De Elena Ríos a Nochixtlán: las sentencias que tienen en la mira al Poder Judicial de Oaxaca

El pasado fin de semana, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, cambió la medida cautelar para Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de haber ordenado el ataque con ácido del que fue víctima la saxofonista María Elena Ríos.

Pero esta no es la única sentencia polémica que se ha emitido en fechas recientes por parte del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y que involucra hechos de violencia. Incluso, el gobernador Salomón Jara anunció el 23 de enero que propondrá una reforma para evitar impunidad y posibles actos de corrupción en el PGJEO.

Caso Elena Ríos

El 21 de enero, luego de cinco días de audiencia, el juez Teódulo Pacheco ordenó prisión domiciliaria para Juan Antonio Vera Carrizal alegando motivos de salud.

María Elena Ríos y su defensa legal denunciaron que el cambio de medida cautelar se dio luego de 60 horas de audiencia en la que se cometieron actos de tortura hacia la víctima y pese a haber dos amparos para frenarla.

Vera Carrizal, exdiputado local del PRI, fue detenido en abril de 2020, siete meses después de que presuntamente ordenó el ataque con ácido contra Elena Ríos. La saxofonista alertó que con su excarcelación su vida está en riesgo.

Teódulo Pacheco no solo se hizo cargo de la audiencia de cambio de medida cautelar en este caso, sino que además lleva otra audiencia, también promovida por Vera Carrizal, para no garantizar la reparación del daño a Elena Ríos.

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista ha denunciado la omisión por parte del gobernador Salomón Jara y del presidente del Poder Judicial del Estado, Eduardo Pinacho, lo que estaría facilitando el proceso para Vera Carrizal.

“Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez (…) la resolución de su juez pone en peligro a mi representada (Elena Ríos). No mal informe, estamos hablando no de un juicio oral, tenemos todas las pruebas conforme a la legalidad, licitud y pertinencia para el correcto esclarecimiento de los hechos y la confianza de que lograremos una sentencia condenatoria, pero la atrocidad que su juez permitió, y usted también, es que por la medida cautelar (…) se pone en peligro inminente a mi representada, a su familia y a las abogadas que la defendemos”, expresó en un video Diana Cristal Gonzáles, abogada de Elena Ríos.

Caso Nochixtlán

La expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, fue detenida el 7 de mayo de 2021 por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista anglomexicana Claudia Uruchurtu.

Uruchurtu, de 48 años, desapareció el 26 de marzo de 2021 después de participar en una manifestación en Nochixtlán, donde se exhibió la falta de transparencia en el manejo de dinero público en la administración de la entonces alcaldesa Victoria Huerta.

Claudia Uruchurtu abandonó la protesta ante las oficinas de gobierno local por su cuenta, pero cuando se alejaba del lugar la detuvieron y obligaron a subir a un camión rojo. Posteriormente, se halló el vehículo, identificado como propiedad del municipio, estacionado en un predio. Hasta la fecha continúa la búsqueda de la activista.

De acuerdo con las investigaciones, Lizbeth Victoria Huerta y tres personas más privaron de la libertad a Uruchurtu, por lo que la expresidenta municipal fue detenida el 7 de mayo de 2021.

El 7 de diciembre de 2022, Lizbeth Victoria y los otros detenidos recibieron un fallo condenatorio por el delito de desaparición forzada, quedando pendiente únicamente la individualización de las penas. Sin embargo, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, del Tribunal Unitario de la Región Mixteca, determinó reclasificar el delito.

Lizbeth Victoria ya no sería condenada por desaparición forzada –con penas de entre 40 y 60 años de prisión–, sino por obstrucción en la búsqueda, recibiendo una sentencia de solo cuatro años y dos meses.

Caso Huatulco

También en diciembre de 2022, Álvaro Niño Cruz, juez del Distrito Especializado en el Sistema de Penal Acusatorio del Centro del Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, ordenó la liberación inmediata de cuatro personas detenidas por narcotráfico en Huatulco.

Los sujetos fueron detenidos en las inmediaciones de Huatulco en posesión de 600 kilos de cocaína; incluso, intentaron derribar un helicóptero de la Secretaría de Marina. Pero para el juez de Oaxaca su aprehensión fue “arbitraria”, argumentando que el delito se cometió fuera de la zona límite de aguas internacionales.

En su momento, el entonces subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, reprochó el actuar del juez e insinuó que solo le faltó regresarles la cocaína a los presuntos delincuentes.

“Aquí lo grave es que ese día se había asegurado una embarcación menor, motores, bidones con combustible, 600 kilos de cocaína. Solamente faltaba que el juez les regresara los 600 kilogramos de cocaína”. Ricardo Mejía.

Caso San Mateo del Mar

A inicios de 2023, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar protestaron en la Ciudad Judicial de Reyes Mantecón, del Poder Judicial del Estado, por la liberación de uno de los principales instigadores de la Masacre de San Mateo del Mar, ocurrida el 21 de junio de 2020.

Se trata de Camerino Dávalos Larrinzar, identificado como cabeza del grupo paramilitar que atacó la protesta que realizaban indígenas por detenciones arbitrarias en el Istmo de Tehuantepec. Según las indagatorias, al menos 15 personas fueron “levantadas”, torturadas y asesinadas por dicho grupo.

La jueza asignada en el caso fue Guillermina Ortega Domínguez, quien determinó que no había pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Camerino Dávalos en la masacre.