Crisis en el TEPJF: ¿Qué sigue para el tribunal y el magistrado José Luis Vargas?

La tarde del miércoles 4 de agosto será recordada en la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el estallido de una crisis que se gestó durante el último año, con la presidencia del magistrado José Luis Vargas.

Cinco de los siete integrantes de la Sala Superior solicitaron evaluar en una sesión pública su desempeño, además de acusarlo de manejos irregulares y violaciones en su mandato. La petición terminó por suspender la sesión y mientras Vargas pidió reanudar después, el grupo opositor regresó a la sesión y en su ausencia, nombraron a un nuevo presidente, el magistrado Reyes Rodríguez.

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El conflicto se ha interpretado como una violación a la regulación interna del Tribunal, pero también como un acto democrático donde claramente la mayoría de la Sala Superior se opone a que Vargas continúe como presidente.

La-Lista consultó a cuatro especialistas en política para aclarar el origen del conflicto, la validez de este proceso y los escenarios que vendrán para el órgano electoral, que aún tiene pendientes en la calificación de los comicios del pasado 6 de junio.

¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el Tribunal Electoral?

Me parece que el TEPJF se encuentra en una crisis y que se requiere un nuevo liderazgo para salir avante. Me parece que la presencia de José Luis Vargas ha sido dañina para la institución, primero por la actitud sumisa que ha adoptado frente al gobierno, por decisiones controvertidas que tienden a favorecer a Morena y su grupo.

¿Qué puntos son cuestionables de su mandato?

Las anécdotas de las presiones que ha recibido por parte de la oficina del presidente y también todos los alegatos de presuntos delitos que lo rodean y que han sido mencionados por años en los medios, por investigaciones de la DEA e inteligencia financiera. Alguien con esas características no puede conducir al Tribunal Electoral, y menos en vísperas de tomar decisiones tan trascendentales respecto a las elecciones del 2021.

¿Se puede destituir a Vargas con este procedimiento?

El principio de elección del presidente del Tribunal Electoral se basa en que los pares designen a uno de ellos por mayoría de votos. Más allá de si el proceso de ayer (miércoles) siguió los procedimientos adecuados, lo que sí es válido es el principio de que la mayoría decide y aquí es claro que una mayoría ya no quiere que Vargas sea el presidente.

¿Qué sigue?

Ojalá que la parte procedimental esté sustentada, porque es la única forma que el Tribunal Electoral puede salir adelante y restituir el daño moral que ha sufrido bajo la presidencia de Vargas.

¿Se puede destituir al presidente del tribunal con este procedimiento?

Vargas es indefendible, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, ha insultado a sus compañeros, ha tenido problemas con el Consejo de la judicatura, se ha peleado con todos. El problema es que no hay una ley expresa, no hay una norma expresa que habilite la destitución del presidente por medio de sus colegas. Hay algunas interpretaciones muy amplias, larguísimas, para poder hacer lo que hoy hicieron.

No hay normas expresas respecto a que un cuerpo colegiado pueda pedir la renuncia o la destitución de su presidente, no lo hay ni en la Constitución ni en la ley orgánica ni en el reglamento interno. Hay normas que te permiten interpretar y generar ciertos criterios en torno a hablar del correcto funcionamiento del tribunal, hablar de guardar la probidad y las formas en la administración y gobierno interno del mismo pero en definitiva no hay una ley expresa.

Ahora bien, que no exista una ley expresa no significa que se pueda. Sin embargo, la manera en cómo lo hicieron a mí me parece bastante cuestionable, me parece que en definitiva va a dejar peor parado al Tribunal de como estaba antes porque es una coyuntura donde lo político se pierde ya con lo jurídico. Una evaluación de esta naturaleza en cualquier democracia no abona a un ejercicio de correcta evaluación sobre la presidencia de Vargas. Los elementos para que los magistrados pares de Vargas tomen una decisión así me queda claro que va a tener implicaciones políticas muy feas al interior del tribunal.

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¿Hubo imparcialidad de los magistrados en este proceso?

Puede ser, no me atrevo a responder de manera tajante. Una decisión de esta magnitud no surge de la noche a la mañana, una decisión de intentar remover vía interpretación los artículos correspondientes para dejar sin presidencia la magistrado Vargas se va construyendo poco a poco y me parece que en ese sentido es donde ha fallado Vargas. Es un caso difícil, políticamente me parece que no hay manera que la presidencia de Vargas siga; sin embargo, creo que antes de reventar la liga y llegar al límite, sí estamos ante una crisis de magnitudes muy grandes en el sentido de que la calificación de elecciones de gubernatura está a la vuelta de la esquina, falta un mes y medio para que los gobernadores empiecen a tomar posesión y esto que habla de la imparcialidad. Vargas también falló a su rol como presidente del tribunal. Fue a pausa, nunca regresó, no dio motivo. Yo no podría defender a Vargas en lo absoluto, me parece de lo peor que ha llegado al Tribunal Electoral pero tampoco las formas como ocurrió hoy me parece que es un pase libre para hacer lo que sea.

