Los jóvenes acribillados por el Ejército en Nuevo Laredo se suman a otros crímenes en Tamaulipas

Elementos castrenses dispararon contra una camioneta en la que viajaban seis jóvenes la madrugada del domingo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cinco de ellos murieron y en el vehículo no se halló ninguna arma.

El padre de una de las víctimas llegó a la mañana siguiente al lugar en el que fueron acribillados los jóvenes de entre 20 y 24 años, donde encontró muerto a su hijo mayor, Gustavo Ángel Suárez Castillo, —de nacionalidad estadounidense— y a sus acompañantes Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Beriles, informó la Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).

Los jóvenes regresaban a sus casas luego de salir por la noche del sábado a un centro nocturno del municipio, de acuerdo con lo referido por familiares de las víctimas al CDHNL, una organización de la sociedad civil.

Los vecinos reportaron escuchar disparos en la zona, pero al salir para ver lo que sucedía, los elementos de las fuerzas armadas los amenazaron, les ordenaron quedarse en sus hogares y no tomaran fotografías o videos de lo que sucedía, según los testimonios del Comité.

Testigos relataron a la organización que dos de los jóvenes aún contaban con vida luego de que los militares los atacaron, les rogaron que los llevaran a un hospital, pero lejos de hacerlo, a unos los dejaron morir y a otros dos los ejecutaron con un tiro en la cabeza. Un joven permanece con vida y se encuentra hospitalizado.

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La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció este lunes que personal de la Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo “accionó sus armas de fuego” tras perseguir a una camioneta pick up que conducía a exceso de velocidad”. El vehículo se impactó con otro vehículo estacionado y al acercarse al este, “se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida”.

El CDHNL apuntó que en la camioneta que viajaban no se encontraron ni armas ni equipo táctico que pudieran haber utilizado los jóvenes asesinados, el comunicado de la Sedena tampoco reporta haber encontrado armas de fuego.

Los militares intentaron retirar la camioneta sin que la FGR se hiciera presente para documentar lo sucedido e iniciar un peritaje, lo que generó que los vecinos y algunos familiares de las víctimas se enfrentaran contra los soldados con insultos y reclamos. En respuesta, los soldados, armados con pistolas y armas de grueso calibre lanzaron varios disparos al suelo gritando a la gente que se fuera “a la verga”, como quedó documentado en algunos videos difundidos en redes sociales.

Tras los hechos han iniciado investigaciones la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia Militar, por lo que concierne a las acciones desarrolladas por parte del personal involucrado en el ámbito del fuero militar y los militares ofrecieron colaborar con las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Estos jóvenes son el primer caso de ejecución extrajudicial que se comete en este año en Nuevo Laredo. De 2018 a la fecha La-Lista contabilizó —conforme a reportes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el informe “Poder Militar” de Centro Prohd y notas periodísticas de medios locales— que van 157 víctimas de dependencias castrenses y de seguridad pública.  

Raymundo Ramos Vásquez, quien está al frente de la organización civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo a La-Lista que la impunidad ha imperado en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones por parte de las fuerzas armadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedena, por una ejecución extrajudicial en contra de un civil lesionado, ocurrida el 3 de julio de 2020.

Desde 2018. comenzaron a reportarse actos de desaparición forzada en distintos hechos, en contra de un total de 47 personas, a manos de elementos de la Secretaría de la Mariana, por lo que la FGR tiene 34 carpetas de investigación iniciadas donde las investigaciones apuntan principalmente a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México; no se han reportado investigaciones internas, solo la salida de 257 marinos de Tamaulipas.

Durante 2019 se suscitaron tres hechos: 

El 5 de septiembre Policías Estatales dispararon contra cinco hombres y tres mujeres, lo que justificaron como un enfrentamiento en contra de miembros del Cártel del Noreste; sin embargo, la organización CDHNL calificó la agresión como “una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya”.

Después, el 25 de octubre del mismo año, medios locales reportaron la ejecución de una persona a manos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo; mientras que en noviembre del mismo año se reportó un caso más de la Marina, donde hubo una víctima en un presunto enfrentamiento. 

En 2020, el 3 de julio, el Ejercito disparó contra 12 civiles que resultaron muertos; presuntamente se trató de un enfrentamiento contra criminales que viajaban en una camioneta, tres de ellos eran personas que estaban secuestradas. 

Los civiles recibieron 243 disparos, de acuerdo información difundida por El Universal y en un video referido a los hechos se oye cuando un militar dice “está vivo” y otra voz contesta “mátalo, a la verga”.

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El 23 de enero de 2021 19 migrantes murieron a manos de Policías Municipales en Cajeme; el 13 de febrero una persona fue abatida por la Guardia Nacional, el 27 del mismo mes hubo otra víctima, ahora a manos de militares, dos de ellos se encontraban prófugos hasta septiembre pasado.

El 31 de agosto de 2022, a 25 días de cumplir cinco años Heidi Mariana Pérez Rodríguez recibió un balazo por parte de elementos del Ejército, cuando era trasladada al hospital por una infección estomacal, cuando iban de caminó, se encontraron con un retén militar, por lo que su familia tomó otra ruta, al girar escucharon detonaciones, disparos. 

A los minutos se percataron de que habían herido a Heidi. Llegaron al hospital, la subieron a una camilla e intentaron que la atención fuera rápida; sin embargo, la pequeña de cuatro años ya no presentaba signos vitales. 

La Sedena aseguró que se trató de una bala perdida al enfrentarse con un grupo armado; sin embargo, no hay registros ni de detenidos ni de heridos por algún enfrentamiento ese día. 

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En todos los casos mencionados anteriormente tanto la Fiscalía General de la República, así cómo la misma Sedena tienen conocimiento de los hechos, porque la FGR ha comunicado que ha iniciado carpetas de investigación sobre los hechos para deslindar responsabilidades; sin embargo, no se ha difundido si hay un solo militar, marino o elemento guardia nacional procesado por estos hechos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 2020 la recomendación DGC/267/2020 en la que “solicita” a Sedena realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos de ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas; también condenó cualquier ejecución extrajudicial y el uso excesivo de la fuerza militar. 

Por otra parte, organismos nacionales e internacionales en la defensa de los derechos humanos han hecho llamados al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, al de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval y al de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para que atiendan la crisis de violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos de Tamaulipas. 

Incluso la bancada de Morena en la Cámara de Senadores ha exhortado a la FGR y al entonces gobernador del estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca; para que se investiguen dichas ejecuciones y delitos perpetrados por fuerzas de seguridad. 

Por el caso de las personas desaparecidas por elementos de la Marina, el 21 de abril del 2020, la Semar aceptó la recomendación 36VG/2020 emitida por la CNDH y el 9 de abril, la FGR ejecutó orden de aprehensión contra de 30 implicados; sin embargo, no se ha informado si fueron detenidos o sobre el proceso judicial en su contra. 

“La Secretaría de Marina ofrece una disculpa pública; esta institución del Estado mexicano, lamenta profundamente esta situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades y así como agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de nuestra competencia implementando las medidas hacia el pleno acceso a la justicia por el bien de México”, declaró el Contralmirante Ramiro Lobato Camacho en Tamaulipas.

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