El ‘plan b’ de la reforma electoral: ¿los ciudadanos lo pueden impugnar con amparos?
Ciudadanos buscan impugnar mediante amparos el plan b de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ilustración: María José Vázquez / La-Lista.

El Senado de la República se alista para reanudar la discusión del “plan b” de la reforma electoral. El lunes 20 de febrero, los legisladores comenzarán con el análisis de la llamada “cláusula de vida eterna”, una modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que permitiría transferir votos entre partidos políticos para evitar la desaparición de los institutos más pequeños.

El “plan b” es conocido de esta manera por ser una propuesta alternativa de López Obrador, luego de que su reforma electoral fue rechazada en el Congreso de la Unión el año pasado. La nueva iniciativa del presidente implica hacer modificaciones a 420 artículos de seis leyes secundarias, de las cuales 419 ya fueron aprobadas y solo falta el debate de la cláusula de la vida eterna.

La propuesta alternativa del presidente ha generado críticas de políticos, académicos y organizaciones sociales. El Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró un documento donde expone las implicaciones del “plan b” electoral, entre las que se encuentra el riesgo de no tener una buena organización de futuras elecciones por los recortes humanos y económicos que tendría este organismo electoral y sus símiles estatales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y Ciro Murayama, consejero del mismo organismo, hicieron un llamado a finales de enero a los ciudadanos para interponer amparos contra el “plan b” en caso de que este se apruebe y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Algunos ciudadanos también se están organizando a través de Uniendo Caminos México, asociación civil de abogados, para interponer cientos de amparos en contra del “plan b”. Hasta el momento son entre 6 mil y 7 mil personas las que han mostrado interés en utilizar este recurso legal, de acuerdo con Joan Ochoa Sada, vocero de la organización.

“Llevamos meses organizando esto, somos varios despachos los que estamos involucrados, por supuesto que encontramos muchas trabas en la Constitución, pero sí hay forma de poderlo combatir”, señala Ochoa Sada en entrevista.

El amparo es un instrumento jurídico que todas las personas pueden utilizar en caso de que una institución de gobierno viole sus derechos humanos. Este recurso ha sido utilizado por abogados y organizaciones para frenar la construcción de los megaproyectos del presidente López Obrador porque afectan al medio ambiente, o para impedir que el Ejército se haga cargo de actividades que antes estaban reservadas para instituciones civiles.

Pero desde el punto de vista legal, ¿es viable que un ciudadano pueda interponer un amparo contra el “plan b” electoral? ¿Ayudaría esto a frenar los cambios propuestos por el presidente?

¿Amparos contra el Plan B? Esto dicen los expertos y la Constitución

El artículo 107 de la Constitución Política establece que el amparo no es válido para temas electorales. Por este motivo, especialistas consultados por La-Lista consideran que este recurso legal podría ser menos útil para impugnar el “plan b” electoral.

“La constitución es clara, en el primer párrafo del artículo 107 indica que el juicio de amparo no es procedente en materia electoral. También esto lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a lo largo de los años en ciertos precedentes”, dice Gerardo Carrasco, experto en Derecho de la Universidad Panamericana.

El especialista añade que interponer cientos de amparos contra el “plan b” podría ser contraproducente, ya que los jueces se podrían saturar de trabajo.

La promoción de cientos de amparos improcedentes únicamente va a saturar las cortes del país. Esto no le conviene a nadie, puede llegar a afectar a las empresas que válidamente hacen valer sus derechos en contra de abusos de las autoridades. O si hay amparos de grupos vulnerables, como de niños con cáncer o personas que no tienen alguna vacuna, podrían llegar a verse retrasados porque se inundaron los tribunales”, añade Carrasco.

Arturo Espinosa, consultor en temas electorales, coincide en que será difícil que algún juez admita a trámites amparos tramitados por organizaciones sociales y ciudadanos en general. Pero lo que el experto sí considera más factible es que trabajadores del INE puedan utilizar este recurso en caso de que pierdan su empleo por los recortes de personal provocados por el “plan b”.

“En el caso de los servidores públicos del INE me parece que hay un interés jurídico directo porque la reforma les impacta, ya que está desapareciendo plazas por el principio de austeridad republicana”, indica Espinosa. “Si bien el amparo no procede en temas electorales, aquí no se cuestionaría el contenido electoral de la reforma, sino las modificaciones a la estructura de la autoridad electoral que impacta en los derechos de los trabajadores del INE”.

Los expertos consideran que las vías más adecuadas para impugnar el “plan b” son las acciones de inconstitucionalidad, que pueden tramitar los partidos políticos, o las controversias constitucionales como la que ya promovió el INE. La Suprema Corte revisa estos recursos y, si resuelve a favor de los quejosos, dejaría sin efectos las modificaciones impulsadas por López Obrador.

“Con estos recursos lo que se buscaría es que la Corte pudiera declarar la invalidez para que tenga efectos generales para todas las personas. Porque un amparo, en caso de que se gane, solo tiene efectos para el ciudadano que lo tramitó”, señala Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a barreras legales, organización social tratará de tramitar amparos

A pesar de estas barreras legales, la organización Uniendo Caminos México sigue a la espera de que el “plan b” electoral sea aprobado y publicado en el DOF para impugnarlo mediante amparos. La asociación civil está cobrando 650 pesos a cada persona que quiera tramitar este recurso legal.

Ochoa Sada, vocero de Uniendo Caminos México, justifica que este cobro de 650 pesos servirá para cubrir el costo de los juicios. “Esa parte puede ser mal interpretada respecto a que son muchísimos amparos y es una gran lana, pero no es que vayamos a hacer un solo amparo y todo eso es ganancia, simplemente son los gastos que va a generar tu juicio, las copias, el ir a los juzgados, contestaciones, etcétera”, detalla el abogado.

Esta asociación civil presume tener presencia en 25 estados de la República y aglomera a tres despachos de abogados que estarían impulsando los amparos: AC&AC abogados, Firma Jurídica y Tojil Eek.

Uniendo Caminos México ha recibido críticas en redes sociales por el cobro de 650 pesos a los ciudadanos por tramitar un amparo, así como por las implicaciones que tendría para el Poder Judicial atender cientos de amparos del mismo tema tramitados por ciudadanos. Por eso, Ochoa Sada dice que la estrategia de su organización será tramitar uno o dos recursos legales para ver si son admitidos a trámite por un juez y, después de eso, seguir interponiendo los recursos de la gente interesada.

“Ha habido un debate muy intenso en medios de comunicación sobre si se puede o no se puede interponer amparo. Nosotros en este caso vamos a ser mucho muy cauteloso de primero verificar que sí tengamos esa procedencia, una vez que la tengamos lo vamos a abrir a la ciudadanía”, dice Ochoa Sada.

Síguenos en

Google News
Flipboard