Policías torturaron a detenidas de ‘Casa Okupa': Derechos Humanos de la CDMX
El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos de las activistas.
Coorporaciones policiacas de la Ciudad de México (CDMX) torturaron y vulneraron diversos derechos de las activistas Karla y Magda, detenidas en la “Casa Okupa” el 15 de abril de 2022.
Diversas activistas e integrantes de colectivas feministas tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicadas en la calle República de Cuba, para exigir la atención a casos de violencia contra mujeres. Sin embargo, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina las desalojaron.
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En los hechos, policías capitalinas golpearon a las activisyas en diversas partes del cuerpo y en la cabeza. Además, las amenazaron. Las agentes involucradas fueron identificadas como Leslie Itzel Escamilla Macías, Rosa García García y María Guadalupe García Pérez, de acuerdo con la recomendación 06/2024 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
A su llegada al Ministerio Público, la policía de investigación Brenda Yadira Martínez Cruz cometió tortura sexual contra Karla y Magda. Además, las autoridades les tomaron fotografías y las filtraron a los medios de comunicación.
Las mujeres fueron trasladadas Centro Femenil de Reinserción Social “Santa Martha Acatitla” en donde permanecieron diez meses acusadas de narcomenudeo, sin que se comprobara su culpabilidad.
Por estos hechos, la titular de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez, presentó una recomendación ante la violación a sus derechos.
“Fueron víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos, entre ellas, el derecho a la libertad y seguridad personales, específicamente por detención ilegal y arbitraria; al derecho a la integridad personal, particularmente a no ser sometidas a tortura, incluida la tortura sexual durante tareas de seguridad ciudadana y procuración de justicia; además de que se violentó su derecho al debido proceso”, mencionó Ramírez.
El organismo solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, a garantizar medidas de no repetición, emitir una disculpa pública e integrar una investigación contra las policías que violentaron los derechos de las activistas.