Caso Ayotzinapa: señalan ‘descomposición’ del Poder Judicial de la Federación

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa señala en su informe presuntas irregularidades por parte de jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Colima y Morelos.

El informe también apunta el incumplimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de concentrar los asuntos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un solo juzgado.

“Hay un problema de origen desde el momento en que el Poder Judicial radicó en siete juzgados, de siete entidades diferentes, 38 procesos penales. Evidentemente esto no solamente no permite el tener una jurisdicción única para atenderlo, sino lleva a burocracia a trámites administrativos, a criterios diferenciados entre los jueces”, dijo Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, y presidente de la Comisión de la Verdad, en la presentación del informe.

Desde 2020, los padres de los jóvenes desaparecidos han solicitado al CJF que se designen juzgados especiales para conocer asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa y de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad, en enero de 2021 se solicitó el traslado de los procesos penales que se encuentran en Tamaulipas a juzgados ubicados en Toluca y la Ciudad de México, pues en 2019, un juez de Tamaulipas liberó a 77 de las 142 personas acusadas por el caso.

“Jueces como el de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que liberó a 77 personas que habían sido torturadas, que sí fueron torturadas, eso hay que decirlo, pero en ningún momento dio vista al Ministerio Público antes de su liberación y en ningún momento definió quiénes fueron los torturadores”, apuntó Encinas.

El 22 de febrero de 2022, Ventura Ramos le otorgó la libertad a Xóchitl García Guerrero, detenida el 12 de febrero en Pachuca, Hidalgo, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y a quien se le vincula con el grupo delictivo, Guerreros Unidos, que operó la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

El juez argumentó que no había pruebas de cargo para vincular a proceso a García Guerrero, quien en septiembre de 2014 era operadora de radio del C4 de Iguala, Guerrero ,y proporcionaba información a miembros de Guerreros Unidos. De acuerdo con la ficha de su detención, que obra en el informe, renunció a su cargo cuatro días después de la desaparición de los jóvenes.

Otro juez señalado por presuntas irregularidades en la liberación de detenidos es el juez noveno de distrito de Guerrero, César Chávez Souverbielle, quien el 2 de marzo de 2022, aceptó modificar la medida cautelar de prisión preventiva por la de llevar su proceso en libertad a Carlos “N”, extitular de la Policía Federal Ministerial, investigado por delitos contra la administración de la justicia y tortura de Carlos Canto, integrante de Guerreros Unidos.

El informe también señala a cuatro juzgadores federales más, entre ellos, José Álvaro Vargas Ornelas, juez quinto de distrito de Guerrero, quien supuestamente se ha negado a conocer los asuntos que se le presentan, argumentando que no es de su competencia territorial. Así como Óscar Alejandro López Cruz, juez primero de distrito de Colima, quien asegura que el delito de desaparición forzada prescribe, esto de acuerdo con el Anexo 5 del informe presentado este jueves.

“Hay jueces que consideran que el delito de desaparición forzada preescribe cuando está claramente establecido en esta legislación que este delito grave de violación a los derechos humanos no prescribe”, confirmó Encinas. 

“Hay jueces que nos han soltado a personas que se habían evadido, que fue, por ejemplo, el caso de uno de ellos, deportado de los Estados Unidos, que fue vuelto a detener en Ciudad Juárez, que se presentó ante el juez de Iguala y lo soltó por 10 mil pesos. Hay problemas con el Poder Judicial”, señaló Alejandro Encinas en conferencia de prensa. 

En febrero de 2022, los padres de los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron una reunión con el presidente del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuatro meses después, en junio, se manifestaron para al CJF la creación de una jurisdicción homologada, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta, de acuerdo con Alejandro Encinas.

“Los padres han pedido una jurisdicción única, no ha habido respuesta, creo que eso ayudaría mucho no sólo a agilizar toda la parte de judicialización, sino también a transparentar la actuación del Poder Judicial”, explicó el Subsecretario de Derechos Humanos.