La historia del acuerdo de AMLO para blindar sus obras prioritarias
El presidente López Obrador durante una visita al AIFA. Foto: Gobierno de México.

La publicación del acuerdo para catalogar de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha generado debates e intercambios de declaraciones entre funcionarios públicos, organismos autónomos y políticos de partidos de oposición.

Pero, ¿de qué va este documento, qué han dicho los involucrados en el tema y cuál será el futuro del acuerdo?

¿Qué es el acuerdo de AMLO para blindar obras?

El acuerdo declara de interés público y como elemento de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal de AMLO, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas, el Tren Transístmico o el Tren Maya.

Así como proyectos que abarquen los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

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El acuerdo protege las obras prioritarias del gobierno de AMLO. Foto: Higinio Martínez/Facebook.

Con ello, las dependencias y entidades federales deberán “otorgar la autorización provisional a la presentación, y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.

En este sentido, establece que la autorización deberá ser emitida en un plazo de cinco días hábiles y tendrá una vigencia de 12 meses.

El acuerdo fue publicado el 22 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Las críticas

La publicación del acuerdo para blindar obras generó una serie de críticas para el gobierno encabezado por AMLO.

El 9 de diciembre, Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, llamó al presidente a reconsiderar el documento y favorecer la transparencia. 

“La corrupción permeó en todos los estratos sociales y hoy es un mal arraigado que hay que seguir combatiendo, trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, por ellos pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional”, dijo durante la Entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura en Palacio Nacional.

Legisladores y políticos también se unieron a las críticas, por ejemplo Lilly Téllez lo calificó de inconstitucional y anunció que promovería una acción de inconstitucional contra dicho documento.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán aseguró que el cuerdo era “autoritario y busca generar opacidad escudándose en la ‘Seguridad Nacional’. Es claramente INCONSTITUCIONAL”, agregó.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, también se sumó a los señalamientos y acusó a López Obrador de ejercer un acto autoritario que provocará que su administración no rinda cuentas.

“Ya no dará cuentas de lo que hace con tus impuestos, con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso hacen los dictadores. Así se han destruido muchas democracias. Es inaceptable”, señaló Anaya en un tuit el 29 de noviembre. 

La defensa de AMLO

Los señalamientos en contra del documento han sido respondidos por el mandatario mexicano, quien ha afirmado que el documento no atenta contra la transparencia, sino que busca agilizar trámites para realizar las obras. 

“Es un asunto interno entre dependencias (…) Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas”, declaró durante su conferencia de prensa del 23 de noviembre. 

Agregó que también busca evitar que grupos de interés frenen las obras, tal y como lo han hecho con el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.

“Se imaginan si a Claudio X. Gonzalez, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada, junto con el exministro en retiro (José Ramón) Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque que está muy lejos el aeropuerto (Felipe Ángeles) (…) pues ya no terminamos”, destacó.

Las controversias constitucionales

Luego de que el documento fuera publicado en el DOF, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que revisaría y, de ser necesario, presentaría una controversia constitucional –un juicio para resolver un conflicto entre poderes, invasión de competencias o violación a la Constitución- ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, informó el INAI el 23 de noviembre. 

Dicha acción fue presentada durante los primeros días de diciembre. 

Por su parte, senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, presentar el mismo recurso.

Sin embargo, la exsecretaria de Gobernación afirmó que el Senado “carece de interés legítimo” para promoverla. 

“En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Le resolución de la SCJN

Este 14 de diciembre, un ministro de la SCJN aceptó la impugnación presentada por el INAI y suspendió parcialmente el acuerdo, en los alcances que tiene para preservar la información sobre los proyectos prioritarios. 

Sobre los demás puntos del acuerdo que también habían sido impugnados por el INAI, la Corte destacó que “es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”.

Consultado sobre el tema, el mandatario mexicano apoyó la resolución de la Corte.

“La Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer y que solamente tengo que o tenemos que, como gobierno, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que iba a ser así”, aseveró este 15 de diciembre. 

El mandatario resaltó que el acuerdo queda vigente y negó que el objetivo sea ocultar información.

“Los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese propósito. Ahora la Corte dice ‘adelante con el acuerdo’, o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, que es nuestra responsabilidad, además es una convicción. Entendemos que la transparencia es una regla de oro”, sostuvo López Obrador.