La-Lista del caso de malversaciones del gobierno de Del Mazo en el Edomex

Una investigación periodística reveló que el gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por Alfredo del Mazo, otorgó al menos 40 contratos a 15 empresas fantasma, relacionadas entre sí o de las que sus dueños no estaban enterados, entre otras irregularidades, por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.

El reportaje elaborado por María Teresa Montaño Delgado (El Observador), Lilia Saúl Rodríguez (Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado [OCCRP]), Nina Lakhani (The Guardian), Aïda Delpuech y Paloma Dupont de Dinechin (Forbidden Stories), da cuenta del esquema utilizado, la opacidad en los contratos y la violencia de la que fue objeto Teresa Montaño Delgado, la periodista que inició la investigación y que fue víctima de un secuestro y amenazas que la obligaron a salir del pais.

La historia también pone énfasis en un nombre: Alejandra del Moral, actual candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PAN-PRI-PRD.

Esta es La-Lista de los puntos más relevantes del caso de malversaciones en el Estado de México por 5 mil millones:

El reportaje revela que empresas fantasma y fachada recibieron más de 5 mil millones de pesos.

La periodista María Teresa Montaño acudió a Coatzacoalcos, Veracruz, para corroborar la existencia de una empresa, Instituto C&A Intelligent, a la que se le asignaron millones de dólares para la “gestión especializada del capital humano” del gobierno del Estado de México.

Montaño comprobó la ubicación de la empresa, que se encontraba en el segundo piso de un edificio residencial, pero a pesar de tener contratos, con tres dependencias, valorados en alrededor de 55 millones de dólares, el lugar no tenía ningún rastro de operaciones comerciales o empleados.

“Se trataba de una empresa falsa, que formaba parte de un plan cuyo objetivo era malversar enormes cantidades de dinero público… Por esa razón intentaron silenciarme”, destacó la fundadora y editora en jefe de la página web independiente de noticias El Observador.

Todos los contratos fueron firmados el 29 de diciembre de 2018, pero no eran los únicos acuerdos, pues Montaño se percató de más documentos similares con empresas y particulares de todo México, muchos de ellos eran para productos y servicios poco definidos y disponibles a nivel local, como limpieza, mobiliario para oficina, construcción y programas informáticos.

En total, el gobierno de Alfredo del Mazo emitió al menos 40 contratos que involucraban a mínimo 15 empresas fachada y fantasma.

Nueve de los contratos analizados por The Guardian involucraron a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, que entonces era dirigida por Alejandra del Moral, actual candidata a la gubernatura de la entidad mexiquense

También se menciona a Eric Sevilla Montes de Oca, quien fungió como director de la dependencia entre 2018 y 2020, y actualmente es presidente del PRI en el Estado de México y dirige la campaña electoral de Del Moral a la gubernatura.

Ni Sevilla ni Alejandra del Moral respondieron a los señalamientos. El nombre de Alfredo del Mazo también figura en la investigación como cabeza del gobierno que cometió las irregularidades.

Las empresas y contratos parecían legítimos, sin embargo, Muna Dora Buchahin Abulhosn, contadora forense que dirigió investigaciones sobre estrategias de malversación de fondos en la Secretaría de la Función Pública (SFP), destacó que existían diversas “señales de alerta”.

Por ejemplo, una búsqueda en Google Maps exhibió que las empresas a las que se les concedieron los contratos lucrativos se ubicaban en calles residenciales, lotes abandonados y centros comerciales.

Además, algunas direcciones estaban vinculadas a empresas que no existían y otras no tenían una página web funcional aunque tenían contratos multimillonarios.

“Los contratos fueron firmados con empresas lejanas para hacer casi imposible que los periodistas locales pudieran hacer verificaciones físicas. El gobierno tiene tanto control, pero yo seguí haciendo preguntas y descargando documentos… Por eso me secuestraron”, afirmó Teresa Montaño, de acuerdo con la investigación publicada en The Guardian.

En algunos casos no había empresas en las direcciones indicadas, ni carteles, trabajadores o infraestructura. Mientras que en otras situaciones, se contrató a empresas reales para bienes o servicios en los que no tenían experiencia.

Varios de los contratos fueron concedidos a finales de año, cuando la mayoría de los funcionarios están de vacaciones, y se ignoraron las solicitudes de información.

“Se trata de una red de altos cargos poderosos que simulan los contratos y los pagos que están respaldados legalmente por facturas pero que carecen de fundamento para llevarse el dinero… Esto continúa porque saben que no va a pasar nada, la impunidad es generalizada. Todos lo saben y nadie hace nada. El Estado de México es el más corrupto del país, es de donde sacan dinero para todos los demás”, dijo Buchahin a los periodistas.