Además hay ciertas formas, detesto decirlo yo como abogado pero en el derecho la forma es fondo y a final de cuentas parecería que en la corte, independientemente de que no estés de acuerdo con una decisión jurídica hay maneras de decirlo y hay maneras de tratarlo: en sesión privada, en lo oscurito. Lo de hoy fue salir a pelear con todo y a reventar algo que yo creo se debería haber todo desde hace mucho, que es la presidencia de Vargas.

Quien pierde más en lo que pasó es la institución, son argumentos de mucho peso para decirle al presidente o a los legisladores: “hagan un borrón y cuenta nueva” de una institución que a pesar de todas sus fallas, creo que ayuda a la democracia, a tener certeza y legalidad en muchas de sus actuaciones a lo largo de los últimos 25 años.

¿Qué podemos esperar hacia las próximas horas y días?

Lo primero: no existe una solución jurídica para esto. Políticamente, ¿qué es lo que pasa? Creo que lo que sigue es que van a intentar llegar a un acuerdo por un bien mayor, que es tener todo listo para la calificación de las elecciones y temas tan polémicos como el de los influencers del verde y la influencer del Movimiento Ciudadano. Tendremos que ver mañana qué dice (López) Obrador, qué dice Monreal, es un tema político porque jurídicamente solamente lo pueden resolver ellos. Ya convocó Vargas a una sesión privada, veremos si responden los otros cinco; Vargas acusa de usurpación de funciones, los otros acusan de no cumplir sus obligaciones como presidente. Estamos entre la espada de la política y la pared del Derecho.

Creo en definitiva que no procede hablar ni de golpe de Estado ni de magistrados golpistas, no creo que vaya por ahí, simple y sencillamente creo que es un tema que jurídicamente está mal regulado o que jurídicamente me parece que pone en evidencia que antes de esta golpeteando al INE y hablando de reformas hay que fijarnos más en el tribunal electoral. No hay nada más importante en la democracia para validar o anular elecciones, o está regulada la presidencia del tribunal electoral. Tenemos malas presidencias porque no están bien regulados los alcances y los límites. Mi pronóstico es que mi única salida para esto es a través de la política, de la negociación o que alguien cesa o que, creo que no va a pasar por cómo es este tipo de soberbio y problemático, tendría que renunciar Vargas como presidente, no como magistrado. Vargas perdió la legitimidad, la confianza de sus colegas, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, creo que por dignidad debería renunciar. Este tipo de cosas hablan más de un tema en el sentido político antes que jurídico.

¿Es legal el proceso de remoción del magistrado José Luis Vargas como presidente del TEPJF?

En la legislación no queda claro quién nos puede sacar de esta dualidad de presidencia. Habría que revisar si lo que sucedió hoy en la sesión es legal o no es legal. Si los cuatro magistrados y la magistrada tenían la posibilidad de remover al presidente de la Sala Superior. La Ley Orgánica lo que establece es quién nombra al presidente de la Sala Superior, las y los magistrados por mayoría, y en caso de renuncia se designará por esta misma composición a una nueva presidencia.

Algo que está sobre la mesa es si la ley autoriza a la mayoría de la Sala a nombrar la presidencia, sería lógico igual que pudiesen removerlo, no está expreso, y por lo tanto habría que revisar esta actuación, pero de ahí se puede explicar la actuación de los cinco magistrados.

¿Son correctos los argumentos de los magistrados contrarios a Vargas?

Lo que motiva dónde estamos no debe perderse de vista. Aquí no están juzgando al magistrado Vargas ni le están fincando responsabilidades, hubo objetividad en los argumentos presentados por los magistrados de actuaciones que no debían presentarse en la presidencia de la Sala Superior. Se está hablando del desempeño de Vargas en la presidencia de la Sala Superior, los señalamientos son muy graves y si están ocurriendo había que desatorar esta crisis interna del Tribunal.

Denuncian en cada una de sus intervenciones distintos motivos de un mal uso de la presidencia. Uno muy preocupante que tiene que ver con el turno de los asuntos, a qué magistrado se le envía. Es de manera aleatoria en algunos tribunales o de manera rotativa en otros tribunales, como el TEPJF. Hay una acusación de que ese turno se violó y se fue alterando de manera discrecional lo cual sería causa de responsabilidades administrativas.

Hay un señalamiento de lo que ocurrió en la Comisión de Administración, el órgano de vigilancia y administración del presupuesto del tribunal, ahí hace unos meses hubo un cruce de comunicados entre la presidencia del TEPJF y consejeros de la judicatura que forman parte de la comisión porque hubo una alteración de la dotación que se presentó en las sesiones del Comité de Administración y quien fue señalado como responsable es el presidente Vargas.

