El Edomex malversó 5 mil millones y una reportera arriesgó su vida para exponerlo

Era un bochornoso día de verano cuando la veterana periodista María Teresa Montaño Delgado condujo casi 724 kilómetros desde Toluca, capital del Estado de México (Edomex), hasta un barrio en decadencia situado en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera de la costa del Golfo.

Montaño llevaba con ella un contrato de 35 millones de dólares para la “gestión especializada de capital humano” del gobierno del Edomex, el último baluarte del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado el estado de manera ininterrumpida durante casi un siglo.

Montaño comprobó dos veces la dirección de la empresa, que resultó ser un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio residencial de color rosa pastel, en una calle común y corriente en la que había bares tapiados y terrenos baldíos.

La empresa, la mitad de un consorcio que tenía contratos con tres agencias valorados en aproximadamente 55 millones de dólares, existía sobre el papel, pero no había rastro de ninguna operación comercial ni de empleados.

“Me sorprendió el edificio en mal estado, pero confirmó mis sospechas: el contrato era completamente ilógico”, señaló Montaño, fundadora y editora en jefe de la página web independiente de noticias El Observador. “Se trataba de una empresa falsa, que formaba parte de un plan cuyo objetivo era malversar enormes cantidades de dinero público… Por esa razón intentaron silenciarme”.

Coatzacoalcos parecía ser un lugar poco probable para una empresa de recursos humanos que tenía contratos multimillonarios al otro lado del país. Todos los contratos fueron firmados el 29 de diciembre de 2018, en un momento en que una intensa guerra territorial entre cárteles rivales había contribuido a hacer que la ciudad portuaria se convirtiera en uno de los lugares más violentos de México.

Cuando The Guardian la visitó en enero, el malecón estaba bordeado de hoteles calcinados, centros comerciales abandonados y bloques de viviendas en ruinas, mientras las calles eran patrulladas por infantes de marina. Algunas mujeres valientes estaban afuera vendiendo cócteles de mariscos y cocos, pero parecía que un huracán había arrasado el centro.

Los contratos de 55 millones de dólares no eran los únicos acuerdos cuestionables que Montaño descubrió mientras buscaba en el portal de información del gobierno. A principios de 2021, Montaño se percató de la existencia de otros contratos millonarios con empresas y particulares de todo México, muchos de ellos para productos y servicios vagamente definidos y disponibles a nivel local, tales como limpieza, mobiliario para oficinas, construcción y programas informáticos.

En teoría, las empresas y los contratos parecían legítimos, sin embargo, existían múltiples “señales de alerta”, según menciona Muna Dora Buchahin Abulhosn, contadora forense que ha dirigido investigaciones sobre estrategias de malversación de fondos estatales.

Una búsqueda rápida en Google Maps reveló que las empresas a las que les habían concedido contratos lucrativos solían estar ubicadas en calles residenciales, lotes abandonados y centros comerciales. Algunas direcciones estaban vinculadas a varias empresas, o no existían; otras empresas no tenían una página web que funcionara a pesar de sus contratos multimillonarios.

El reportaje de Montaño era potencialmente vergonzoso para el PRI, que está desesperado por conservar el estado en las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de junio. No obstante, la investigación de la corrupción puede ser mortal en México, en particular para los reporteros locales.

El año pasado 15 periodistas fueron asesinados en México, lo cual lo convierte en el país más peligroso para los medios de comunicación, aparte de Ucrania. La violencia -y la impunidad que la fomenta- produce un efecto disuasorio, ya que los reporteros son silenciados sistemáticamente mediante amenazas, sobornos y listas negras que bloquean su acceso a puestos de trabajo e información.

“Los contratos fueron firmados con empresas lejanas para hacer casi imposible que los periodistas locales pudieran hacer verificaciones físicas. El gobierno tiene tanto control, pero yo seguí haciendo preguntas y descargando documentos”, explicó Montaño. “Por eso creo que me secuestraron”.

El 13 de agosto de 2021, se descompuso el automóvil de Montaño cuando se dirigía a una cita médica en Toluca. Lo dejó estacionado en una tienda de abarrotes y tomó un camión para ir a la clínica, cerca del edificio del Congreso del Estado, que está rodeado de cámaras de vigilancia.

Cuando terminó, ya eran más de las 19:30 horas. Estaba cayendo una gran tormenta y Montaño estaba empapada, cuando un carro blanco que parecía un taxi compartido le hizo señas para que subiera.

