La violencia en la zona baja de la Sierra Tarahumara

Las cifras de homicidios en la zona baja de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, no reflejan la magnitud de la violencia, han ido a la baja de 2015 a la fecha, pero eso no ha frenado el alto impacto de los crímenes que se cometen y el control que mantienen grupos del crimen organizado.

En una revisión de la incidencia de delitos de alto impacto como homicidios dolosos, extorsión y amenazas en los ocho municipios que integran la zona baja de la Sierra Tarahumara, se pudo constatar que han ido a la baja de 2015 a los primeros cinco meses del presente año.

La Baja Tarahumara abarca los municipios de Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Uruachi y Urique, en este último fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas esta semana al interior de una parroquia en la comunidad de Cerocahui.

Belem Barrera, trabajadora humanitaria e investigadora en temas de seguridad, explicó a La-Lista que la Sierra Tarahumara está controlada por grupos criminales que instalan retenes con personas armadas que supervisan los vehículos que transitan por la zona.

Además, es una región con altos niveles de vulnerabilidad, con escaso acceso a servicios de salud y escasez de alimentos por las sequías.

“Esta es una zona que ha mantenido niveles de vulnerabilidad muy altos y eso muestra que es una comunidad con mucho abandono, que se vuelve  muy susceptible a temas de violencia”, comentó.

Dijo que aunque algunas cifras bajaron en cuestión de asesinatos, sigue habiendo un tema de que prevalece el crimen organizado en estas regiones. En visitas de campo a zonas adentradas de la Sierra Tarahumara, Barrera ha visto retenes de personas armadas, e incluso llegó a ver un caballo asesinado de un disparo a un lado del camino. Además, en sus visitas ha recibido recomendaciones de no salir de noche y de no cruzar de una zona a otra porque pueden estar controladas por grupos rivales del crimen organizado.

Con respecto a las bajas cifras delictivas, dijo que pueden explicarse por dos cosas: uno porque bajaron los crímenes o porque no se denuncian o porque se transforman en otro tipo de crímenes.

“Esta circunstancia de estar en el terreno y observar este tipo de actitudes de que el crimen organizado sigue ahí. Como en mi caso, no hubo un homicidio, pero sí había presencia y personas armadas en la zona refleja que hay un control y hay inseguridad”, comentó Barrera.

“Este es un tema que no dicen las cifras pero que habla del control de los grupos organizados en la zona”.

Por separado, el analista de temas de seguridad Bernardo León comentó que las cifras del Secretariado Ejecutivo reflejan las denuncias que son presentadas ante el Ministerio Público. Aún así de cada 10 denuncias que se presentan ante un MP, en promedio seis son aceptadas, explicó.

Destacó que hay una gran cifra negra de más del 90% de los delitos, lo cual se mide con la Encuesta de Victimización, donde se refleja el número de delitos que ocurrieron pero no fueron denunciados.

En el caso de los homicidios, León dijo que hay muchos casos de personas desaparecidas que pudieron haber sido asesinadas pero eso no se registra como tal.

León destacó que en Chihuahua, como en muchos lados en México, los gobiernos abdicaron a su tarea de dar seguridad.

“A nivel municipal, un poco por complicidad, en otros lados por miedo y por abandono; a nivel estatal igual, y a nivel federal, sin duda, por negligencia, abdicaron su tarea de dar seguridad y justicia que es su labor más elemental”, dijo a La-Lista.

Destacó que los gobiernos municipales han quedado debilitados, ya que el 80% del presupuesto queda en manos del gobierno federal, un 15% a los gobiernos estatales y solo un 5% a los municipios, que son los gobiernos más próximos a las personas.

“‘El Chueco’ se sintió dueño de la situación y en un arranque de prepotencia mató a dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas. La tasa de impunidad en México es del 99.%. Lo más seguro es que no te pase nada. Esa es mi impresión de lo que pasa”, dijo el analista.

