¿La FGR podría cometer un delito si detiene a Cabeza de Vaca? Esto dicen los expertos

Un juez giró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la tarde del miércoles. El mandatario estatal está acusado de tres delitos federales: defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque su juicio de procedencia se dio solo por el primero de ellos. La Cámara de Diputados, de mayoría de Morena, le retiró el fuero, pero el Congreso de Tamaulipas, de mayoría del PAN, partido del mandatario, decidió dejárselo. Y después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación secundó la decisión del legislativo estatal.

Todavía la mañana del miércoles, García Cabeza de Vaca tuvo actividades públicas en el municipio de San Fernando, al norte del estado, donde realizó la supervisión una obra carretera. Después, no se supo más de su paradero al grado de que por la noche, las autoridades migratorias emitieron una alerta a nombre del aún gobernador.

En ese escenario, cumplimentar la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo contra el gobernador sería ilegal, coinciden abogados constitucionalistas.

Expertos consultados por La-Lista argumentan que el artículo 111 de la Constitución Política establece que la Cámara de Diputados puede votar para retirarle el fuero a servidores públicos locales, pero debe comunicar su decisión al congreso estatal y, al final, este órgano autónomo toma la última decisión sobre si actúa en el mismo sentido o no.

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Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo explica así: 

“Según el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política, el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Constitución de Tamaulipas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas, en su conjunto queda perfectamente claro que la declaración de procedencia que haga la Cámara de Diputados solamente tendrá efectos declarativos, solamente estará comunicándole su decisión al Congreso de Tamaulipas para que este, en ejercicio de sus atribuciones, decida si homologa o no esa declaración de procedencia, es decir, que decida si le mantiene o le retira su fuero al gobernador”.

Si la FGR detiene al gobernador de Tamaulipas, podría incurrir en un delito contra la administración de la justicia, previsto en la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal Federal.

“Ahí se establece claramente que en caso de que se abra un procedimiento penal contra un servidor público que tenga fuero y no se le haya retirado previamente, se podría estar cometiendo este delito”, opina Burgoa.

‘SCJN corroboró fuero de gobernador’

En días pasados, el caso de García Cabeza de Vaca llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó una controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas.

Con esto, el ministro Alcántara Carrancá dio por válido el procedimiento que se siguió en torno al fuero del gobernador. Todo se hizo como marca la ley y por lo tanto se debe tomar como buena la última decisión de los legisladores de Tamaulipas, quienes con 26 votos a favor y tres en contra, avalaron no retirar la inmunidad procesal.

“La resolución que emite la SCJN, en términos del artículo 111 fracción quinta de la Constitución Política, es la garantía que protege al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para garantizarle el ejercicio de su encargo hasta octubre del 2022. Con esto se cumplió con la protección que le ofrece el fuero constitucional”, menciona el abogado Julio Jiménez.

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Luego de que el máximo tribunal desechó la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas, la FGR interpuso un recurso de reclamación. Esto, en consideración de los expertos, podría ser una señal de que la fiscalía entiende que García Cabeza de Vaca mantiene su fuero, pero aun así solicitó una orden de aprehensión en su contra.

“No hay poder humano, no hay institución que en este momento puede ejercer una acción penal contra el gobernador, yo no estoy declarando sobre su inocencia, pero lo que sí puedo afirmar es que él, en ejercicio de sus facultades como gobernador, está protegido por la Constitución Política, la constitución de su estado y el Congreso de Tamaulipas”, puntualiza Jiménez.