Con 126 millones de habitantes y un cúmulo de retos, es hora de aprobar una nueva Ley General de Población

México ha iniciado la segunda década del siglo XXI con más de 126 millones de habitantes y una larga lista de retos sociales que atender, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, el embarazo adolescente, la pobreza, la desigualdad, el rezago educativo, el matrimonio infantil y la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

Son fenómenos muy diferentes, pero el país se perfila para enfrentarlos con una nueva Ley General de Población, la cual se encuentra en el Senado de la República y que tiene como eje central fomentar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en las mujeres que representan más del 51% de la sociedad mexicana.

“El enfoque de derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, tiene en el fondo una visión para tratar de disminuir las inequidades sociales, de género, de generaciones, diversos tipos de inequidades y desigualdades que ponen en condiciones de vulnerabilidad a la población frente a diversos fenómenos”, comenta sobre la nueva ley Patricia Vargas, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede).

La legislación, que fue discutida previamente por académicos, organizaciones sociales y dependencias del gobierno, ha dado un viraje de 180 grados respecto de las leyes generales de población de 1947 y de 1974. Esta última es la que aún está vigente –con algunas modificaciones– y desde su lenguaje da cierta prioridad a los hombres.

El artículo tercero de la ley vigente señala que el gobierno federal debe “realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias”.

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Mientras que la legislación que hoy está pendiente de aprobación en el Senado, y que ya fue aprobada sin oposición en la Cámara de Diputados, indica que es responsabilidad del gobierno federal “diseñar políticas y programas integrales en materia de planificación familiar a través de los servicios públicos educativos y de salud pública, orientadas a la distribución racional y estabilización del crecimiento de la población, en el marco de los derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Vargas Becerra explica que a diferencia de las leyes de 1947 y 1974, la nueva legislación está impregnada por el reconocimiento que se ha dado a nivel global sobre la importancia de las mujeres en la sociedad. “El contingente de mujeres en el volumen de la población se ha incrementado en los últimos años, numéricamente somos un contingente importante que merece ser considerado y se deben reconocer nuestros derechos en leyes”, señala.

Si bien la interrupción legal del embarazo, la educación sexual desde edades tempranas, el acceso a servicios de salud y los métodos anticonceptivos ya están considerados en distintos marcos normativos, esta será la primera ocasión que encuentren en una ley de población.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha explicado que los servicios de salud sexual y reproductiva son claves para que hombres y mujeres tengan un desarrollo equitativo. Además, eso podría derivar en crecimiento económico para México.

“Las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a la educación y trabajos de calidad cuando no pueden decidir el número de hijos que quieren tener ni el espaciamiento de los nacimientos y cuando no hay corresponsabilidad en tareas de cuidado”, menciona la Cepal.

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Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2021 las mujeres representaban el 38% de las personas que tenían un trabajo. De las mexicanas económicamente activas, solo 344 mil 439 ganan un sueldo equivalente a cinco salarios mínimos, mientras que 830 mil 237 hombres perciben esta misma cantidad.

Retos para la ley

Virgilio Partida, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), explica en entrevista con La-Lista que la Ley General de Población de 1974 antecedió a la Conferencia Mundial de Población de Bucarest del mismo año, donde se pidió a los países reducir la fecundidad para lograr un mejor desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, el especialista toma como referencia las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y rechaza que la meta se haya cumplido. “Han pasado 47 años y todavía tenemos 20% (de la población) en pobreza extrema, no les alcanza ni para comer, es decir, no se ha alcanzado el objetivo que se pretendía completamente”, asevera.

Para enfrentar estos rezagos en el siglo XXI, la Ley General de Población pendiente de discutir en el Senado también toma en cuenta las garantías de la comunidad LGBT+, los adultos mayores, los menores de edad, las comunidades indígenas, las personas desplazadas y los adultos mayores.

Respecto de las personas en situación de desplazamiento interno dice, por ejemplo, que tienen derecho a todos los programas y servicios públicos de los tres niveles de gobierno, a los menores se le debe garantizar el acceso a la educación, a los adultos mayores y personas con discapacidad accesos a servicios de salud.

Aunque en México se podría aprobar esta legislación en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arranca en septiembre, los expertos resaltan que la Ley General de Población debe estar acompañada de otros marcos legales para cumplir su objetivo de acabar con las desigualdades, sobre todo ahora que la pandemia de Covid-19 amenaza con generar retrocesos en el país.

“Los desafíos sociodemográficos han avanzado con una celeridad muy importante y por supuesto estos desafíos visibilizan la necesidad de accionar”, dice Noé Valdiviezo, responsable del área de Demografía de la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Un ejemplo es que bajo las vicisitudes del Covid-19 existe un potencial riesgo de perder avances en materia de los derechos de las personas jóvenes, adultos mayores y otros sectores, justo por eso necesitamos acelerar estas acciones”.

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El experto celebra que el país esté cerca de aprobar una nueva legislación y advierte que a México le queda poco tiempo para cumplir con las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2030. Estas están relacionadas, entre otros temas, con consolidar la igualdad de género, poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y que ninguna persona pase hambre.

“Todas las instituciones (del gobierno) deberían tener una injerencia para poder tratar desde su propia temática algunos de los elementos, las instituciones vinculadas con salud, economía, medio ambiente, entre otras instituciones, deberían estar trabajando conjuntamente”, concluye Valdiviezo Villanueva.