Hubo también señalamientos respecto a presiones para dar a conocer el sentido del voto de los magistrados de manera anticipada a la sesión pública o presiones para resolver de alguna u otra manera. Todos esos señalamientos entre otros son muy preocupantes, para un órgano colegiado, autónomo de los poderes.

¿Qué sigue para el Tribunal?

Este conflicto nos deja en una crisis institucional que habrá que ver cómo se resuelve y quién puede resolverla. El Comité de Administración es un órgano colegiado que está compuesto entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y magistrados del TEPJF. Ahí podría haber una guía de a quién le van a estar entregando presupuesto, si es al magistrado Vargas o al magistrado Reyes Rodríguez. Habrá que ver si Vargas quiere hacer uso de la fuerza pública, señalando que él es el presidente, por la investidura. Habría que ver la reacción del ministro presidente (de la Suprema Corte) que es presidente del CJF, cuidando al Poder Judicial como institución. Habría que ver si el Congreso federal se decanta hacia algunos u otros magistrados e inicia procesos de juicio político.

Lo preocupante es que lo que se queda en medio es la resolución de varios asuntos. Vargas en su mensaje señala que la actuación de la magistrada Otálora y del secretario general de acuerdos además constituye un delito y habría que ver quién valida las resoluciones que se tomaron el día de hoy y si no están validadas, quién va a resolver estos asuntos. Es muy complejo el momento en que nos encontramos.

¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el Tribunal Electoral?

Estamos ante una muy grave crisis del TEPJF, la más profunda y grave en su historia. Nunca habíamos visto una situación así, ni por la trascendencia y el impacto que tiene, ni por el momento en que se da ni por lo complejo de la situación.

¿Se puede destituir al presidente del TEPJF de esta manera?

Me parece que esto es parte de lo complejo de la crisis porque, por un lado, la ley señala que el magistrado presidente del Tribunal se elige por dos supuestos: que haya concluido el cargo del magistrado o magistrada presidenta o que renuncie a su cargo. No estamos en ninguno de esos dos supuestos, no ha concluido el periodo de José Luis Vargas ni ha renunciado. Pero por el otro lado, el TEPJF es un órgano autónomo en su gobierno, son los propios magistrados quienes por mayoría eligen al presidente, así lo define la ley, y en este caso hay una mayoría de cinco magistrados que están cuestionando el desempeño del actual presidente o del presidente que acaba de ser destituido.

¿Quién tendría que intervenir para resolver esta situación?

Esta es otra de las situaciones complejas que hace que la crisis sea profunda y sea grave. Quienes lo deben resolver son los mismos magistrados, el TEPJF es autónomo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es superior jerárquico ni el Consejo de la Judicatura Federal. Hay una Comisión de Administración conformada por dos magistrados de la Sala Superior y tres consejeros de la judicatura, pero las facultades de esta comisión son de carácter administrativo y presupuestal, y esta no es una situación administrativa o presupuestal, es una situación de gobierno interno.

¿Hubo principio de imparcialidad de los magistrados en este proceso?

Sin duda no hay imparcialidad en ningún sentido, hay animadversión de unos magistrados con otros, hay una división y una ruptura que hemos venido viendo desde hace tiempo y que hoy ha llegado a un extremo grave.

¿Las razones por las que se promovió este procedimiento son las correctas?

Las diferencias que hoy nuevamente salen a la luz son diferencias que conocíamos desde hace años. Los magistrados fueron designados en noviembre del 2016 y entre octubre y noviembre del 2017, cuando se estaban calificando las elecciones a la gubernatura de Coahuila, ahí empezaron las diferencias entre los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez Mondragón. A partir de ahí, ha habido múltiples episodios en los que hacen ver las diferencias entre unos y otros, se han conformado diferentes grupos mayoritarios y lo que se ve hoy es que estas diferencias parecen irreconciliables.

¿Qué sigue?

Lo que tendría que pasar es que los magistrados se sienten para encontrar una solución, que pongan la institucionalidad, la certeza jurídica, la certeza respecto de las elecciones, la seguridad jurídica a los justiciables, la democracia mexicana por encima de sus diferencias.

¿Qué balance hace de la administración de José Luis Vargas en el tribunal electoral?

Sin duda ha sido una administración sumamente polémica, ha sido una administración complicada y ha sido una administración que, lejos de transparentar como él prometió y de unir a los magistrados y las magistradas y de fortalecer a la institución, ha sido opaca, ha dividido y ha debilitado al Tribunal Electoral.

¿Este conflicto tendrá consecuencias más allá de lo que ocurra dentro del TEPJF?

Hay muchas elecciones que están pendientes de ser calificadas, pendientes de ser validadas por la Sala Superior, elecciones de diputaciones federales, elecciones de gubernaturas, elecciones municipales y diputaciones locales. Hay asuntos muy relevantes que definen estas elecciones y estamos ante una crisis institucional que lejos de fortalecer a la institución, no está brindando seguridad ni certeza a las elecciones.

Con información de Aminetth Sánchez, Alexis Ortiz y Luis Lozano