Violencia contra las mujeres en Myanmar: siete décadas de guerra civil y un presente devastador
Las mujeres en Myanmar se han convertido en las víctimas invisibles de la guerra civil que libra el país desde hace más de 70 años. Para que está realidad se transforme
La violencia contra las mujeres en Myanmar se acrecentó desde 2021; sin embargo, la guerra civil que libra el país desde hace más de siete décadas es parte del problema.
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En los conflictos armados, las mujeres y niñas suelen ser las más invisibilizadas, pero también las más vulnerables. Las guerras civiles no solo destruyen infraestructuras y desplazan poblaciones, sino que profundizan las desigualdades preexistentes y colocan a las mujeres en una posición extrema de riesgo. Myanmar, también conocida como Birmania, es un claro ejemplo de ello.
La violencia sexual, el desplazamiento forzado, la pobreza y la ausencia de mecanismos de protección convierten los cuerpos de las mujeres en frentes de batalla no declarados. Según el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad del Instituto Georgetown, el país se sitúa en el puesto 165 de 177 a nivel mundial en términos de inclusión, justicia y seguridad para las mujeres, siendo el peor evaluado de Asia Oriental y el Pacífico.
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Esta realidad no es reciente: se origina en más de siete décadas de guerra interna y se ha intensificado de forma alarmante desde el golpe militar de 2021, sumiendo al país en una espiral de violencia donde las mujeres enfrentan agresiones no solo del ejército, sino también de grupos armados de oposición y civiles cercanos.
En este texto, se exploran las múltiples formas de violencia que padecen las mujeres en Myanmar —desde la violencia sexual y doméstica hasta la conscripción forzada y los abusos institucionales—, el colapso de los mecanismos de justicia y las barreras para acceder a una reparación efectiva. También se detallan las recomendaciones propuestas por la Fundación Friedrich Naumann para contener estas agresiones y fortalecer la protección de las mujeres en contextos de conflicto.
Conflicto civil con cicatrices profundas para las mujeres
Myanmar atraviesa el conflicto armado interno más prolongado del mundo, con más de siete décadas de enfrentamientos entre el ejército birmano —conocido como Tatmadaw— y diversas organizaciones armadas étnicas que luchan por la autodeterminación.
Esta guerra se ha intensificado desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, cuando el general Min Aung Hlaing tomó el poder alegando fraude electoral. Desde entonces, la violencia política escaló a niveles alarmantes, profundizando la crisis humanitaria y debilitando aún más el estado de derecho.
Tras el golpe, el país fue testigo de una oleada de protestas y desobediencia civil sin precedentes, conocidas como la Revolución de Primavera. Sin embargo, la represión militar brutal, que incluyó asesinatos y arrestos masivos, provocó que muchos civiles tomaran las armas. Así, surgieron nuevos actores armados como las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), intensificando aún más los enfrentamientos con el ejército.
El Acuerdo de Alto al Fuego Nacional de 2011 quedó invalidado y el conflicto alcanzó una escalada nacional.
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El impacto del conflicto armado sobre la población civil ha sido devastador. Más de 3,5 millones de personas están desplazadas internamente y casi 20 millones requieren asistencia humanitaria urgente. Las mujeres y niñas se encuentran entre los grupos más vulnerables, no solo por la violencia directa del conflicto, sino por la erosión generalizada de sus derechos y libertades.
Antes del golpe, Myanmar había avanzado tímidamente en reformas legales e institucionales, con el apoyo de organismos como el PNUD y USAID. Se promovieron centros del Estado de Derecho y se implementaron planes estratégicos para la modernización judicial. Sin embargo, todos estos progresos colapsaron tras la toma del poder por el ejército.
La independencia judicial fue reemplazada por el control militar absoluto, y los casos de violencia sexual y de género aumentaron dramáticamente. La violencia doméstica se ha convertido en una de las formas más frecuentes de agresión contra mujeres y niñas, y la exclusión institucional es parte de la vida cotidiana.
Violencia de género en Myanmar: una crisis múltiple
El informe de la Fundación Friedrich Naumann documenta una amplia gama de violencias sufridas por las mujeres.En las zonas afectadas por el conflicto —Kachin, Kayah, Shan y Sagaing—, las mujeres han sido víctimas de abusos perpetrados tanto por el ejército birmano (Tatmadaw y el Consejo de Administración del Estado - SAC) como por las fuerzas de resistencia y grupos armados étnicos.
Las formas de violencia incluyen:
- Violencia sexual extrema: violaciones, violaciones colectivas, violencia sexual con objetos, incluso contra mujeres embarazadas, adolescentes y personas con discapacidades. Algunas víctimas han sido violadas delante de sus familias.
- Tortura y asesinatos: mujeres han sido mutiladas, quemadas vivas, decapitadas o asesinadas tras ser violadas. Al menos 13 fueron violadas y luego asesinadas entre 2021 y 2024.
- Violencia doméstica: exacerbada por el desplazamiento, el consumo de alcohol y drogas, y la presión económica en los campamentos de personas desplazadas.
- Violencia institucional: acoso sexual, abusos en centros de detención y requisas corporales humillantes por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.
- Conscripción forzada: mujeres han sido reclutadas por la fuerza pese a estar exentas legalmente, aumentando el riesgo de explotación sexual.