El asesinato de los sacerdotes jesuitas

José Noriel Portillo, alias ”El Chueco”, ha sido señalado como el presunto autor del crimen. Después de haber disparado a los dos sacerdotes y a un guía de turistas, se tomó el tiempo de hablar por cerca de una hora con un sacerdote que presenció los hechos, incluso intentó confesarse, según dijo otro sacerdote jesuita a un medio de comunicación.

“El Chueco” es acusado de haber disparado contra los sacerdotes porque supuestamente habían brindado auxilio a su víctima, Pedro Heliodoro Palma, un guía de turistas con años de experiencia que había sido secuestrado desde el lunes y que, aún no se sabe cómo, intentó refugiarse en la parroquia.

El caso ha estremecido hasta el Estado Vaticano, donde el papa Francisco, de la misma orden, condenó la violencia que ocurre en México.

Además del crimen cometido esta semana, ha habido otros que han conmovido a la región, no por el número de casos, sino por las víctimas y la forma en que ocurrieron. Estos son algunos casos que comprueban que la violencia no se mide en cifras, sino en el control que mantienen grupos del crimen organizado y que gozan de plena impunidad.

El defensor de las familias desplazadas

El 20 de octubre de 2019 fue hallado el cuerpo de Cruz Soto Caraveo, representante del Colectivo de Familias Desplazadas de la sierra Tarahumara, en la comunidad de La Lechuguilla, en el municipio de Guazapares, en la zona baja de la sierra.

Cruz había sido secuestrado desde el mes de septiembre de ese año, cuando las autoridades iniciaron su búsqueda, él y su familia fueron despojados de sus tierras y desplazados por grupos de la delincuencia organizada para la ocupar sus tierras para sembrar enervantes.

El crimen del maestro de español Patrick Braxton-Andrew

La Sierra Tarahumara abarca 23 municipios, la zona Alta y zona Baja, donde ocurrió este crimen. En el municipio de Urique, donde fueron asesinados los sacerdotes y el guía de turistas, en 2018 ocurrió la desaparición de Patrick Braxton-Andrew, un ciudadano estadounidense de 34 años de edad, maestro de español y álgebra.

Su cuerpo fue hallado 20 días después en un predio y luego de la necropsia de ley, fue trasladado a su estado natal, Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Su asesinato se atribuye al mismo presunto líder criminal por el que ahora, cuatro años después, las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de pesos.

En la parte alta, los casos no son menos alarmantes. En 2008 ocurrió la masacre de 12 jóvenes y un bebé en el municipio de Creel y por años, ha habido comunidades indígenas despojadas de sus tierras.

Los crímenes contra integrantes de la familia Carrillo

En octubre de 2018 también fue asesinado el activista Julián Carrillo, defensor de la tierra en la comunidad de coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la parte alta.

Amnistía Internacional se pronunció sobre el crimen y dijo en 2018 que su asesinato era “el punto culminante de la crónica de muertes en su familia” y mencionó que el 5 de febrero de 2016 había sido asesinado su hijo Víctor Carrillo; el 31 de marzo de 2017, ocurrió lo mismo con uno de sus sobrinos, Antonio Alberto Quiñones; el 30 de julio de 2017 también fue asesinado otro de sus sobrinos, Guadalupe Carrillo Polanco; y, el 1 de julio de 2018 fue asesinado su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.

Más crímenes contra activistas en Chihuahua

Después de Oaxaca, en Chihuahua se asesinó al mayor número de activistas y defensores de derechos humanos en 2020, según el informe de “Atrocidades“, de la organización Causa en Común. El 18 de junio de ese año, fue asesinado el activista y líder indígena, Antonio Montes, en el municipio de Bocoyna, entre otros casos registrados. El año pasado se registraron dos casos de crímenes contra activistas y el de un periodista.

La violencia en esta región de Chihuahua no se mide precisamente en números, se trata del terror que siembra el crimen organizado.

Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional por el número total de homicidios ocurridos en el estado en los primeros cinco meses del año, con 728 casos, y la capital del estado es uno de los 50 municipios considerados prioritarios en el plan de seguridad del gobierno federal.

Con información de Nadia Sanders

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para incluir dos entrevistas.