Casi de forma inmediata, un hombre delgado que se encontraba en el asiento del copiloto sacó un revólver. “No grites y no morirás”, le dijo. En la parte de atrás, un segundo hombre le tapó los ojos con un cubrebocas y le subió el suéter para dejar al descubierto su estómago y su pecho. El conductor añadió: “Eres el periodista, ¿no?”.

Temiendo por su vida, Montaño negó que era periodista, pero los secuestradores sabían dónde vivía e incluso dónde había dejado su automóvil. “¿Está tu hijo en casa?”, le preguntó el conductor cuando se detuvieron en su complejo residencial cerrado.

Los dos agresores saquearon la pequeña casa de Montaño, antes de dejarla con los ojos vendados en un lote polvoriento a unos kilómetros de distancia, aproximadamente a las 11 de la noche.

Montaño no tenía teléfono ni dinero, pero tras una luz lejana encontró el camino hasta un centro comercial y llamó a su familia. Montaño denunció inmediatamente el secuestro a las autoridades.

No fue hasta más tarde que se dio cuenta de que los agresores se habían llevado sus laptops, teléfono, grabadora de voz, cámara, libretas y documentos, pero no la televisión ni otros objetos de valor.

“Ellos robaron toda la investigación. El mensaje era claro, pero sobreviví, y esta información es demasiado importante como para guardármela. Antes de que la gente vaya a votar, tiene que saberlo”.

Durante los últimos seis meses, The Guardian y el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) trabajaron con Montaño como parte de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con sede en París, para continuar la labor de los periodistas amenazados y asesinados.

El equipo analizó docenas de contratos del Estado emitidos durante la actual administración encabezada por Alfredo del Mazo Maza -cuya familia gobierna Edomex desde hace 29 años-, visitó todas las direcciones de las empresas y consultó a expertos en corrupción y política en México.

Mientras el Edomex se prepara para acudir a las urnas el 4 de junio, la investigación puede revelar que el gobierno saliente emitió al menos 40 contratos que involucraban al menos a 15 empresas fachada y fantasma cuyo valor ascendía a más de 300 millones de dólares, unos 5 mil millones de pesos.

En algunos casos no había ninguna empresa en la dirección indicada: ni un cartel, ni trabajadores, ni infraestructura. En otros, se contrató a empresas reales para bienes o servicios sobre los que no tenían experiencia. Varias empresas compartían la misma dirección y/o representantes legales. Extrañamente, muchos contratos fueron concedidos a finales de año, cuando la mayoría de los funcionarios están de vacaciones. Se ignoraron las solicitudes de información presentadas para obtener pruebas de cada contratación.

El gobierno de Del Mazo indicó que cumplió la ley en todo momento y que se concedieron todos los contratos mediante licitaciones públicas al “mejor proveedor”; señaló que respetaba la libertad de prensa y a los periodistas, y que no tenía conocimiento previo del secuestro de Montaño.

La Secretaría de Finanzas autorizó todos los contratos, ya que coordina el proceso de contratación pública del estado. Cuando el consorcio se puso en contacto con la Secretaría de Finanzas, esta indicó que estaba obligada por ley a abrir las licitaciones a empresas de todo el país y presentó un expediente que contenía copias de fotografías y documentos sin fecha que demostraban que todos los contratistas eran legítimos.

Sin embargo, una investigación posterior reveló la existencia de múltiples incoherencias e irregularidades en las pruebas aportadas por el gobierno, entre ellas oficinas que aparentemente no estaban en uso o direcciones utilizadas por empresas que supuestamente no tenían ninguna relación entre sí.

En conjunto, los contratos reflejan un patrón de “actos y omisiones” que sugieren que se trata de una trama de malversación en la que están involucrados funcionarios públicos y particulares, según comentó Buchahin, la contadora forense.

En Monterrey, una ciudad ubicada a 965 kilómetros al norte de Toluca, la empresa Sevacom fue contratada por seis organismos gubernamentales diferentes, entre ellos la oficina del gobernador y el departamento de asuntos rurales, para que suministrara materiales para talleres -como los de creación de joyería, decoración con globos y confección-.

El consorcio encontró 12 contratos idénticos de un valor de casi 5.2 millones de dólares. En la dirección del contrato figura una empresa llamada Sevacom, pero se trata de una tienda de productos de limpieza para el hogar. El propietario negó haber recibido algún contrato público o tener conocimiento de la existencia de los talleres.