Además de los contratos entregados a una empresa localizada en Coatzacoalcos, también se hallaron otros en Monterrey, Nuevo León.

En este caso, la empresa Sevacom fue contratada por seis organismos gubernamentales diferentes, entre ellos la oficina del gobernador y el departamento de asuntos rurales.

El consorcio encontró 12 contratos idénticos de un valor de casi 5.2 millones de pesos y en la dirección del documento destaca Sevacom, no obstante, se trata de una empresa que se dedica a productos de limpieza para el hogar, y el propietario negó recibir un contrato de este tipo.

Luego de que se dio la concesión de los primeros contratos, se creó una página web de Sevacom. La investigación detalla que el gobierno del Estado de México otorgó fotografías fotocopiadas de un almacén no identificado y de mujeres que recibían cajas de ayuda gubernamental, así como fotocopias de una carta de seguridad social y documentos proporcionados por dos empresas de certificación comercial, pero no se facilitaron pruebas de que se llevó a cabo un taller.

Otro caso fue involucra a una empresa de construcción en el Estado de México que recibió un contrato de outsourcing de medio millón de dólares. Sin embargo la dirección correspondía a una casa que era propiedad de una mujer que tenía un salón de manicura en la zona y sostuvo que nunca supo del acuerdo.

También se concedió un contrato de casi 100 mil dólares para el mantenimiento de elevadores a una empresa de medios audiovisuales.

A Instituto C&A Intelligent, empresa de recursos humanos de Coatzacoalcos que también resultó “beneficiada”, se le concedieron tres contratos con un valor superior a los 67 millones de dólares. Pero la compañía aparecía en Internet con una dirección diferente a la contenida en los documentos.

Un caso más: una empresa recibió cuatro contratos de mobiliario para oficinas, cuyo valor es de 2.4 millones de dólares, pero su dirección estaba ubicada en una oficina abandonada en un centro comercial a las afueras de Querétaro.

El gobierno de Alfredo del Mazo afirmó que cumplió con la ley en todo momento y que se concedieron todos los contratos a través de licitaciones públicas al “mejor proveedor”.

Los acuerdos fueron aprobados por la Secretaría de Finanzas, ya que es la que coordina el proceso de contratación pública del estado.

Cuando el consorcio se puso en contacto con la dependencia para conocer por qué se habían entregado contratos a empresas de otros estados, esta indicó que estaba obligada por ley a abrir las licitaciones a empresas de todo el país y presentó un expediente que contenía copias de fotografías y documentos sin fecha con los que argumentó que todos los contratistas eran legítimos.

Además, para reforzar su puto, entregó copias de fotos de las supuestas actividades de cada empresa.

Sin embargo, “los hallazgos sugieren que se trata de una nueva versión de un viejo plan de malversación”, señaló la investigación.

Además, la entidad mexiquense se dijo respetuosa de la libertad de prensa y aseguró que no tenía conocimiento previo del secuestro de Montaño.

El 13 de agosto de 2021, la periodista se dirigía a una cita médica a Toluca. En el camino, su coche se descompuso, por lo que para cumplir con su compromiso tomó un camión que la dejó en la unidad médica, cerca del Congreso del Estado, cuando salió eran más de las 19:30 horas, llovía y un carro blanco, que parecía taxi compartido, le hizo señas para que subiera.

El copiloto sacó un revólver y le dijo “No grites y no morirás”, acto seguido un segundo hombre le tapó los ojos con un cubrebocas y le subió el suéter dejando al descubierto su estómago y pecho. Ante esto, el conductor preguntó “Eres la periodista, ¿no?”.

A pesar de que Teresa Montaño negó esto, los hombres llegaron a dónde vivía y le preguntaron “¿Está tu hijo?” Los dos agresores saquearon la casa de la periodista y se llevaron laptops, teléfono, grabadora de voz, cámara, libretas y documentos, y no otro tipo de objetos de valor.

“Ellos robaron toda la investigación. El mensaje era claro, pero sobreviví, y esta información es demasiado importante como para guardármela. Antes de que la gente vaya a votar, tiene que saberlo”, declaró la periodista.

Los agresores dejaron a Montaño en un lote cercano, aproximadamente a las 23:00 horas. Sin teléfono ni dinero, después de unos minutos se encontró con un centro comercial, desde donde llamó a su familia y denunció el caso a las autoridades.

Tras el secuestro, Montaño se fue de México. Por su secuestro nadie ha sido detenido pese a las pruebas presentadas, ya que los fiscales involucrados en el caso niegan que los hechos tuvieran relación con su labor periodística, resaltó el reportaje.