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México

¿Quién es Arturo Zaldívar, el ministro que ampliaría su presidencia en la SCJN?

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto envuelto tras la polémica aprobación de la extensión de su periodo de gestión.

Arturo Zaldívar
La llamada "ley Zaldívar" fue publicada en el DOF en días pasados. Foto: EFE/ Alex Cruz ARCHIVO

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La reforma judicial aprobada recientemente por el Senado colocó bajo los reflectores al ministro Arturo Zaldívar, ya que ésta permite prolongar dos años su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta acción ha sido calificada por especialistas y la oposición como inconstitucional; aunque por otro lado goza del respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea nació el 19 de agosto de 1959, en Querétaro, donde cursó su educación básica. Estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (1985-1987) y cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho también por la máxima casa de estudios del país.

Durante 25 años combinó su actividad profesional como abogado postulante en materia constitucional y como docente en escuelas como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana.

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También ha impartido cursos y conferencias, ha sido ponente en congresos internacionales y dirigido diversas tesis de licenciatura y de doctorado. También ha participado como jurado de exámenes profesionales en instituciones de educación superior en México y en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Ha recibido diversas distinciones como la del Mérito Académico que otorga la Escuela Libre de Derecho en el LXXXV Aniversario de su fundación. Es autor del libro Hacia una nueva ley de Amparo (Editorial Porrúa, 2001), y ha escrito diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas.

Zaldívar llegó a la SCJN en 2009, nombrado por el expresidente Felipe Calderón, y ha recibido críticas por su cercanía con López Obrador, a quien incluso ha acompañado a eventos de seguimiento a los avances de obras públicas, como el Aeropuerto de Santa Lucía.

Recientemente esa relación ha sido señalada de nuevo, luego de que el presidente pidió que el Consejo de la Judicatura Federal abriera una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el responsable de la suspensión de su reforma eléctrica.

Dicha situación generó una respuesta institucional de forma inmediata por parte de Arturo Zaldívar, la cual señalaba que la queja del Ejecutivo sería remitida al área correspondiente del Consejo para que “de existir elementos se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”.

En 2010, en el caso del incendio de la Guardería ABC, propuso responsabilizar a altos servidores públicos por violaciones graves a derechos humanos que provocaron la muerte de 49 niños. Y durante 2012 y 2013 trabajó en el proyecto que proponía la liberación de Florence Cassez e impulsar el debido proceso de presunción de inocencia, un concepto que entró en la esfera jurídica de todos los mexicanos para proteger sus derechos.

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Durante su trayectoria profesional integró más de 10 organizaciones y comités, la última fue Barra Mexicana-Colegio de Abogados, de la que renunció tras ser electo como ministro presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019.

Desde esa labor se ha encargado de trabajar en temas relacionados a la libertad de expresión, igualdad y no discriminación, el uso lúdico de la mariguana, derechos de los niños, derecho al debido proceso como los criterios para la efectividad del principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, como regla probatoria y como regla de trato; en asuntos de género está la obligación para todos los jueces y juezas de trabajar con perspectiva de género, regulación de publicidad oficial, entre otras.

La Reforma Judicial aprobada por el Senado de la República, y que aún deberá pasar por la Cámara de Diputados, propone entre otras cosas que su periodo de gestión se extienda dos años más, es decir, que pasaría de un periodo de 2019-2022 a 2019-2024, al tiempo que finalice el periodo presidencial. 

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