- Explotación por parte de la resistencia: incluso las fuerzas vinculadas al Gobierno de Unidad Nacional (NUG) han cometido abusos sexuales, agresiones y acoso, muchas veces minimizados en nombre de la revolución.
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Un sistema de justicia que falla a las víctimas
Acceder a la justicia en Myanmar es un desafío inmenso para las mujeres sobrevivientes de violencia, particularmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. A lo largo de los años, la falta de acciones significativas contra soldados y combatientes responsables de agresiones sexuales ha generado una cultura de impunidad profundamente arraigada.
Las pocas veces que se inician procesos legales, estos suelen manejarse en tribunales militares opacos y sin garantías. En muchos casos, los responsables reciben castigos simbólicos o son protegidos por sus superiores, lo que desalienta la denuncia y perpetúa el ciclo de violencia.
La situación se complica aún más en regiones controladas por grupos de resistencia o fuerzas étnicas armadas.
Aunque algunos de estos actores han intentado establecer sistemas judiciales propios, estos son irregulares, carecen de procedimientos formales y rara vez incorporan enfoques sensibles al género. Por ejemplo, en la región de Sagaing, un sobreviviente relató cómo un miembro de las fuerzas locales asesinó a una joven por rechazarlo sentimentalmente.
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Si bien el caso fue investigado por el sistema judicial del NUG y el agresor condenado a 10 años de prisión, no todos los casos reciben seguimiento ni justicia similar. En muchos otros, se opta por indemnizaciones económicas a las familias o simples promesas de no reincidencia, lo que genera frustración entre las víctimas.
Algunos de los retos más visibles que enfrentan las mujeres que intentan acceder a justicia incluyen:
- Impunidad estructural del ejército: Los crímenes cometidos por soldados del SAC, como violaciones, tortura o asesinatos, rara vez son castigados. En estados como Kachin y Rakhine, hay múltiples denuncias documentadas donde los agresores recibieron apenas compensaciones monetarias simbólicas o fueron absueltos sin consecuencias.
- Amenazas y represalias: Los sobrevivientes muchas veces enfrentan amenazas directas por parte de los perpetradores o sus aliados. Estos agresores, frecuentemente con poder o influencia local, usan el miedo para silenciar a las víctimas y evitar denuncias.
- Obstáculos geográficos y económicos: El desplazamiento masivo, los altos costos de transporte y la falta de recursos impiden que muchas mujeres lleguen a centros judiciales o servicios legales. En zonas rurales o en campamentos de desplazados, el acceso a defensores públicos es prácticamente inexistente.
- Sistemas informales patriarcales: En ausencia de instituciones estatales funcionales, las comunidades recurren a mecanismos tradicionales de resolución de conflictos, encabezados casi siempre por hombres sin formación en derechos de género. En ocasiones, estas autoridades han obligado a las víctimas a casarse con sus agresores o han cobrado parte de las indemnizaciones como “comisión” por su mediación.
- Falta de perspectiva de género: Tanto en los sistemas de justicia estatal como en los paralelos creados por actores armados, predominan las normas masculinas. En lugares como el Estado Kachin, donde las estructuras judiciales están lideradas casi exclusivamente por hombres, las decisiones tienden a ser desfavorables para las mujeres, al no considerar la violencia sexual como una violación grave de derechos humanos.
- Ausencia de sanciones efectivas: Algunos grupos, como el Ejército de Liberación Nacional Karenni, manejan los casos internamente. Aunque aseguran aplicar penas, estas a menudo son leves o simbólicas debido a la necesidad de mantener a los combatientes activos en el frente de batalla.
A pesar de este panorama, algunas mujeres líderes locales están trabajando para establecer mecanismos más sólidos. Sin embargo, reconocen que las limitaciones personales, fondos y formación siguen siendo una barrera.
Organizaciones comunitarias de mujeres han manifestado que si no se desarrollan sistemas robustos, sensibles al género y accesibles para todos, la justicia seguirá siendo una ilusión para la mayoría de los sobrevivientes en Myanmar.
Recomendaciones para proteger a las mujeres en contextos de conflicto
La Fundación Friedrich Naumann propone un conjunto de acciones clave para mejorar la protección y el acceso a la justicia de las mujeres en Myanmar:
- Fortalecer las instituciones de gobernanza alternativas para que implementen leyes y protocolos sensibles al género.
- Apoyar con recursos flexibles a organizaciones de mujeres, que tienen mayor legitimidad en las comunidades.
- Impulsar sistemas de justicia informal con formación en género y garantizar al menos un 40% de participación femenina.
- Crear clínicas legales móviles en regiones remotas sin acceso a tribunales formales.
- Desarrollar campañas de información accesibles sobre derechos y mecanismos de denuncia.
- Condicionar el apoyo internacional al cumplimiento de reformas de equidad de género en instituciones opositoras al régimen.
- Promover el liderazgo femenino en estructuras de gobierno locales y regionales.
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La situación de las mujeres en Myanmar refleja el colapso del Estado de derecho y la urgencia de construir sistemas de justicia con perspectiva de género, tanto en estructuras formales como informales.
Proteger a las mujeres en situaciones de guerra no puede seguir siendo una promesa. Es una obligación urgente que requiere voluntad política, apoyo internacional y la inclusión activa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones. Solo así podrás abrirse un camino hacia una paz justa y duradera en Myanmar.