La Ciudad de México ‘se queda corta’ en materia de aborto: GIRE

A pesar de ser la primera entidad en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, la Ciudad de México concentra el mayor número de denuncias por este delito en todo el país en los últimos 10 años.

Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Investigación en Reproducción Asistida (GIRE), señala que “la legislación de la Ciudad de México nos queda corta”, pues se sigue criminalizando a las mujeres que abortan y a quienes las ayudan.

En el último informe de GIRE, El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes, la Ciudad de México encabeza el número de denuncias por aborto con mil 28 registros, y es la segunda, con más juicios penales por este delito, con 13 procesos a mujeres y 22 a hombres de 2010 a 2020. 

“El aborto no se sacó por completo del ámbito penal, los sistemas de plazos tienen esa debilidad y ese es el esquema que vemos en México, en la despenalización en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz y ahora en Baja California, sigue exactamente el mismo modelo de la Ciudad de México. El aborto se sigue concibiendo en términos penales”, dijo Fulda en entrevista con La-Lista.

La legislación de la CDMX fue la primera en legalizar el aborto en el país 2007, y en casos de violación sexual el límite se extiende hasta las 20 semanas. Además, cuenta con un programa de Interrupción Legal del Embarazo, con el que se han realizado 240 mil 916 procedimientos de forma gratuita en los últimos 14 años.

Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California son las entidades que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Oaxaca, que despenalizó este delito en 2019, sólo realiza los procedimientos de forma gratuita en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la Secretaría de Salud, ubicado en la capital del estado. En 2021, los congresos de Hidalgo, Veracruz y Baja California también aprobaron reformas para despenalizar la interrupción del embarazo. Pero aún falta garantizar los servicios en todo el territorio.

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció al aborto como un derecho y declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres y personas gestantes por interrumpir su embarazo en el código penal de Coahuila, lo que generó un lineamiento para todo el país, por lo que actualmente no se puede investigar ni procesar a una mujer por abortar. 

También destaca que la CDMX es la segunda entidad con más personas en prisión por el delito de aborto, después de Tamaulipas, donde 21 hombres y una mujer recibieron sentencias condenatorias entre 2010 y 2020, y a pesar de que GIRE solicitó las versiones públicas de estos casos mediante solicitudes de acceso a la información, las entidades no las entregaron, por lo que no es posible saber si estas personas siguen en prisión.

El siguiente paso es eliminar el aborto de los códigos penales

A pesar de que la mayoría de las denuncias por aborto que se realizan en la Ciudad de México no llegan a procesos penales, el simple hecho de que exista el delito dentro del código penal permite que se criminalice a quienes interrumpen un embarazo.

“Realmente lo que tiene que suceder es que se quite el aborto del código penal, no que se permita solamente durante cierto periodo y después continúa siendo un delito, sino que dejemos por completo de hablar de aborto en términos penales”, propone la subdirectora de GIRE.

El proyecto discutido en la SCJN, en septiembre para el estado de Coahuila, proponía que no se podía criminalizar el aborto, al menos en un periodo cercano al inicio de la gestación, aunque los ministros de la SCJN no determinaron un número de semanas en específico. Esto dejó abierta la posibilidad de la penalización del aborto después de cierto tiempo, pero el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se pronunció por eliminar el delito de aborto del derecho penal.

“Un derecho constitucional no puede ser a la vez un delito, me parece una incongruencia invalidar las sanciones y dejar el tipo de delito intocado. Me parece que, si queríamos ser consecuentes, consistentes y congruentes, tendríamos que haber invalidado todos los preceptos que es lo que yo propuse y así lo haré valer en mi voto correspondiente”, dijo Zaldívar durante una conferencia de prensa, el 11 de septiembre.

Para GIRE, la apuesta es eliminar todo el capítulo de aborto consentido, dejar el delito de aborto forzado, cuando una mujer es obligada a abortar, y regular el aborto en materia de salud, cuando la madre o el producto presentan algún riesgo.

“No creemos que tendríamos que dejar de pronunciarnos legislativamente sobre ciertos detalles, básicamente para facilitar el acceso a los servicios, pero estos tendrían que ser todos en el ámbito de la salud y ya no de los códigos penales”.

La protección a la vida desde la concepción también fue un candado en las constituciones locales para mantener la política de criminalización del aborto. Tras la despenalización en la Ciudad de México, en 2007, 19 de las 32 entidades federativas definieron que la vida comenzaba desde la concepción, de acuerdo con datos de GIRE. Incluso la Constitución de Oaxaca, que despenalizó el aborto en 2019, mantiene esta definición en su artículo 12.

Pero después de una sentencia de la SCJN, también en septiembre de 2021, se declaró inconstitucional esta definición que estaba en el artículo 4° bis de la Constitución de Sinaloa, con una votación unánime y generó un criterio obligatorio para todo el país. Ahora, esta cláusula no podrá ser utilizada para criminalizar a quienes aborten, ni para inhibir el acceso a la interrupción del embarazo.