Tras la concesión de los primeros contratos, se creó una página web para Sevacom, sin embargo, las llamadas telefónicas, las cartas y los mensajes enviados a los datos de contacto que figuran en ella no tuvieron respuesta alguna. En su expediente, el gobierno del Edomex proporcionó fotografías fotocopiadas de un almacén no identificado y de mujeres recibiendo cajas de ayuda gubernamental, además de fotocopias de una carta de seguridad social y documentos proporcionados por dos empresas de certificación comercial. No facilitó pruebas de que se hubieran llevado a cabo algún taller.

La dirección que figuraba en un contrato de outsourcing de medio millón de dólares firmado con una supuesta empresa de construcción ubicada en Edomex en realidad era una pequeña casa que pertenecía a una mujer que tenía un salón de manicura improvisado en el vecindario y que dijo que nunca había escuchado sobre el acuerdo. En otro caso, se concedió un contrato de casi 100 mil dólares para el mantenimiento de elevadores a una empresa de medios audiovisuales. La falta de correlación entre la especialidad de la empresa y el contrato que obtuvo constituyó otra alerta, comentó Buchahin.

A la supuesta empresa de recursos humanos de Coatzacoalcos, Instituto C&A Intelligent, se le concedieron otros tres contratos cuyo valor asciende a 67 millones de dólares bajo una dirección en Edomex que no existe. La empresa figuraba en internet en una ubicación diferente, pero cercana: un edificio de oficinas en el que el logotipo de la empresa ha aparecido y desaparecido varias veces este año.

El número de teléfono registrado de la empresa está fuera de servicio, los correos electrónicos enviados a su dirección son rebotados y la página web de la empresa no existe. El gobierno del Edomex proporcionó copias de fotografías que mostraban a personas paradas afuera del edificio.

Los reporteros del consorcio visitaron el lugar cuatro veces durante el año pasado, sin embargo, no observaron ninguna señal de actividad en el edificio. El lunes, un vecino comentó que la semana pasada vio a unos trabajadores colocando de nuevo el cartel de la empresa en la fachada del edificio, y añadió que el edificio estaba casi vacío, salvo por unos pocos inquilinos residenciales.

La dirección de una empresa a la que se le concedieron cuatro contratos de mobiliario para oficinas cuyo valor total asciende a 2.4 millones de dólares es una oficina abandonada ubicada en un centro comercial a las afueras de la ciudad de Querétaro, a 193 kilómetros al noroeste del Edomex, que carece de contestador automático.

El gobierno proporcionó copias de fotos que mostraban montones de muebles supuestamente tomadas en un almacén de la empresa en el estado de Puebla. El consorcio visitó la dirección y encontró un modesto taller metalúrgico, cuyos empleados señalaron que no tenían conocimiento de la empresa. Los hallazgos sugieren que se trata de una nueva versión de un viejo plan de malversación.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y periodistas de investigación descubrieron un presunto plan de malversación multimillonaria que involucró al menos a 11 dependencias del gobierno federal, a ocho universidades públicas y a más de 120 empresas ficticias registradas en varios estados. El caso, conocido como La estafa maestra, ocurrió durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, exgobernador del Edomex y primo de Del Mazo. Nunca se acusó a nadie por dichas denuncias, las cuales involucraban a varias instituciones y a funcionarios del PRI en Edomex. Peña Nieto ha negado haber cometido algún delito.

Esta impunidad ha permitido que continúe el “modus operandi”, comentó Buchahin, quien anteriormente dirigió la unidad de auditoría forense de la ASF. Algunas de las empresas involucradas en La estafa maestra siguen recibiendo contratos gubernamentales, mientras que los funcionarios sospechosos de haber cometido infracciones simplemente fueron transferidos a nuevos puestos.

Nueve de los 40 contratos analizados por The Guardian involucraron a la Secretaría de Desarrollo Social del Edomex. Alejandra del Moral, que dirigió el departamento en 2022, es candidata a gobernadora. Eric Sevilla Montes de Oca, el director entre 2018 y 2020, actualmente es presidente del PRI en Edomex y dirige la campaña electoral para el cargo de gobernadora. Ni Sevilla ni Del Moral respondieron a las acusaciones.

