciona con una serie de carencias de servicios e inseguridad que muchas veces tiene como consecuencia que las mujeres terminen en prisión.

Faltan mecanismos efectivos para el acceso a la justicia y herramientas suficientes para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. Aunque institucionalmente se ha logrado mucho –existen diferentes legislaciones, unidades, protocolos, fiscalías especializadas, incluso tribunales–, la impunidad, la corrupción y los estereotipos imposibilitan lograr la erradicación de la violencia en la práctica. 

No han podido garantizar la autonomía y una vida libre de violencias para todas las mujeres, en todas sus diversidades y etapas de vida. Tampoco hay un Sistema Nacional de Cuidados, presupuestos garantes con perspectiva de género ni modelos de atención y prevención integrales para las mujeres e infancias sobrevivientes de violencias.

¡Hay muchísimos temas pendientes! Las grandes demandas se concentran en el acceso al aborto seguro y en frenar los feminicidios y la violencia vicaria. Pero creo que el gran tema pendiente es la falta de políticas públicas que materialicen leyes y reformas que se han hecho en favor de la agenda de mujeres. De poco sirven la despenalización del aborto o leyes contra la violencia vicaria y violencia digital si seguimos carente de acceso a la justicia, de implementaciones adecuadas, sin presupuesto para refugios, sin transversalizacion de género y capacitación adecuada a servidores y servidoras públicas.

Todas las problemáticas están entrelazadas y por eso es necesario atenderlas en su conjunto. No hay un tope, debemos tener propuestas que dialoguen con la ciudadanía, con grupos con los cuales los candidatos y los políticos en general, no han dialogado, y en gran medida son estos movimientos de mujeres con diversas necesidades. Solo así se pueden construir soluciones a problemas complejos. Deben también comprometerse con la rendición de cuentas y la retroalimentación permanente respecto a las políticas públicas.

Lo mínimo que esperamos es ser escuchadas y recibidas. A menudo, las mujeres, especialmente las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, se convierten en una agenda política durante las campañas, pero tras estas conseguir una reunión se vuelve imposible. Lo máximo que esperamos es que las políticas públicas trasciendan el papel y se traduzcan en mecanismos efectivos para el acceso a la justicia, con candidatos y candidatas verdaderamente sensibles al contexto de violencia que enfrentan mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual.

Que ponga en el centro de su agenda los derechos humanos de las mujeres e infancias, que deje de administrar la violencia machista y rompa con el pacto patriarcal. Que gobierne desde la democracia y la horizontalidad, legitimando a las víctimas y sus madres, a las organizaciones de la sociedad civil, a las feministas y tenga la capacidad de mantener los programas y acciones que han dado resultado fortaleciéndolos, no eliminándolos. 

Esperamos personas candidatas que, de entrada, tengan un equipo sólido y congruente, sin agresores sexuales o violentadores de mujeres, eso como mínimo, para empezar. Y lo máximo, el cielo es el límite, es decir, alguien que le apueste a la creación de políticas públicas tangibles, con cambios certeros, que escuche las necesidades de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Urge una política nacional de prevención de las violencias. Los esfuerzos se deben enfocar en estrategias que permitan evitar las violencias, no esperar a que ocurran, escalen o se repitan. La política pública federal actual en materia de prevención de erradicación y atención a la violencia de género tiene un enfoque punitivo, de creación de delitos, pero no de prevención. También se requieren políticas públicas de reinserción social transformativa para las mujeres que salen de prisión.

Actualmente estamos respaldando el proyecto de Ley Mariana Lima, junto a la señora Irinea Buendía, defensora de derechos humanos y madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio. Este proyecto busca incorporar la sentencia homónima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las legislaciones federales y estatales. Su objetivo es sancionar a los servidores públicos que obstruyan el acceso a la justicia a víctimas de feminicidio, asegurando así investigaciones con perspectiva de género. 

Además, en colaboración con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), trabajamos en el proyecto de ley contra la prescripción de delitos sexuales.

Sí: presupuestos plurianuales para Refugios y sus Centros de Atención Externa que garanticen la operatividad de estos espacios que previenen feminicidios y restituyen derechos, evitando así que solo cuenten, como hasta ahora, con algunos meses de financiamiento y que este llegue con retrasos. 

Es indispensable un sistema nacional de cuidados que promueva la autonomía de las mujeres y elimine las desigualdades impactando en las relaciones de violencias y opresión que viven las mujeres.

En nuestro caso, desde Di RAMONA, nos interesa la creación y garantía de implementación de políticas públicas en torno al acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, con difusión adecuada, amplia y desde una perspectiva intercultural, pero también de diversidad sexual.