“Se trata de una red de altos cargos poderosos que simulan los contratos y los pagos que están respaldados legalmente por facturas pero que carecen de fundamento para llevarse el dinero… Esto continúa porque saben que no va a pasar nada, la impunidad es generalizada. Todos lo saben y nadie hace nada. El Estado de México es el más corrupto del país, es de donde sacan dinero para todos los demás”, señaló Buchahin.

El Estado de México es el estado más grande de México por población, con 17 millones de habitantes: se trata de una conurbación en expansión de comunidades residenciales, parques industriales y pueblos coloniales que rodean la capital. Es el hogar de los miembros de las élites políticas, económicas y delictivas, pero también incluye algunos de los municipios más peligrosos del país, especialmente para las mujeres y las niñas.

Del Mazo Maza -cuyo abuelo, padre y tío también gobernaron el estado- apenas logró la victoria electoral en 2017 en medio de acusaciones generalizadas de fraude. Las elecciones que se llevarán a cabo la próxima semana son importantes porque el Edomex es el único estado al que se ha aferrado el PRI -partido que gobernó el país de forma ininterrumpida entre 1929 y 2010-.

“El Estado de México tiene un gran valor político y simbólico tanto para el PRI como para sus opositores”, indicó Rogelio Hernández, politólogo del Colegio de México. Para el PRI, el hecho de conservar el estado demostraría que sigue siendo relevante como partido; para Morena -el partido que ocupa el gobierno a nivel nacional, pero está en la oposición en el estado-, la victoria constituiría una muestra de apoyo muy necesaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El éxito del PRI en Edomex se debe en parte a su control sobre los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación -y muchos periodistas- dependen del gobierno estatal para obtener publicidad y pagos mensuales extraoficiales, conocidos como chayotes, a cambio de una cobertura no crítica.

“La intimidación contra los periodistas ha sido una constante durante muchas décadas en el Estado de México, al igual que los chayotes. Es la manera en que el PRI ha podido permanecer en el poder, y la razón por la que prácticamente no existe el periodismo independiente y de investigación en el estado”, señaló Lenin Martell, profesor de estudios de medios de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los periodistas que rechazan el statu quo a menudo pagan un alto precio personal y profesional.

Montaño ha pasado toda su carrera informando sobre política, delincuencia y corrupción en Edomex, principalmente como corresponsal de periódicos nacionales, y tiene un historial de irritar a gente poderosa.

Sin embargo, después de negarse a aceptar un sobre con dinero en efectivo a principios de 2018, empezó a verse presionada por los editores para que enviara menos solicitudes de acceso a la información. Sus colegas y fuentes se distanciaron de ella y cada vez le resultaba más difícil llegar a fin de mes.

Después del secuestro, se fue de México durante varios meses, pero regresó decidida a continuar la investigación. A pesar de las imágenes de circuito cerrado de al menos un agresor sacando dinero con su tarjeta bancaria, nadie ha sido detenido. Los fiscales que investigan el caso niegan que el secuestro estuviera relacionado con su labor periodística.

Un vocero del gobierno de Del Mazo indicó que este “cumplió en todo momento con la ley en lo que respecta a sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas” y que se habían consolidado las contrataciones de todos los bienes y servicios bajo la Secretaría de Finanzas “para obtener ventajas técnicas y económicas”.

El gobierno no respondió las preguntas específicas sobre las conclusiones de la investigación, ni sobre el uso de amenazas, publicidad y pagos para controlar a los medios de comunicación.

La Secretaría de Finanzas señaló que la concesión de todos los contratos se hacía mediante licitaciones públicas al “mejor proveedor”, independientemente de su ubicación, y que se tomaban en consideración factores como el precio, la calidad y el financiamiento, y que el proceso contaba con el apoyo de un comité de supervisión.

“Es un milagro que María Teresa siga reportando en un estado que está completamente controlado por políticos mafiosos, donde la publicidad gubernamental se disfraza de periodismo y donde se aísla y castiga a los reporteros independientes, lo que deja a la población con un enorme vacío de información”, comentó Marcela Turati, cofundadora del portal de noticias de investigación Quinto Elemento Lab. “La violencia continúa porque la impunidad está garantizada”.

Equipo de reporteros, María Teresa Montaño Delgado (El Observador), Lilia Saúl Rodríguez (OCCRP) y Nina Lakhani. Información adicional de Aïda Delpuech y Paloma Dupont de Dinechin (Forbidden Stories).